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La moción de vacancia contra el presidente de la República afecta la agenda legislativa. Varios temas importantes en curso -algunos en el límite para ser aprobados- entran en el limbo de la incertidumbre hasta la votación del pedido que puede acabar con la posible destitución del presidente Martín Vizcarra y sucesión constitucional de Manuel Merino, actual titular del Parlamento.
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El pleno se reúne este viernes para debatir y votar la admisión de la moción de vacancia presentada en la víspera con 31 firmas de congresistas de seis bancadas parlamentarias. Se requieren 52 votos para la admisión, los cuales se tienen asegurados en -al menos- tres de las seis bancadas cuyos legisladores firmaron: Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Unión por el Perú y Podemos Perú.
Las únicas tres bancadas que no firmaron la moción fueron Frepap, Partido Morado y el Frente Amplio.
A continuación presentamos los cinco temas que estaban en curso en la agenda legislativa y ahora están a la espera de que se resuelva la vacancia presidencial.
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1. Censura a la ministra de Economía
Un día antes de que se conocieran los audios que provocaron el inicio del procedimiento de vacancia presidencial, cuatro bancadas habían presentado una moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alva.
La moción está firmada por 36 congresistas de las bancadas de Frepap (15), Unión por el Perú (13), Podemos Perú (11) y el Frente Amplio (8). Entre dichas agrupaciones parlamentarias, suman 47 miembros.
La exposición de motivos de la moción señala que el programa Reactiva Perú excluye mayoritariamente del ámbito de su cobertura a las MYPES, y beneficia principalmente a las grandes empresas, “que en algunos casos están inmersas en procesos penales por presuntos actos de corrupción, incumplimiento de obligaciones tributarias, entre otras faltas a la integridad”.
El Reglamento del Congreso, en su artículo 86, estipula que, tras presentada la moción, se debate y vota entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. Es decir, 66 votos.
La próxima semana debería programarse el debate y moción de censura. El problema es que, de aprobarse este viernes la admisión de la vacancia presidencial, la próxima semana también debería programarse -a partir del martes- su debate y votación. Salvo el Congreso decida programar primero la censura contra la ministra de Economía y luego la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.
También podría esperar a resolver la vacancia. Esto debido a que, de aprobar la destitución del jefe de Estado, la ministra Alva podría ser cambiada en el próximo Gabinete Ministerial que estaría en manos del actual titular del Congreso, Manuel Merino, según la sucesión constitucional (artículo 115).
2. Retiro de fondos de la ONP
El pasado 28 de agosto, el Congreso remitió al presidente Martín Vizcarra la autógrafa de ley sobre la fórmula que permite el retiro de hasta S/ 4.300 (1 UIT) de los fondos a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
El jefe de Estado tiene plazo hasta el 18 de setiembre para promulgarla u observarla. Según había anunciado el primer ministro Walter Martos, la norma sería observada pero hasta la fecha no se ha dado el pronunciamiento.
Si bien no ha ocurrido el pronunciamiento, el presidente Martín Vizcarra presentó, el pasado 2 de setiembre, una iniciativa de ley donde plantea entregar una pensión de S/250 a las personas con 10 años de aporte a la ONP. Este propuesta se encuentra en evaluación en la Comisión de Economía.
Un primer escenario es que el presidente Vizcarra remita la observación a fórmula del Congreso antes de que se defina su vacancia. El segundo es que no pueda llegar a pronunciarse antes de la posible destitución. En ambos casos, el Congreso puede aprobar su propuesta por insistencia, lo único que puede cambiar en quien termine en Palacio de Gobierno.
Si Vizcarra logra salir airoso de la vacancia, podrá recurrir al Tribunal Constitucional para objetar la insistencia del Parlamento. Si es que lo vacan, Merino estaría en Palacio de Gobierno y es difícil que intente bloquear la norma. Ante este segundo escenario, solo algunas entidades opositoras podrían recurrir al máximo ente constitucional para frenar la fórmula legislativa.
3. Ley de presupuesto público 2021
La ministra de Economía, María Antonieta Alva, ya sustentó ante el pleno del Congreso el proyecto de ley de presupuesto público para el 2021. Desde esta semana debió haber empezado el estudio técnico del texto para la elaboración del dictamen respectivo.
Sin embargo, dos hechos han afectado este proceso: la moción de censura contra la titular del MEF y el pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. Ambos procesos han acaparado la agenda legislativa de esta y la próxima semana.
A esto se puede sumar el hecho de que la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque del Poder Judicial ratificó la condena de 3 años de pena privativa de libertad suspendida, contra el congresista Humberto Acuña Peralta (Alianza para el Progreso, Lambayeque), al encontrarlo responsable del delito de cohecho activo genérico en condición de cómplice. Acuña es el presidente de la Comisión de Presupuesto, la encargada de dictaminar la ley de presupuesto.
Si llega a proceder la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra y se cambia a la ministra Alva, la dinámica de estudio y negociación del Poder Ejecutivo cambiaría en su dinámica con el Parlamento. Además, el Congreso viene siendo criticado por su falta de rigor técnico en los temas económico, lo cual podría repercutir en la ley final de presupuesto que se apruebe, sobre todo si un miembro del Congreso, como Manuel Merino, asumiría la presidencia de la República por sucesión constitucional.
4. Reglas electorales
Al arrancar el pleno del jueves 10 de setiembre, a sabiendas de los audios que se difundirían, Manuel Merino anunció que los pendientes de la reforma electoral recién se debatirían durante la próxima semana. Existen dos puntos de dicha reforma en la agenda: el dictamen sobre financiamiento de los partidos políticos, y la segunda votación de la reforma constitucional que impide postular a cargos públicos a personas sentenciadas en primera instancia.
El problema es que el Congreso solo tiene hasta el 28 de setiembre para aprobar y ratificar estas normas, si es que quieren que sus alcances apliquen en el proceso electoral 2021. Quedan apenas 17 días de plazo.
A esto se suma que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado un proyecto de ley en búsqueda que los miembros de su pleno puedan mantenerse en el cargo mientras elige a sus reemplazos, una vez acabados sus mandatos.
El pleno del JNE cuenta con cinco miembros, pero a la fecha no tiene quórum para tomar decisiones debido a que el Colegio de Abogados de Lima y las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas no eligen a sus nuevos representantes.
A esto se suma, que el JNE está por enviar otra iniciativa para modificar la fecha de inscripción de candidaturas, para que ya no se realicen el 22 de diciembre sino el 11 de enero. Además, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las elecciones internas de los partidos políticos recién las podrá realizar en diciembre. El proyecto del ente electoral también busca cambiar las fechas de plazos para tachas y exclusiones.
Esta norma también requeriría ser aprobada antes del 28 de setiembre. El problema es que debe ser dictaminado por la Comisión de Constitución, salvo que la Junta de Portavoces acuerde exonerarla del trámite de comisión.
5. Reforma universitaria
Una eventual vacancia presidencial del mandatario Martín Vizcarra podría traer consigo un nuevo Gabinete Ministerial, esta vez designado por Manuel Merino, quien asumiría la presidencia de la República, según la sucesión constitucional. El cambio del ministro de Educación, Martín Benavides, podría traer muchas implicancias, sobre todo en la reforma universitaria.
El ministro Benavides fue interpelado, a inicios de agosto, por su gestión previa frente a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el principal impulsor de la medida fue Acción Popular, la bancada de Merino. El presidente Vizcarra ha salido en respaldo de Benavides, y en distintas ocasiones se ha referido a la “defensa de la reforma universitaria”.
Mientras que desde la Comisión de Educación se ha intentado crear una instancia superior a la Sunedu, y se viene investigando nuevamente a dicha institución encargada de la supervisión de calidad universitaria.
Hasta la fecha, el Congreso no aprueba el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca ampliar la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas hasta el 26 de abril del 2021.
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