Canciller Gustavo Meza-Cuadra se reunió con el presidente del Congreso por carta enviada por embajadores

El ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra, se reunió este domingo con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), a raíz de la carta enviada por los embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia por la suspensión del cobro de peajes.

En dicho encuentro también estuvo presente el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Guillermo Aliaga (Somos Perú).

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Según informó el Parlamento a través de su cuenta de Twitter, Meza-Cuadra se comprometió a "tomar acciones de acuerdo a su competencia para hacer respetar la soberanía nacional y el Convenio de Viena, referido a las relaciones diplomáticas”.

Los jefes de la misiones diplomáticas de Canadá, Francia, Australia y Colombia remitieron una carta a Merino de Lama en la que llaman la atención sobre el “grave impacto que supone la Ley 31018″, que suspende el pago de los peaje en la red vial nacional, departamental y local concesionada, durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), norma publicada por insistencia por el Parlamento.

La carta está suscrita por los embajadores Ralph Jansen, de Canadá; Antoine Grassin, de Francia; María Claudia Mosquera, de Colombia y Diana Nelson, de Australia y reconoce la voluntad del Congreso de tomar medidas que busquen proteger a la ciudadanía ante la propagación del coronavirus, pero considera urgente que dicho poder del Estado se pronuncie sobre ciertos aspectos.

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En la misiva, en la que se precisa que las inversiones de las concesionarias se originan en los países mencionados, se dice que como la norma señala que la suspensión de los peajes se mantendrá mientras dure el estado de emergencia nacional, y siendo esta duración incierta, "el impacto financiero en las concesiones viales afectadas es incalculable”.

Los embajadores, manifiestan que si bien la citada ley dice que la suspensión de los peajes no causará ni generará derecho compensatorio, lo cierto es que “esto ocasionará no solamente que los concesionarios afectados puedan verse en la eventual necesidad de declararse en quiebra, sino que, además, por falta de liquidez, se verán imposibilitados de brindar servicios esenciales como la operación y mantenimiento de las vías, y brindar servicios de auxilio vial al no contar con los recursos para ello. Todo esto en directo perjuicio a miles de trabajadores directos e indirectos y a la población usuaria de las vías”.

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