‘Los Niños’ y Pedro Castillo: ¿cuál es la situación de los congresistas de AP y Bloque Magisterial?

Con la actual legislatura prevista para terminar este viernes 17, todo apunta a que el Congreso seguirá sin ver las sanciones recomendadas por Ética para Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi hasta la próxima legislatura. Es decir, recién a partir de marzo.

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De lo que se conoce hasta el momento de la agenda de la última sesión del pleno, del viernes 17, allí solo figuran la aprobación de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo y la delegación de facultades al Ejecutivo en materia económica. Una eventual inclusión del tema de las sanciones a estos y otros congresistas depende -de acuerdo con fuentes parlamentarias- de la Mesa Directiva del Congreso.

La presunta existencia de un grupo de legisladores de Acción Popular que pactaron apoyar al gobierno de Pedro Castillo a cambio de supuestos beneficios ilícitos fue revelada por Karelim López en febrero del 2022, cuando dio sus primeras declaraciones a la Fiscalía contra el Lavado de Activos como parte de un proceso de colaboración eficaz. Según dijo, se les apodó ‘Los Niños’ por su obediencia al entonces mandatario.

En mayo, la Fiscalía de la Nación inició investigaciones preliminares contra seis legisladores por este caso: Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi e Ilich López. El caso también fue abordado por la Comisión de Fiscalización, que tras recibir una declaración de Karelim López en abril, remitió la lista de los supuestos ‘Niños’ a la Comisión de Ética.

Así, este grupo aprobó investigar a Los Niños. Luego de un largo proceso, en octubre el grupo presidido por Karol Paredes (Acción Popular) aprobó sancionar con 120 días de suspensión, sin goce de haber, a Elvis Vergara y Jorge Flores Ancachi, pero no al resto. Ambos legisladores rechazaron lo decidido por Ética, pero su caso ya había pasado a depender exclusivamente del pleno.

La sanción se basó en las visitas que los legisladores realizaron a Palacio de Gobierno, donde se reunieron con el presidente y altos funcionarios del Ejecutivo, así como en los testimonios de Karelim López y otros colaboradores eficaces. Según lo aprobado entonces por la Comisión de Ética, todo esto generó un “descrédito de la imagen parlamentaria”.

Sin embargo, a pesar de que el informe fue remitido para que sea votado en el pleno, el tema sigue sin ser visto en dicha instancia. En enero, Karol Paredes comentó a este Diario que la Comisión de Ética ya había cumplido con su parte y que el tema “seguramente” se iba a ver antes de que termine la legislatura.

Ante una nueva consulta para este informe, respecto a si había alguna razón por la que estas sanciones seguían sin ser vistas en el pleno, la legisladora respondió a El Comercio que “eso lo tiene que poner la Mesa [Directiva]” y que “el proceso a seguir es que la agenden”. Además, recordó que ella solicitó la realización de un pleno dedicado a votar estas y otras sanciones aprobadas por la Comisión de Ética en el último año.

El Comercio envió mensajes a integrantes de la Mesa Directiva para consultarles sobre si el tema todavía podía ser incluido en la agenda del pleno previsto para este viernes 17, el último de la actual legislatura. Sin embargo, no respondieron.

En el documento enviado por Karol Paredes para solicitar ese pleno especial, se dio cuenta también de otros dos caso pendientes. En estos se recomienda suspender de sus funciones a los legisladores Luis Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) y Enrique Wong (Podemos Perú).

El primero se remonta al 30 de mayo del 2022, hace casi 9 meses. Ese día, la Comisión de Ética aprobó sancionar al legislador fujimorista con 60 días de suspensión, sin goce de haber, luego de haber sido acusado de presionar a su expareja de inhibirse a comentar sobre presuntas agresiones físicas en su contra.

En el caso de Enrique Wong, su sanción recomendada es por 120 días. Fue aprobada en el grupo presidido por Karol Paredes el 8 de agosto del año pasado. Es por su presunta intervención en la designación de su asesor Manuel Talavera Valdivia como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), durante el gobierno de Pedro Castillo.

Para Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, la demora o rapidez con que estas sanciones son vistas en el pleno “depende de la voluntad política de la Mesa Directiva, que son quienes ponen en agenda lo debate o no debate en el pleno”. “No hay plazos exactos, pero un informe de la Comisión de Ética puede estar la agenda por cinco años y no verse nunca, o estar ahí 24 horas y verse al día siguiente”, indicó.

Consultado sobre si las sanciones podrían llegar a incluirse en el pleno de este viernes, respondió que “cuando hay voluntad política se puede todo”. “Quien decide es la Mesa Directiva”, reiteró.

Actualmente, la Mesa Directiva del Congreso es presidida por José Williams, con Martha Moyano (Fuerza Popular), Silvia Monteza (Acción Popular) y Alejandro Muñante (Renovación Popular) como vicepresidentes. La acciopopulista, quien también es investigada por la Fiscalía de la Nación en el caso ‘Los Niños’, se incorporó como segunda vicepresidenta el último viernes.

Según consta en una disposición de la Fiscalía de la Nación a la que accedió El Comercio, siete de los 10 congresistas que actualmente integran la bancada del Bloque Magisterial están investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, también como parte del caso de ‘Los Niños’.

Se trata de Pasión Dávila, Katy Ugarte, Francis Paredes, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Adolfo Tacuri y Paul Gutiérrez. El último es el actual vocero de la bancada y el primero es uno de los más frecuentes visitantes del expresidente desde que cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

El punto de partida de las pesquisas es la reunión que todos ellos tuvieron con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno el 29 de diciembre del 2021. Allí, según un aspirante a colaborador eficaz, se le dijo al asesor Eder Vitón que le llevarían “propuestas” al presidente y este refirió que les había prometido que “iban a manejar las oficinas públicas descentralizadas”.

En la misma disposición se da cuenta que, tal como informó este martes El Comercio, al menos tres (Katy Ugarte, Francis Paredes y Pasión Dávila) entregaron sus recomendaciones mediante USB. A pesar de que la inclusión de los legisladores en este caso y la presunta colocación en cargos de sus recomendados se conoce desde inicios de enero, hasta el momento no hay registro de algún proceso interno en el Congreso al respecto.

La legisladora Karol Paredes no respondió cuando se le consultó respecto a si estos legisladores tenían alguna denuncia pendiente o algún proceso en la Comisión de Ética. En tanto, Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, refirió a este Diario que no hay ninguna denuncia constitucional contra ellos actualmente en trámite.

Lady Camones agregó que en el caso de ‘Los Niños’ de Acción Popular, quienes enfrentan una denuncia constitucional en el grupo que ella presidente, ya culminó la etapa de audiencias. Con ello, solo resta que la congresista Norma Yarrow (Avanza País) presente su informe final, el cual estaría siendo debatido a inicios de marzo.

Consultado sobre si sus colegas de bancada deberían pedir licencia mientras son investigados, el congresista Édgar Tello (Bloque Magisterial) dijo a El Comercio que en su grupo no han hablado del tema. “Las investigaciones determinarán si tienen o no responsabilidad, eso no puede colisionar con el ejercicio de sus derechos que les corresponde”, manifestó.

Los que sí fueron sancionados

Dos congresistas fueron suspendidos

En el actual Congreso, solo dos congresistas han sido suspendidos de sus funciones por recomendación de la Comisión de Ética. El primero fue el legislador Freddy Díaz. El 31 de agosto, la Comisión de Ética aprobó recomendar su suspensión por 120 días. El pleno vio el caso solo una semana después, el 7 de septiembre, y lo suspendió por ese plazo. Díaz retornó a su escaño en enero, superada la sanción, pero fue destituido del cargo tras la aprobación de una denuncia constitucional en su contra.

El segundo caso es el de Pasión Dávila, del Bloque Magisterial. El 11 de diciembre, el legislador golpeó en medio del hemicilo a su colega Juan Burgos. El caso pasó directamente al pleno y el 28 de diciembre, se le suspendió por 120 días.