El pleno del Congreso otorgó 30 días adicionales a la Comisión de Fiscalización para culminar la investigación sobre las contrataciones que realizó el Ministerio de Cultura desde el 2018 en adelante, entre ellas la de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing.
El nuevo pedido de ampliación fue aprobado con 102 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones. Las bancadas del Frente Amplio (en contra) y el Partido Morado (abstención) se opusieron debido a que buscan retirar a Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa) de la presidencia de dicho grupo de trabajo.
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En agosto pasado, la Comisión de Fiscalización ya había recibido una primera ampliación por 45 días.
Tras ello, Alarcón presentó ante la representación nacional unos audios donde el presidente Martín Vizcarra conversaba con miembros de su entorno sobre la estrategia que daría ante la Fiscalía y ante el Congreso sobre las visitas de Richard Swing en Palacio de Gobierno. Dichas grabaciones propiciaron un proceso de vacancia que al final no alcanzó los votos necesarios para destituir el jefe del Estado.
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“La hipótesis de trabajo considera que existe un problema de interés público respecto utilización de modalidad contractuales fraudulentas para favorecer a personas del entorno presidencial”, refirió Alarcón en la sustentación de este nuevo pedido de ampliación.
Según indicó el titular de Fiscalización, los ministerios de Educación, Transporte, Cultura y Vivienda gastaron S/ 1.056 millones en contratos de personas naturales de monto inferior a 8 UIT. Todo contrato de este valor no requiere de concurso público, según la normativa vigente.
“Se demuestra que muchas entidades desnaturalizan la normativa para favorecer a personas allegadas, incluso cuando no cumplen los requisitos para el puesto”, añadió Alarcón.
El respaldo a Alarcón
En el debate, el legislador José Luis Ancalle (Frente Amplio, Arequipa) presentó una cuestión previa para sustentar una moción donde solicitaba el retiro de Alarcón de la presidencia de la Comisión de Fiscalización.
“El señor Alarcón presentó unos audios sin seguir los protocolos, demostrando la falta de objetividad. Además se encuentra en curso varias investigaciones en su contra”, refirió el parlamentario izquierdista.
Ricardo Burga (Acción Popular, Lima) defendió a Alarcón asegurando que la cuestión previa no tenía relación debido al debate sobre el pedido de ampliación de la investigación sobre el Caso Swing.
Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima), a cargo del debate en su calidad de segundo vicepresidente, refirió que el pedido del Frente Amplio debía tramitarse en la propia Comisión de Fiscalización.
Ancalle recordó que existe un antecedente, donde el pleno tomó una decisión respecto al retiro de un presidente de comisión. A esto se sumó el parlamentario Francisco Sagasti (Partido Morado, Lima), quien aseguró que el pleno es la máxima instancia deliberativa, por lo cual sí podía tomarse una decisión.
“La que se busca es que otra persona asuma la investigación de acá para adelante. Una persona cuya idoneidad sea muy clara, y no tenga cuestionamientos, para así garantiza que esta investigación llegue hasta el final sin ser cuestionada de ninguna manera”, dijo Sagasti.
Representantes de Podemos Perú, Fuerza Popular y Unión por el Perú también se opusieron a que el pedido de remoción de Alarcón se vea en la propia Comisión de Fiscalización y no en el pleno. Con el respaldo de esas bancadas, Alarcón aseguró que seguirá trabajando con “objetividad”.
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