Congresista que buscó censura de Sagasti se amparó en su inmunidad para no ser procesado por alimentos

Unidad de Investigación

“No permitiremos que los malos políticos gocen de inmunidad. Los congresistas se deben al pueblo”, fue uno de los mensajes de campaña del congresista César Gonzáles Tuanama. Sin embargo, hace unos meses se excusó en esta prerrogativa para no afrontar el juicio por alimentos que tiene en su contra.

El último jueves, fue este mismo parlamentario quien presentó una moción de censura contra el presidente Francisco Sagasti por su “deficiente gestión” en la lucha contra el COVID-19 y otra contra la actual mesa directiva del Congreso. Ambas fueron rechazadas por el Pleno.

Desde hace diez años, su expareja Rocío Piña busca que el legislador se haga responsable de la manutención de su menor hijo. El juicio había sido dispuesto en agosto del 2020, tras las reiteradas omisiones de Gonzales al pago de la pensión a su menor hijo de S/350 mensual. Es la sexta denuncia que afronta dentro del mismo caso. La Cuarta Fiscalía Penal Corporativa de su provincia ha solicitado tres años de pena efectiva en su contra.

Sin embargo, la audiencia fue reprogramada hasta en cinco ocasiones. El 8 y 15 de enero se pospuso por pedidos del abogado del imputado, quien alegó cruces con diligencias de otros casos y problemas de salud, según detalló a El Comercio el fiscal provincial José Luis Cruz Valera, quien está a cargo del proceso.

El 22 de enero se esperaba el fallo, pero al iniciar la sesión el juez advirtió que el también expresidente de la Comisión de Ética gozaba de inmunidad parlamentaria, pese a que el delito por el que era acusado fue cometido antes de asumir como congresista. El abogado pidió -una vez más- posponer la audiencia para preparar mejor su defensa.

“El hecho ha sido puesto en fiscalía en julio del 2018 [...] es muy anterior a su designación o elección como congresista. Incluso nosotros hemos incoado (comenzar los primeros trámites) el proceso inmediato en el 2019. No se puede procesar a congresistas por delitos comunes que hubieran cometido cuando están en el cargo, pero en este caso no se ha dado así”, sostuvo el fiscal.

El juez penal Antar García, titular del Segundo Juzgado Unipersonal de la provincia de Coronel Portillo, en Ucayali, envió en febrero el expediente de este caso al presidente de la Corte Superior de esa región para que “por su conducto, se eleven las actuaciones al Congreso” y se decida sobre el levantamiento del fuero del legislador. Una semana antes había entrado en vigencia la reforma que elimina la inmunidad parlamentaria.

Consultada por este Diario, la abogada penalista Rommy Chang explicó que “si la omisión de asistencia alimentaria se inició antes de su cargo como congresista, no hay ningún impedimento para que se le trate como un ciudadano común y corriente, porque no es un delito que se haya realizado en el ejercicio de sus funciones”.

En suspenso

La audiencia se programó para el 12 de febrero. Con la promulgación de la ley de reforma de la inmunidad, la Constitución ya indicaba que “en caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato es competente el juez penal ordinario”, es decir, no había razón para que el caso pase a ser revisado por el Parlamento.

Pese a ello, y a que el fiscal Cruz advirtió eso al juez García, el magistrado resolvió que el expediente sea revisado por el Congreso, dándole la razón a Gonzales y dilatando más el proceso. “Resérvese el enjuiciamiento a la espera de la decisión de la autoridad competente”, ordenó. La defensa del congresista había argumentado que su patrocinado gozaba de inmunidad por el cargo que ostentaba.

Pero el 5 de marzo el Parlamento devolvió el caso al presidente de la Corte Superior “en razón de que no cumple con lo normado en la Ley 31118 [que elimina la inmunidad]”, indicaron fuentes del Poder Judicial a este Diario. Es decir, que el legislador no se encuentra dentro de los alcances de la inmunidad parlamentaria. El expediente fue enviado al juez García, quien ha decidido programar la audiencia para el próximo 30 de setiembre, seis meses después. El caso seguirá en suspenso.

“Si el señor no quería que se le procese, tendría que haber cumplido con la pensión alimenticia, para que el caso no vaya a la fiscalía. Como ya se trata de un caso que ha tenido sus antecedentes, esto no puede ser archivado, ya no puede acogerse a un criterio de oportunidad, tampoco puede haber pena suspendida. Debe haber pena efectiva o una conversión de fallo, por una ley que salió en pandemia [para el deshacinamiento de penales]”, aseveró el fiscal.

Un proceso de diez años

El drama judicial de Piña inició en abril del 2011, cuando su hijo tenía cinco años. Tras una primera demanda ante el Juzgado de Paz Letrado de su provincia, este resolvió que el padre debía pagar una pensión de S/350 cada mes. La expareja reveló que desde que se separó de Gonzales, en el 2010, el actual congresista no se hizo cargo “ni emocional ni económicamente” del menor. “Pero el amor de padre no se mendiga”, acotó.

El caso pasó al ámbito penal porque el legislador volvió a incumplir. Se acumularon cerca de S/6.000 en pensiones devengadas de veinte meses. En agosto del 2014, un juez penal le impuso al congresista diez meses de pena suspendida de la libertad, lo que lo llevó a comparecer cada mes a la corte de Ucayali. El denunciado tampoco podía ausentarse de su lugar de residencia ni reincidir en la comisión de delito, pero no cumplió con esto último.

Fue nuevamente investigado por incumplir pagos de casi un año por S/3.884 y, pese a que contaba con una sentencia, el juzgado se abstuvo esta vez de dictar una sanción penal con la condición de que cumpliera reglas de conducta. Sin embargo, volvió a faltar a su responsabilidad. En el 2013, 2014 y 2015, se enfrentó a nuevas indagaciones y en dos ocasiones pidió acogerse al “principio de oportunidad”, para llegar a un acuerdo con su expareja por los pagos pendientes.

Para julio del 2018, Gonzales seguía debiendo pensiones, esta vez de los periodos del 2017 y 2018. Ante la fiscalía, el imputado aseguró que cancelaría los pagos pendientes, pero no cumplió. El caso, entonces, debía pasar inmediatamente a juicio oral. Y es ahí donde se encuentra hasta ahora, a la espera de una resolución.

El aumento de la pensión

Además de no haber cumplido con las pensiones, Gonzáles tampoco aceptó en su totalidad el pedido de la madre de su hijo para aumentar la pensión. “Yo no tengo un sueldo, pero trabajo independiente, vendo ropa, colonias, entonces eso tengo que hacer, trabajar por mi hijo. Yo estoy muy orgullosa de él, está en el Colegio de Alto Rendimiento (COAR)”, declaró Rocío Piña a El Comercio.

En agosto del año pasado, Piña solicitó que Gonzales destinara para la pensión el 30% de su sueldo bruto como congresista, que actualmente alcanza los S/15.600. El legislador se mostró disconforme y declaró a la jueza que también se hace cargo de sus otros dos hijos e incluso de su conviviente, a quienes -según dijo- distribuye S/1.500 mensual por cada uno. Agregó que el mismo monto destina para su madre, quien, según pudo corroborar este Diario, es beneficiaria del programa Pensión 65.

La jueza decidió que la pensión sea el 15% de su sueldo, es decir, S/2.340. Pero el congresista ha apelado, al asegurar que no se valoró “debidamente” su condición económica y reclamó que la obligación alimenticia “es deber de los padres conjuntamente”. “Es deber de la madre cumplir con parte de su obligación, el cual sería en todo caso también la suma de S/1.500”, argumentó. La señora Piña también ha apelado.

Este Diario llamó reiteradas veces al legislador, pero no contestó nuestros intentos de comunicación. Tampoco respondió los mensajes que le dejamos en el Whatsapp en el que le comentamos sobre la publicación de este informe. Intentamos comunicarnos con su abogado, Jorge Salazar, quien señaló que el legislador no le permite dar entrevistas. Llamamos al despacho del parlamentario, pero tampoco respondió.

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