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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por lo que calificó como una “interferencia del Congreso” en otros poderes públicos en el Perú, e hicieron un llamado a que el Estado actúe para garantizar la democracia y los derechos humanos.
En un comunicado emitido este 7 de junio, la CIDH dijo que lleva meses recibiendo información sobre la “intromisión” del Poder Legislativo en el sistema de administración de justicia, así como el aparato electoral y otras instituciones.
“Por esta razón, la Comisión insta al respecto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia”, manifestaron.
El texto incluye un llamado a que el Estado demuestre su compromiso con la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales a través de “medidas urgentes” para fortalecer el Estado de derecho.
Estas medidas deberían incluir que el Congreso cese “con urgencia” con el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, así como evitar reformas que amenacen la independencia y autonomía de otras entidades.
La CIDH detalló que se ha usado las denuncias constitucionales para promover la inhabilitación de “personas a cargo de casos de corrupción” que con frecuencia involucran a congresistas y otros líderes políticos. Asimismo, critican las iniciativas de reforma constitucional para, por ejemplo, eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) o declarar en reorganización esta junta y el Ministerio Público con la destitución de sus miembros titulares.
“En ese contexto, la CIDH destaca el procedimiento contra la Fiscal Delia Espinoza. Asimismo, al menos 14 procedimientos adelantados contra la JNJ que condujeron a la inhabilitación de dos de sus integrantes, en un escenario en donde se ha señalado la existencia de violaciones al principio de legalidad y separación de poderes”, menciona el comunicado.
La comisión también mencionó las denuncias constitucionales contra el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas que, según resaltan, han sido acusadas de tener “motivaciones políticas y falta de una base legal”.
La CIDH concluye su comunicado recordando que la democracia necesita un modelo de pesos y contrapesos y que el Estado debe velar porque las autoridades ejerzan sus funciones en apego a la legalidad y el interés público, sobre todo en contextos de “elevada corrupción”.
