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Después de dos años, la Comisión de Ética del Congreso cambiará en los próximos días de mesa directiva. El parlamentario Diego Bazán (Avanza País) será su próximo presidente y deberá resolver las denuncias contra siete congresistas acusados de recortar el salario a sus trabajadores [ver cuadro].
Durante la conducción de Karol Paredes, quien recientemente renunció a la bancada de Acción Popular, el grupo de trabajo blindó a las legisladoras Rosio Torres y Magaly Ruiz, de APP, y Heidy Juárez, de Podemos Perú. A pesar de las denuncias y pruebas en su contra por restar el sueldo a sus empleados, solamente se recomendó para ellas una amonestación escrita y multa de 30 días de descuento de sus sueldos.
Fuentes del Parlamento indicaron a El Comercio que inicialmente la bancada de Unidad y Diálogo iba a tener la conducción de la Comisión de Ética, pero la votación en “abstención” de su portavoz, Juan Burgos, respecto a que, si la Junta de Portavoces tenía o no la competencia de decidir sobre la creación de un grupo parlamentario, cambió todo.
“El acuerdo del bloque era ir a favor, pero Burgos no cumplió, ahí nos preguntamos qué sucedió y comenzaron a surgir las dudas”, manifestaron.
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Las mismas fuentes señalaron que otra observación a Unidad y Diálogo fue que esta había adelantado que Esdras Medina iba a ser quien presida el referido grupo de trabajo.
“Medina no es una persona confiable, muchos advirtieron que él podría utilizar la Comisión de Ética para hacer su campaña para la presidencia [del Congreso], tener agarrados a los congresistas con investigaciones. No tiene reparos morales, se le iba a dar un poder de negociación que podría resultar peligroso a futuro”, remarcaron.
Fue por estas razones que el llamado Bloque País- compuesto por las bancadas de derecha y Perú Libre- decidieron entregar la presidencia del referido grupo a Avanza País.
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Otras fuentes explicaron a este Diario que se definió que Bazán dirija la Comisión de Ética, porque, a pesar de su juventud, puede conducirla “sin apasionamientos” y sin caer “en excesos”.
“Hay un cierto nivel de confianza, ya ha estado antes en la comisión”, relataron.
Las mismas fuentes subrayaron que Bazán tendrá margen de acción para abordar las denuncias en contra de los llamados “mocha sueldos”, porque “no hay ningún acuerdo para blindar a nadie”. “El congresista, a diferencia de Medina, puede dar garantías de objetividad, que valore las pruebas”, acotaron.
El Comercio intentó comunicarse con el próximo presidente de la Comisión de Ética, pero este no respondió a nuestras llamadas ni mensajes.
Las denuncias pendientes de resolver
| Nombre | Bancada | Denuncia |
|---|---|---|
| María Cordero Jon Tay | No agrupada (expulsada de Fuerza Popular) | Cordero habría recortado el 50% del salario de uno de los trabajadores de su despacho. “¡Porque a ti ya te depositaron ya! ¡Vamos al cajero de una vez!”, se le escucha decir en un audio, revelado por “Punto Final”. |
| María Acuña | APP | Un trabajador de la Oficina Descentralizada de Acuña en Chiclayo denunció, en “Beto a saber”, que solo percibía S/1.000 de los S/4.000 que le correspondía. La diferencia se lo habría entregado a la parlamentaria. |
| José Arriola | No agrupado (fue elegido por Acción Popular) | En el allanamiento a la casa de Arriola, el Ministerio Público encontró documentos firmados por los trabajadores de su despacho, donde autorizaron “donar” parte de sus salarios. Uno de los trabajadores entregó S/1.323, según informó “Cuarto Poder”. |
| Katy Ugarte | Unidad y Diálogo (fue elegida por Perú Libre) | El programa “Cuarto Poder” reveló que habría descontado S/300 a los técnicos de su oficina, mientras S/400 a los asesores. El dinero se habría usado para pagar publicaciones en la prensa de Cusco para mejorar su imagen. |
| Edgar Tello | Bloque Magisterial | Marie Silva Uriarte, ex trabajadora del congresista Tello, lo acusó de haberle exigido dinero para la compra de un proyector valorizado en S/ 4.600, además de ejercer presión para la adquisición de cocinas para ollas comunes. |
| Marleny Portero | Acción Popular | Una extrabajadora de una comisión presidida por Portero denunció que la acciopopulista le pidió comprar de sus propios medios sillas de ruedas, que luego la congresista entregaría como donaciones. |
| Jorge Flores Ancachi | Acción Popular | En un audio dado a conocer por “Cuarto Poder”, el congresista acepta que recorta el sueldo a sus trabajadores. Detalló que acordó con su personal restar el 10% de sus salarios y el 50% de sus bonificaciones. |
Debe tener “mano dura”
El abogado Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró que Bazán debe tener “mano dura”, una vez que asuma la presidencia de la Comisión de Ética, para “hacer respetar” el reglamento del Congreso. Agregó que es un congresista joven, y su futuro político puede quedar marcado por el rol que ejerza frente a las denuncias de recorte de sueldos.
En diálogo con El Comercio, Rospigliosi refirió que Bazán puede solicitar en el pleno, cuando se evalúe que esta instancia ratifica o no la amonestación escrita y multa de 30 días de descuento de sus sueldos contra Torres, Ruiz y Juárez que se cambie la sanción, o que los expedientes regresen a su grupo de trabajo para una reevaluación.
“El reglamento establece que los casos pasados de sanción sientan un precedente, yo creo que en todos los casos denunciados se debe seguir la ruta aplicada a Michael Urtecho [ex congresista de Solidaridad Nacional destituido tras denuncia de recorte de salarios]. Por un lado, fue suspendido a pedido de la Comisión de Ética y, por el otro lado, fue denunciado constitucionalmente y desaforado. En contra de algunos congresistas hay pruebas contundentes, audios y chats”, expresó.
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El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, afirmó que es “muy importante” que las denuncias en contra de los congresistas acusados de recorta el salario a sus trabajadores se “resuelvan pronto”.
“Para ello, es indispensable que el trabajo técnico de la Comisión de Ética que le da sustento a las sanciones que se recomienden sea impecable. Es importante que Bazán pueda mantener la mayor autonomía posible, aunque eso suene a un deseo un poco alejado de la realidad”, manifestó.
En comunicación con este Diario, Rotta exhortó al congresista de Avanza País a también preocuparse por brindar medidas de protección para los trabajadores que hicieron las denuncias.
“Se requiere ser muy drástico, aquí está en juego la imagen del propio Parlamento”, finalizó.
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¿Y Soto?
Fuentes cercanas a la Mesa Directiva del Parlamento adelantaron que una vez que se instale la Comisión de Ética, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, tiene previsto presentar un documento, a través del cual se allanará a las eventuales indagaciones que se inicien en su contra por la contratación de la tía de su hijo en su oficina, y por el uso de la llamada “ley impunidad” para evitar ir a juicio oral por presunta estafa.
Al respecto, Rospigliosi indicó que Bazán no debe esperar este oficio para anunciar la indagación a Soto.
“Si bien es cierto que hay una larga cola [de denuncias], hay casos emblemáticos que merecen ser prioridad, uno de ellos es contra el presidente del Congreso y los otros lo que respecta a los ‘mocha sueldos’. Del resultado, depende el futuro del Congreso, este poder solo tiene un dígito de aprobación de la ciudadanía. No debe haber más blindajes”, alertó.
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El Ministerio Público solicitó 8 años y 8 meses de cárcel para el presidente del Congreso, Alejandro Soto. El juicio por presunta estafa no se instaló. (Foto: Archivo GEC)
Por su parte, Rotta dijo que la Comisión de Ética debe centrarse en si Soto “mintió o no”, cuando declaró que no se había beneficiado de la “ley impunidad”.
“Ese debe ser el objetivo de la indagación. También por su aparente mentira respecto a la relación que tendría con la madre de su hijo. Todo esto puede desembocar en una suspensión”, acotó.
Más información
La denuncia de oficio contra los 18 congresistas que fueron incluidos en marzo último en la investigación fiscal por el Caso Los Niños está en la etapa de elaboración del informe de calificación. Aquí también están involucrados Ugarte, Tello, Arriola y Portero.
Otro caso pendiente que tiene la Comisión de Ética es el de Luis Cordero por su presunta participación en la red de espionaje promovida por el expresidente Pedro Castillo.
El nombre del parlamentario saltó a la palestra tras la detención preliminar de Jorge Hernández Fernández, conocido como ‘El Español’, en marzo pasado.
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