La primera dama Lilia Paredes y sus hermanos serán citados a la Comisión de Fiscalización del Congreso, según lo dio a conocer Héctor Ventura, presidente de ese grupo de trabajo | Foto: Jorge Cerdan / @photo.gec (Archivo)
La primera dama Lilia Paredes y sus hermanos serán citados a la Comisión de Fiscalización del Congreso, según lo dio a conocer Héctor Ventura, presidente de ese grupo de trabajo | Foto: Jorge Cerdan / @photo.gec (Archivo)
/ Foto: Jorge Cerdán/El Comercio
Redacción EC

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura (Fuerza Popular), anunció que la primera dama, , y sus hermanos serán citados a ese grupo de trabajo.

La medida se adoptó en el marco de las investigaciones por los presuntos delitos de corrupción en la ejecución de los proyectos de inversión financiados por la Municipalidad de Anguía, Chachapoyas, Chadín y otros, así como los otorgados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

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Así lo dio a conocer el viernes 23 de septiembre en conferencia de prensa realizada en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, luego de aprobar por unanimidad (13 votos) el plan de trabajo para indagar la ejecución de proyectos de Anguía.

“Estas personas van a ser convocados en calidad de testigo, luego que tengamos recopilada toda la información de acuerdo a la evaluación que se va hacer en la comisión. En caso alguno se encuentre con prisión preventiva coordinaremos con los centros penitenciarios para tomar sus declaraciones”, expresó.

Asimismo, manifestó que el exministro de Transportes y Comunicaciones ; la exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños; y el exjefe de Gabinete de ese portafolio Salatiel Marrufo serán citados en una próxima sesión.

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El grupo de trabajo cuenta con facultades para investigar la existencia de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno, que estaría liderada por el presidente , así como por la primera dama y su hermana , orientada a la adjudicación ilegal de obras.

El plan de trabajo establece determinar las responsabilidades constitucionales, penales, administrativas y civiles que corresponden, de ser el caso, respecto a la presunta existencia de una organización criminal familiar que estaría enquistada en Palacio de Gobierno.

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Asimismo, los posibles ilícitos en los que podrían haber incurrido en ese contexto, ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios, empresarios, familiares del presidente de la República, etc.

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