La Comisión Permanente del Congreso designó al parlamentario Carlos Pérez Ochoa de Acción Popular como el nuevo presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en reemplazo del congresista Luis Roel Alva, de la misma bancada, quien ahora se desempeña como vicepresidente de Parlamento.
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La decisión se tomó por 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tras la elección de Roel Alva como miembro de la Mesa Directiva del Congreso, la bancada de Acción Popular consignó que el legislador representante de Lima Provincias, Carlos Pérez Ochoa, sea quien ahora asuma la presidencia de la Subcomisión, órgano auxiliar de la Comisión Permanente.
En diálogo con El Comercio, el congresista Pérez Ochoa, que ya integraba la Subcomisión, manifestó que “es una responsabilidad grande”, y señaló que continuará con la lista de denuncias constitucionales pendientes.
“Ya hay todo un listado de denuncias constitucionales que están pendientes y vamos a continuar eso. Pertenezco actualmente al equipo, soy miembro de la subcomisión y ahora seguiremos con los casos que tenemos pendientes. (...) Es una responsabilidad grande, yo nunca he rehuido a los retos. Yo soy abogado y voy a liderar a un equipo que tiene la responsabilidad de tramitar las denuncias constitucionales que se encuentran en curso”, indicó.
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En la última sesión del grupo de trabajo a cargo de Roel Alva, el último 23 de noviembre, se aprobó dos denuncias constitucionales interpuestas por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos en contra del congresista Edgar Alarcón (UPP) por los presuntos delitos cohecho pasivo, cohecho activo, y tráfico de influencias que también alcanza a los ex parlamentarios Javier Velásquez Quesquén (Apra) y Marvin Palma Mendoza (Cambio 21).
Asimismo, en la sesión anterior de la Comisión Permanente, realizada el 6 de noviembre, se aprobó otorgar un plazo de 15 días para que la Subcomisión investigue a Alarcón por otras dos denuncias que fueron declaradas procedentes por el grupo de trabajo que estaba a cargo de Luis Roel, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado doloso.
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