"Régimen juvenil no beneficia a grandes ni medianas empresas"
"Régimen juvenil no beneficia a grandes ni medianas empresas"
Redacción EC

La Confederación Nacional de Instituciones Privadas (Confiep) se sumó a las críticas al que se encuentra en la agenda del Congreso. El presidente del más importantes gremio empresarial, Alfonso García Miró, expresó su preocupación por esta norma, pues, según él, está a punto de aprobarse sin escuchar los comentarios y sugerencias de las partes involucradas, lo cual da una mala señal a todos los empresarios. 
 
UNA MALA SEÑAL
Para García Miró, si se aprueba tal como ha sido dictaminada en la Comisión de Educación del Congreso, esa norma frenará las inversiones en el país, porque el malestar que genera en los empresarios de la educación se trasladará a otros sectores.

Recordó que muchos empresarios consideran intervencionista esta iniciativa por ser restrictiva con el capital privado y porque “expropia la gestión de dichas instituciones académicas al someterlas al control de una superintendencia estatal creada para ese fin”.

Precisó que la norma no tendrá un efecto positivo en la educación universitaria, como el que pretenden sus promotores, sino uno totalmente contrario.

“Por la forma autoritaria como se debate y por sus disposiciones, ese proceso hace recordar la concepción ideológica del gobierno militar de la década de 1970, que no ha permitido que la educación pública sea lo más eficiente posible”, dijo García Miró en un comunicado difundido a los medios de comunicación a nombre de la Confiep.

Asimismo, invocó a los congresistas a una mayor reflexión sobre lo pernicioso de la norma en la educación peruana y aseguró que la actual legislación –salvo excepciones– ha dado buenos resultados al país, porque ha permitido el desarrollo y crecimiento de la inversión en nuevas universidades.

¿QUÉ DICE LA LEY?
El dictamen del proyecto de ley ya se encuentra en la agenda del pleno del Congreso, aunque aún no hay fecha definitiva para debatirlo.
 
La nueva ley crea la Superintendencia Nacional de Universidades (Sunau), que supervisará la calidad de la educación, fiscalizará el uso de los recursos de las universidades y se encargará de autorizar o denegar la creación de centros de estudios superiores en el país. Esta superintendencia será parte del Ministerio de Educación.
 
La norma establece que las carreras o facultades que no logren acreditar su calidad luego de tres evaluaciones serán clausuradas.
 
Según el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, hay rectores que hacen lobby para que no se apruebe la ley.

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