La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hoy la denuncia constitucional contra el congresista Alejandro Yovera por los presuntos delitos de abuso de autoridad y concusión. Con ello, el ex integrante de la bancada de Fuerza Popular quedó al borde del desafuero parlamentario y su suerte está en manos de la Comisión Permanente, que debe ratificar o rechazar la decisión del grupo que dirige José Luna Gálvez (Solidaridad Nacional).
Si la Comisión Permanente respalda el referido informe clasificatorio, el pleno decidirá si Yovera pierde o no su escaño, como ocurrió dos años atrás con el ex legislador Michael Urtecho.
En noviembre del 2013, el programa de TV “Panorama” reveló que el legislador huanuqueño habría obligado a un grupo de ex trabajadores de su despacho a solicitar préstamos a la cooperativa San Isidro.
Los ex funcionarios señalaron que el dinero entregado por la cooperativa fue a parar a manos de Alejandro Yovera, quien se comprometió a pagar los préstamos. Sin embargo, esto no ocurrió y los trabajadores comenzaron a sufrir descuentos en sus remuneraciones para cubrir el crédito dado.
A raíz de esta denuncia, el congresista fue suspendido por 120 días por segunda vez por el pleno del Parlamento. La primera fue por consignar información falsa en su hoja de vida.
En declaraciones a la prensa, Yovera cuestionó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al sostener que existe una “consigna política” para sacarlo del Parlamento.
“Hay una consigna para que me sancionen, [el fujimorismo] quiere recuperar el voto con la señora Karina Beteta, que es investigada por sus vínculos con el narcotráfico. Lo otro por es por haber denunciado al gobierno regional [de Huánuco] por actos de corrupción. Los apristas y fujimoristas se opusieron, ese es el motivo de mi persecución política”, concluyó.
De otro lado, la subcomisión mandó al archivo la denuncia constitucional contra los legisladores de Fuerza Popular Kenji Fujimori y Julio Gagó por presuntamente obstaculizar la labor de los agentes del INPE del penal de Barbadillo, cuando el ex presidente Alberto Fujimori declaró a una radio local vía telefónica sin autorización.
Lee aquí la denuncia constitucional contra Alejandro Yovera [PDF].
