Congresista Alejandro Yovera quedó al borde del desafuero
Redacción EC
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó hoy la denuncia constitucional contra el congresista por los presuntos delitos de abuso de autoridad y concusión. Con ello, el ex integrante de la bancada de Fuerza Popular quedó al borde del desafuero parlamentario y su suerte está en manos de la Comisión Permanente, que debe ratificar o rechazar la decisión del grupo que dirige José Luna Gálvez (Solidaridad Nacional).

Si la Comisión Permanente respalda el referido informe clasificatorio, el pleno decidirá si Yovera pierde o no su escaño, como ocurrió dos años atrás con el ex legislador Michael Urtecho.

En noviembre del 2013, el programa de TV “Panorama” reveló que el legislador huanuqueño habría obligado a un grupo de ex trabajadores de su despacho a solicitar préstamos a la cooperativa San Isidro.

Los ex funcionarios señalaron que el dinero entregado por la cooperativa fue a parar a manos de Alejandro Yovera, quien se comprometió a pagar los préstamos. Sin embargo, esto no ocurrió y los trabajadores comenzaron a sufrir descuentos en sus remuneraciones para cubrir el crédito dado.

A raíz de esta denuncia, el congresista por segunda vez por el pleno del Parlamento. La primera fue por consignar información falsa en su hoja de vida.

En declaraciones a la prensa, Yovera cuestionó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al sostener que existe una “consigna política” para sacarlo del Parlamento.

“Hay una consigna para que me sancionen, [el fujimorismo] quiere recuperar el voto con la señora Karina Beteta, que es investigada por sus vínculos con el narcotráfico. Lo otro por es por haber denunciado al gobierno regional [de Huánuco] por actos de corrupción. Los apristas y fujimoristas se opusieron, ese es el motivo de mi persecución política”, concluyó.

De otro lado, la subcomisión mandó al archivo la denuncia constitucional contra los legisladores de Fuerza Popular y por presuntamente obstaculizar la labor de los agentes del INPE del penal de Barbadillo, cuando el ex presidente Alberto Fujimori declaró a una radio local vía telefónica sin autorización.  

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