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La congresista María Cordero Jon Tay (no agrupada) empleó a uno de sus trabajadores parlamentarios para que la ayude con asuntos personales en horario de oficina, reveló “Punto Final” este domingo.
Se trata de Ronald Castillo Rojas, quien trabaja como técnico en el despacho de Cordero.
El trabajador de la congresista acudió a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) el pasado martes 15 de agosto a las 10:21 a.m. para atender un asunto de la ONG Amistad Perú Latinoamérica, de la que Cordero fue representante.
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La ONG, de acuerdo con “Punto Final”, tiene a familiares de Cordero en otros cargos directivos.
La secretaria técnica de la Comisión de Infracción y Sanciones de APCI, Milagritos Cunya, dijo a “Punto Final” que Castillo acudió para consultar sobre un expediente iniciado contra la ONG por no presentar su declaración anual entre el 2019 y el 2022.
“Esta institución ha sido sancionada. [...] Vino a consultar sobre esta amonestación, justamente extrañado, porqué se le había sancionado si no habían ejecutado recursos de cooperación internacional”, dijo.
Cunya atendió a Castillo en las instalaciones de la APCI, a la que luego ingresó la propia congresista, pero sin identificarse.
La legisladora se unió a la reunión, pero, de acuerdo con Cunya, no intervino.
El abogado Elio Riera, defensor legal de Cordero, dijo a “Punto Final” que el trabajar parlamentario pudo haber utilizado su horario de almuerzo para realizar ese trámite.
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Además, Riera aseguró, al tratar de justificar la acción, que el caso de la ONG podía afectar la investidura parlamentaria.
“La congresista ha realizado un trámite como cualquier ciudadano. Si la crítica es con respecto al trabajador, lo que tendría que tomarse en cuenta es cuál es el perfil del trabajador. El trabajador ostenta un cargo de confianza. ¿Para qué son los cargos de confianza? [...] No necesariamente [es un tema personal de Cordero] porque afecta, y directamente, la investidura parlamentaria”, dijo.
No obstante, el abogado penalista Luis Vivanco dijo que podría tratarse de un caso de peculado. “Es incuestionable que la congresista está utilizando recursos del Estado, porque el subordinado es un recurso que tiene valor en términos económicos, un recurso humano cuantificado económicamente”, aseveró.
