La congresista Norma Yarrow, de la bancada de Avanza País, remitió hasta 9 oficios en donde solicita información a alcaldes de diferentes municipios con respecto al estado de recientes contratos de obras y consultorías con empresas que registran sanciones. Los documentos, enviados el último 17 de agosto, precisan que el pedido se basa en lo revelado por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio en su suplemento dominical.
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“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez mostrar mi preocupación por el Informe de EC Data del Diario El Comercio, de fecha 14 de agosto de 2022, donde se detalla que entre el año 2021 y 2022, municipios de diferentes distritos de Lima Metropolitana y de la provincia constitucional del Callao, suscribieron contratos con diversas empresas y consorcios del sector construcción que han sido sancionadas por el Tribunal de Contrataciones del Estado”, inicia cada oficio derivado desde el despacho de la parlamentaria.
En la referida publicación, este Diario informó que al menos a 34 compañías –individualmente o consorciadas– que ganaron proyectos y consultorías se les impuso inhabilitaciones, multas o penalidades por incumplimiento o infracción en contrataciones previas. Además, dos de ellas figuran como impedidas para contratar con el Estado.
Entre las solicitudes de Yarrow Lumbreras, se encuentra una dirigida al alcalde de Lima Metropolitana, Miguel Romero Sotelo, por la relación contractual entre la municipalidad y el Grupo Nivi S.A.C. para la reparación de lugares históricos. De acuerdo con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), dicha compañía tiene inhabilitación vigente por seis meses desde el 23 de junio. El contrato en referencia inició el 27 de enero y finalizará el 31 de agosto.
Otro de los oficios es remitido al alcalde de Santiago de Surco, Jean Pierre Combe Portocarrero, por la consultoría que su jurisdicción contrató con Ingenieros Técnicos Consultores Ejecutores S.A.C. para el mejoramiento de servicios. La suscripción finalizó el 19 de julio pasado. Previo a ello, la compañía había sido sancionada en el 2020 con una multa de S/ 38.799 por incumplimiento en el perfeccionamiento de contrato o formalización de acuerdos marco.
También está la solicitud de información al alcalde de Ate, Edde Cuéllar Alegría, por la contratación, entre abril y mayo del 2022, de la firma Jara y Chávez S.A.C. para la ejecución de una obra. Según recogió EC Data, Jara y Chávez había sido multada ocho meses antes con el monto de S/ 19.927 por incumplir obligaciones contractuales con la municipalidad de Ancón.
Además de los distritos mencionados, la legisladora se dirigió a las autoridades ediles de El Agustino, Carabayllo, Puente Piedra, Carmen de la Legua Reynoso, Comas y San Borja.