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Este miércoles, la congresista de Avanza País Adriana Tudela presentó el proyecto de ley 036-2021, el primero de su autoría. Este –que, además, lleva las firmas de cinco de sus colegas de bancada– tiene como finalidad delimitar los alcances una figura que, en el pasado quinquenio, ha sido protagonista de más de una controversia en el Legislativo: la cuestión de confianza.
La propuesta se suma a otras iniciativas legislativas que también buscan delimitar la figura, planteadas por Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos Perú (los proyectos completos al final de este informe).
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A inicios de agosto, Tudela manifestó a El Comercio que, pese a ser mecanismos necesarios para el balance de poderes, tanto la cuestión de confianza como la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente debían ser delimitados.
“Tanto la vacancia como la cuestión de confianza cumplen una función de contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero creo que han sido muy mal usados durante los últimos cinco años. En ese sentido, creo que sí se deben restringir de alguna manera, sobre todo en lo que respecta a la cuestión de confianza. Creo que el precedente Del Solar y Vizcarra ha alterado desmedidamente el equilibrio entre el Legislativo y el Ejecutivo, dándole demasiado poder a este último”, señaló en ese entones.
En cuanto a la vacancia presidencial por incapacidad moral, la legisladora sostuvo que la manera idónea de limitarla sería a través de la bicameralidad, pues “si tenemos dos cámaras, una propuesta de vacancia tendría que pasar por un doble filtro que convertiría este mecanismo de control político en un proceso mucho más reflexivo y prudente”.
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¿Qué propone el proyecto de ley 036-2021?
1. Delimitar las materias por las que el Ejecutivo puede plantear la cuestión de confianza.
Según la propuesta legislativa, el gobierno no puede plantear cuestión de confianza sobre la aprobación o no de reformas constitucionales, ni sobre temas que son “materia exclusiva y excluyente del Congreso de la República”.
De acuerdo a la exposición de motivos, en los últimos años “se ha desnaturalizado la cuestión de confianza, utilizándose con la finalidad de debilitar la posición del Congreso, siendo amenazado con la disolución, en caso de negación”.
Para el expresidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma, la propuesta de delimitar las materias por las cuales el Ejecutivo puede plantear la cuestión de confianza es acertada.
“(La propuesta es) Total y absolutamente correcta, pues establece el equilibrio de poderes y el respeto a la separación de poderes”, indicó.
Según el exmagistrado, además, es necesario regular los alcances de la cuestión de confianza, dado que “es una espada de Damocles para la democracia en el corto plazo”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró que la propuesta es “válida y legítima”. Según explicó, las reformas constitucionales no deberían poder ser objeto de cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, pues competen exclusivamente al Congreso.
“Tan es así que la reforma constitucional es materia exclusiva del Congreso de la República, que todo proyecto de ley que aprueba el Parlamento va al Poder Ejecutivo para que este pueda observarlo, menos la reforma constitucional. Eso demuestra que el Constituyente, al crear la Constitución, estableció que la reforma constitucional es una materia exclusiva del Congreso”, indicó.
Según Rospigliosi, el Poder Ejecutivo tiene la plena capacidad de presentar proyectos de ley, “pero el Congreso es soberano de aprobarlos o desaprobarlos”.
Para el también abogado constitucionalista Erick Urbina, la delimitación de la figura “ayudaría mucho a fortalecer la labor del Parlamento, sin menoscabar la capacidad que tiene el Ejecutivo de plantear la cuestión de confianza para promover leyes que permitan ejecutar su plan de gobierno”.
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2. Que la aprobación o rechazo de la cuestión de confianza se determine expresamente por la votación del pleno del Congreso
De este modo, el proyecto de ley plantea eliminar la posibilidad de que el Ejecutivo interprete que la cuestión de confianza fue denegada fácticamente, como lo hizo el expresidente Martín Vizcarra en setiembre de 2019, luego de que el Congreso de la República decidiera continuar con la sesión de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
“La aprobación o rechazo de la cuestión de confianza se determina expresamente por la votación del Pleno del Congreso, no siendo procedente la presunción de la misma. Una vez concluido el debate y la votación, el resultado se pone en conocimiento del Poder Ejecutivo mediante oficio. Los actos derivados del acuerdo del Pleno sobre la cuestión de confianza solo pueden efectuarse una vez realizada dicha comunicación”, se lee en la propuesta legislativa.
García Toma considera que la propuesta es “necesaria y oportuna”, aunque señala que no debería ser necesaria una aclaración legal, pues la Constitución ya impedía que se interprete el otorgamiento o no de la confianza.
“La propia Constitución señala que el Congreso tiene que expresar una voluntad, y esa expresión de la voluntad se manifiesta, primero, en una votación. Luego, se formaliza a través de la expedición de una resolución legislativa. No es que el presidente de la República pueda interpretar que el Congreso le ha denegado la confianza”, sostuvo.
Rospigliosi consideró que la propuesta es positiva. Ello debido a que esta pondría “punto final a la incertidumbre que se generó a raíz del cierre del congreso del señor Vizcarra, donde crearon una figura absolutamente insólita que es la llamada denegación de la confianza fáctica”.
“La denegación de la confianza debe ser expresa, y se traduce en votos a favor o en contra. No hay más. Es así en el Perú o en cualquier Parlamento del mundo”, agregó el constitucionalista.
En la misma línea, Urbina dijo estar de acuerdo con el planteamiento, pues “dejar abierta una lectura subjetiva sobre la aprobación o no de una decisión de un órgano colectivo como el Congreso es muy riesgoso”.
“Las decisiones de órganos colectivos, más aún si son conformados por 130 personas, como el Congreso, solo pueden ser entendidas a través de sus votos”, señaló.
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Lee aquí el proyecto de ley de Alianza para el Progreso:
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