El primer proyecto de ley que aprobó el nuevo Congreso de la República (2020-2021) es clave de cara a completar e implementar la reforma política rumbo a las elecciones generales del próximo año. Si el pleno no tomaba una pronta decisión, en unas tres semanas hubiera vencido el plazo legal para hacer cambios normativos en materia electoral.
Sin embargo, la medida se discutió y aprobó la madrugada del martes. Y no entre gallos y medianoche, puesto que el Ejecutivo la venía demandando y distintos partidos políticos y candidatos —hoy legisladores— habían expresado un consenso favorable.
Se trata de la incorporación de una tercera disposición complementaria transitoria en la Ley Orgánica de Elecciones, que permite que para el período referido a las elecciones 2021-2026 no se aplique parte de artículo 4 de dicha norma. Este señala que hasta un año antes de una elección no se pueden hacer cambios en normas electorales. Y estimando que los comicios generales del próximo año se realizarían el domingo 11 de abril, el actual Parlamento hubiera tenido plazo hasta la misma fecha del 2020; es decir, poco más de 20 días.
Así, el pleno estableció un plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley para aprobar reformas, las cuales serán de aplicación al día siguiente de su oficialización en el diario oficial “El Peruano”. En ese sentido, es el Ejecutivo el que tiene ahora la posta para decidir la observación o promulgación de esta norma.
Si lo hiciera el 1 de abril, dicho plazo vencería el 1 de octubre. En medio se daría la convocatoria a los comicios del 2021, puesto que por ley se hacen 270 días antes del día del sufragio.
Advertencia
Especialistas consultados por El Comercio saludaron la aprobación de la iniciativa, que provino del escaño de Luis Roel, de Acción Popular, y resaltaron su importancia rumbo complementar la reforma política rumbo al 2021. Sin embargo, Fernando Tuesta, expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, cuestionó la redacción de la ley y advirtió que el no estipular fechas fijas en el marco de un proceso electoral podría afectar el cronograma de este.
“Supongamos que la última modificación es el primero de octubre. Y se tiene elecciones internas en octubre. La modificación alteraría ya de tal manera que sería imposible realizarlas. Se podría poner que se pueden modificar hasta el día de la convocatoria, porque ya es una fecha cierta. O un mes después de la convocatoria, porque todavía no están inscritas las candidaturas o partidos. O colocar que la fecha última sería el último día de inscripción de los partidos según cronograma electoral. Pero colocar un tiempo hacia adelante compromete el proceso, porque no hay una fecha cierta”, apuntó.
De observar el Ejecutivo la ley, tendría que volver a debatirse. Y ello implicaría que la fecha límite para hacer cambios electorales se venga encima. Además, un informe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recomendó en un reciente informe que el cronograma para las elecciones del 2021 quede establecido como máximo el 11 de abril.
“No lo generaría [el problema] si [en el Congreso] se ponen a discutir de manera adecuada y firme y todas las normas se aprueban mucho antes de la fecha límite. Entonces una invocación para que eso sea así y no se tomen hasta los seis meses, porque comprometen el cronograma”, insistió Tuesta.
Para Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, la situación requerirá de un trabajo coordinado entre los organismos electorales y el Congreso. “Esta decisión de los partidos no es una sorpresa. Lo habían anunciado y prometido. No estamos hablando de una cosa que no ha sido prevista”, señaló.
Milagros Campos, quien también integró la comisión de alto nivel, también señaló que no es una “ley sorpresa” y coincidió con Tuesta en que lo mejor hubiera sido establecer fechas fijas en la ley, aunque resaltó que lo importante finalmente es que hubo consenso. “Es muy positivo. Creo que como quiera que esté redactado, es necesario que se publique pronto para que los plazos queden ajustados para que los órganos de sistema electoral tengan el respaldo suficiente para realizar sus acciones”, indicó.
Agenda y prioridades
En esa línea, Lanegra consideró que lo que debe venir ahora es que las bancadas acuerden una agenda para determinar los temas a abordar en el plazo aprobado.
“Y definida la agenda legislativa, son las prioridades. Los temas que requerirían ser aprobados antes para evitar problemas con el cronograma electoral y cuáles podrían esperar un poco más, dado que no son temas que generan mayor dificultad”, recalcó.
Los expertos consultados coincidieron en que un tema a definir lo más pronto posible gira en torno a las elecciones primarias, obligatorias, abiertas y universales para los partidos políticos, a fin de que todos tengan reglas claras.
Cabe recordar que una de las leyes aprobadas por el anterior Legislativo y publicada en el actual Gobierno permite a los partidos con inscripción vigente, por única vez y antes de las primarias para los comicios del 2021, llevar a cabo elecciones internas para seleccionar a candidatos a presidente y parlamentarios.
Otro asunto urgente, consideraron, es reparar un error de anterior Congreso y el Ejecutivo, que en una modificación de año pasado a la Ley Orgánica de Elecciones eliminó el voto de los peruanos en el extranjero.
Asimismo, refirieron la importancia de la eliminación del voto preferencial y determinar si la normativa sobre paridad y alternancia se mantendrá como progresiva hasta el 2031.
Un pendiente también es la segunda votación del proyecto de ley que impide que los condenados por delito doloso en primera instancia postulen a cargos de elección popular o ejerzan función pública en cargos de confianza.
“Hay temas urgentes y otros que son importantes. Hay que empezar por aquellos que reúnen ambas condiciones. En ese sentido, creo que el tema de corregir el voto de peruanos en el exterior reúne ambas condiciones”, sentenció Campos.
En un anterior pronunciamiento, la comisión de alto nivel instó al nuevo Parlamento a abordar otros temas. Por ejemplo, completar la reforma del financiamiento de las organizaciones políticas; establecer facilidades para el sufragio de la población; reconsiderar la reforma sobre la inmunidad parlamentaria —que se mantiene en el fuero legislativo— y retomar el debate sobre el retorno de la bicameralidad, entre otros.