Las 10 leyes de este Congreso cuestionadas por carecer de sustento técnico

En el último día de la primera legislatura, el pleno del Congreso 2020-2021 aprobó dos cuestionadas reformas constitucionales respecto a la eliminación de la figura de la inmunidad, y a fijar 6% del PBI para el sector educación. Pero estas normas no son las únicas polémicas aprobadas y objetadas en los poco más de tres meses y medio que lleva esta nueva representación en funciones.

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En los tres meses y medio que duró la primera legislatura, el pleno aprobó un total de 29 leyes (sin contar las resoluciones legislativas y las facultades delegadas al Poder Ejecutivo). El 35% de estas han sido cuestionadas por el poco rigor técnico en su sustento.

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A la fecha, el Poder Ejecutivo ha observado seis autógrafas aprobadas por el pleno. De estas seis, dos fueron aprobadas por insistencia del Congreso: la que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarios privados y la que faculta al Ministerio de Salud a usar las instalaciones de clínicas privadas.

La autógrafa que formaliza los taxis colectivos ya tiene un dictamen de insistencia, pero aún no se pone al debate en el pleno. Mientras que otras tres -entre las que se encuentra la ley que sanciona el acaparamiento-, las observaciones del Ejecutivo se encuentran en estudio en comisiones, y todo apunta a que se apostará por la insistencia.

Del resto, la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP) fue la única que no fue observada por el presidente Martín Vizcarra, pero tampoco la promulgó. Pese a que la criticó, el jefe de Estado no se pronunció dentro del plazo legal, con lo que el Congreso fue quien la promulgó.

La ley de ascensos automáticos en Essalud no ha sido observada, pero aún se encuentra dentro del plazo de análisis del Poder Ejecutivo. Esta norma fue aprobada por el pleno del 6 de junio. Unos 12 días después, el tema volvió a esta instancia para la rectificación de “errores materiales”.

Así, la autógrafa recién fue remitida al Poder Ejecutivo recién el 2 de julio -casi un mes después de haber sido aprobada-, con lo que el presidente Martín Vizcarra tiene de plazo hasta el 23 de julio para promulgarla u observarla.

Mientras que las dos reformas constitucionales cuestionadas, aprobadas el último domingo 5, no pueden ser aprobadas según la normativa vigente. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ha cuestionado el texto sobre la eliminación de la figura de la inmunidad parlamentaria, y la ministra de Economía, María Antonieta Alva, aseguró que la norma que asigna 6% del PBI al presupuesto del sector educación, tiene visos de inconstitucionalidad.

“Cualquier medida que incremente directa o indirectamente el gasto público, tiene impacto sobre la sostenibilidad fiscal del Perú y transgrede la Constitución, que señala claramente que el Congreso no tiene iniciativa de gasto (art. 79)”, escribió la titular del MEF en su cuenta oficial de Twitter.

Mientras que Marianella Ledesma, titular del Tribunal Constitucional, cuestionó que no haya existido la deliberación suficiente que permita a los congresistas votar con la objetividad.

“Para contrarrestar esos apasionamientos propios de una actividad política o discrecionalidad, existe la deliberación donde se presentan los diferentes enfoques, que hacen que, a la luz de haber escuchado diferentes opiniones y miradas, uno pueda ya tomar con un poco más de sosiego la decisión que es trascendente”, dijo en entrevista con El Comercio.

La magistrada reflexionó también sobre las persistentes falencias del sistema unicameral. “Porque en el [sistema] bicameral, la norma puede salir en la Cámara de Diputados y el Senado era más reflexivo, y al final teníamos una norma más razonada, pero no se trata de tener una norma simplemente por la sumatoria de votos. La segunda idea es la deliberación permite que exista una legitimación del trabajo de los congresistas y esa legitimación no se lo van a dar ellos, sino los votantes, pues ellos recogen el mandato popular”, anotó.

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