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La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso aprobó su informe de calificación con el que envió al archivo la indagación preliminar iniciada a inicios de julio por el cobro de los gastos de instalación de S/15.600 por parte de legisladores de Lima y Callao.
Por 4 votos a favor, 3 en contra y dos abstenciones, dicho grupo de trabajo dio el visto bueno al documento elaborado por la secretaría técnica, que determinó que no hubo ningún tipo de infracción al Código de Ética Parlamentaria, tal como lo adelantó El Comercio. El presidente de la comisión, César Gonzales (Somos Perú), usó su voto dirimente.
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Se tomó en cuenta un informe enviado por la Oficialía Mayor del Congreso que señalaba que dicho monto se entrega sin distinción de circunscripción electoral de procedencia, por lo que tienen derecho al cobro de dicho bono los parlamentarios de Lima y la provincia constitucional del Callao.
Los congresistas a los que se inició indagación tras haber cobrado el bono de instalación son: Mónica Saavedra, Walter Rivera Guerra y Paul García Oviedo (Acción Popular); Rocío Silva Santisteban y Carlos Fernández Chacón (Frente Amplio).
Asimismo, Martha Chávez, Marco Antonio Pichilingue Gómez, Carlos Mesía y Valeria Valer (Fuerza Popular); Carmen Omonte y Omar Chehade (Alianza para el Progreso); Alcides Rayme, Wilmer Cayllahua Barrientos, María Teresa Céspedes, Isaías Pineda, Richard Rubio Gariza y María Cristina Retamozo (Frepap).
Del mismo modo, María Teresa Cabrera, Luis Felipe Castillo Oliva y Cecilia García Rodríguez (Podemos Perú); José Vega Antonio (Unión por el Perú); y Arlette Contreras (no agrupada).
“Es un derecho”
Durante el debate, Walter Rivera Guerra (Acción Popular), integrante de la comisión, aseguró que en su caso tuvo que alquilar una oficina con internet, dado que no tenía acceso a la suya en el Parlamento, a raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Como era uno de los incluidos en el informe preliminar, decidió abstenerse en la votación.
Por su parte, Zenaida Solís (Partido Morado) indicó que si bien el reglamento no diferencia entre congresistas de Lima y provincias, consideró necesario proponer la modificatoria de la normativa interna del Parlamento para evitar este tipo de problemas.
“Es un hecho que se ve muy mal que congresistas que están instalados en Lima que tienen su casa en Lima, que viven en Lima y no van a necesitan ninguna instalación, cobren por este concepto. Eso está mal, es una falta ética, es verdad”, acotó.
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A su vez, Miguel Vivanco Reyes (Fuerza Popular) manifestó que el cobro de una bonificación de instalación “es un derecho” que se ha venido dando desde periodos anteriores y es recibido “lícitamente”.
“No podemos nosotros como Congreso tampoco darle tanta fe o tanta cobertura a algunos medios periodísticos que de repente su intención es informar, pero no se dan cuenta que con esa mala información lo único que generan es que al Congreso lo sigan desacreditando. Eso no lo podemos permitir”, aseveró.
El informe de calificación fue puesto a votación en dos ocasiones y, después de dos empates consecutivos, el presidente de la comisión, César Gonzales, emitió su voto dirimente a favor del archivamiento del caso.
Tras ello, se aprobó por unanimidad el grupo de trabajo encargado de evaluar y proponer cambios en el reglamento del Congreso para prevenir conflictos éticos, conformado por Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Zenaida Solís y María Bartolo (UPP).
Finalmente, la Comisión de Ética Parlamentaria acordó por mayoría realizar dos sesiones extraordinarias durante el presente mes, las cuales se llevarán a cabo los sábados a las 10:00 horas.
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