Congreso: Con Nieves Limachi ya suman cinco los parlamentarios sentenciados en este período

El juez Saúl Arenas Pérez, a cargo del Cuarto Juzgado Civil de Tacna, confirmó una sentencia impuesta contra la congresista Nieves Limachi Quispe (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y ordenó que pague más de S/47.000 - además de los intereses legales y el costo del proceso - a favor de la Beneficencia Pública de Tacna.

El fallo se conoció el miércoles pasado. Responde a una demanda de la beneficencia contra la parlamentaria para que pague penalidades e intereses por un contrato de arrendamiento entre el 2013 y el 2019.

Limachi había apelado una resolución previa de septiembre pasado - que determinó su responsabilidad -, asegurando que el contrato se encontraba “resuelto” y estaba sin efecto. No obstante, el juzgado sostuvo que no se acreditaron los fundamentos de la apelación y que, “al haberse verificado que la resolución impugnada ha sido emitida conforme a ley, con la debida motivación y sin vulnerar el derecho de las partes; corresponde desestimar su recurso impugnatorio”.

El Comercio le consultó a la congresista si cumplirá con lo ordenado por el juzgado, a lo que indicó: “Debo aclarar que soy respetuosa del proceso judicial y mi caso, según el abogado, no ha culminado. Cuando ya se terminen o agoten las instancias legales, cumpliré lo que dicte la justicia”.

Limachi es la quinta congresista del período actual (2021-2026) que es sentenciada mientras se encuentra en funciones. Los otros cuatro son Wilmar Elera (Somos Perú); Luis Picón (Podemos Perú), Raúl Doroteo y Darwin Espinoza (ambos de Acción Popular).

En agosto del 2022, el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura sentenció al entonces tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, a seis años de prisión por colusión agravada.

En primera instancia, el juez Ronald Soto Cortez encontró culpable a Elera por irregularidades en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa - Ayabaca - Piura”, donde trabajó como supervisor en el 2012.

Más de un año después, Elera permanece prófugo de la justicia, con una orden de ubicación, captura e internamiento en un penal.

El Congreso lo destituyó en el 2022 y en su lugar ingresó su accesitario, José Pazo Nunura (Somos Perú).

En noviembre pasado, el legislador Luis Picón fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por negociación incompatible, por favorecer a una empresa en la compra de 34 ambulancias cuando fue presidente regional de Huánuco.

El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Provincia de Huánuco dio un adelanto de su resolución el mes pasado. El fallo completo, al que accedió El Comercio, se conoció recién el pasado cinco de diciembre.

Picón y otros cuatro autores y cómplices del delito de negociación incompatible deben pagar, en forma solidaria, una reparación civil de S/ 1 millón 154 mil. Además, tienen que cumplir reglas de conducta como comparecer al juzgado cada 30 días para informar y justificar sus actividades y no ausentarse de su lugar de residencia sin permiso del juez.

En dos instancias, el Poder Judicial encontró culpable a Raúl Doroteo del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. En noviembre del 2022 le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, y en enero de este año, la condena fue ratificada.

El caso se remonta al 2013, cuando el acciopopulista postuló al cargo de regidor provincial de Pisco. Según el Juzgado Unipersonal de la Corte de Ica, Doroteo consignó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que culminó la carrera de Sistemas e Informática en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). No obstante, la institución informó que se encontraba registrado solo como matriculado. Además, Doroteo solo había cursado dos ciclos en 1995.

Además, el juez Hermann Yonz Martínez consideró que los estudios de Doroteo debieron consignarse como “estudios técnicos”, debido a que no tenían calidad de “universitarios”. Por todo ello, le dictó pena privativa de libertad suspendida por cuatro años, de los cuales dos están sujetos a periodo de prueba.

Si bien el congresista apeló la decisión, la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco declaró infundado el recurso y ratificó la sentencia. El parlamentario, además, es uno de los investigados por la fiscalía por el Caso Los Niños.

Darwin Espinoza, otro de los implicados en el Caso Los Niños, fue sentenciado por difamación agravada contra el excongresista Otto Guibovich por haberlo calificado de “sinvergüenza” y de haber “sido siempre un topo”.

Según la sentencia, Espinoza se refirió a Guibovich como parte “de la mafia fujiaprista”. Además, realizó publicaciones contra el exlegislador en la red social Facebook.

En agosto de 2022, la Corte Superior de Justicia del Santa confirmó la condena de diciembre de 2021, que señaló la “reserva del fallo condenatorio” contra Espinoza por el periodo de prueba de un año, “a condición de que cumpla determinadas reglas de conducta”, como el pago de una reparación civil de S/ 20 mil.

Guibovich dijo a El Comercio que el congresista aún no cumple con pagar el total de la reparación civil. “Si no paga, se debería dejar sin efecto la suspensión del fallo. Estamos en eso. Ha pagado el 80% o el 90% del total”, señaló.