Congreso: constitucionalistas discrepan sobre legalidad de la orden judicial que busca detener la elección del TC

La jueza Amparo Blácido Baez, del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ordenó el martes pasado al Congreso suspender de forma provisional la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, horas después, la Junta de Portavoces del Parlamento acordó por mayoría continuar con el proceso de selección; es decir, desconocer la orden judicial.

Solo los representantes de las bancadas del Partido Morado y el Frente Amplio se opusieron a que este miércoles se realice el pleno para debatir la selección de candidatos.

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La mayoría parlamentaria interpretó que la decisión del citado juzgado atenta contra el fuero parlamentario. El Comercio recogió la opinión de tres abogados constitucionalistas sobre este punto.

El abogado Alejandro Rospigliosi, exjefe de gabinete de la Mesa Directiva del Congreso, aseguró que el Congreso debía desconocer la orden de la jueza Blácido.

“Hay una invasión de fueros y ya hemos tenido una historia parecida. En el 2004, el Congreso debatía una reforma constitucional sobre el régimen pensionario, y una asociación de jubilados presentó una demanda de amparo. Aquella vez, una jueza, de manera temeraria, invadió el fuero parlamentario y le dijo que no podía ver ni aprobar la reforma. Eso fue un escándalo nacional y el Congreso no le hizo caso. El Parlamento tiene que cumplir su función hasta el último día de su mandato, nos guste o no”, dijo.

El constitucionalista Erick Urbina añadió que, a su criterio, la orden judicial es inejecutable.

“A mi juicio, invade totalmente [el fuero parlamentario] porque está pretendiendo imposibilitar que el Congreso de la República cumpla con una de sus funciones constitucionales. Esto a partir de una acción de amparo presentada por un juzgado menor. Me parece que es, incluso, inejecutable”, afirmó.

“Lo que tiene que hacer el Congreso es continuar con su agenda prevista, porque está cumpliendo un mandato constitucional. El procurador del Congreso es quien deberá responder al Poder Judicial es representación del Parlamento”, añadió.

Anoche se conoció que, efectivamente, el procurador de Congreso acudiría ante el PJ para responder por este caso.

Pero en opinión de la constitucionalista Gabriela Oporto, “corresponde que el Congreso acate la decisión [judicial]”.

“Sería inadmisible que no lo haga. La decisión del Poder Judicial está dentro de sus competencias. El Tribunal Constitucional ya ha dicho, en decisiones de casos anteriores, que no hay ningún aspecto de la vida de la nación que esté exenta de control de constitucionalidad a través de un proceso como, por ejemplo, el amparo”, señaló.

Oporto coincidió en que “se puede cuestionar [la orden del juzgado] a través de los canales legales: el procurador del Congreso puede impugnar la decisión y un tribunal superior la pueda revisar”.

El martes, 21 docentes y abogados, entre ellos Luciano López, la exministra de Justicia Ana Neyra y el exdefensor del Pueblo Walter Albán, calificaron de inconstitucional el proceso de selección, mediante un pronunciamiento.

En tanto, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) dispuso iniciar una investigación preliminar contra la jueza Blácido por la admisión de la demanda de amparo y la medida cautelar contra el Congreso.

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