Una revisión de las contrataciones de personal en el Congreso, muestra que los afiliados de Acción Popular -el partido de la presidenta del Congreso, María de Carmen Alva- predominan en la planilla legislativa. El Congreso es una de las pocas entidades del Estado donde predomina la cuota laboral opositora.
- Un Congreso con planilla privilegiada: Existen un promedio de 23 trabajadores por cada parlamentario
Se ha convertido en una tendencia que el partido del presidente del Congreso predomine en la planilla legislativa. Eso es algo que se puede observar claramente en al menos los últimos seis años. Pero solo una de las presidencias ha reconocido que el Parlamento también funciona como una “agencia de empleos”.
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Mirtha Vásquez, titular del Poder Legislativo, reconoció a El Comercio en el 2021: “Hay oficinas adscritas a las vicepresidencias donde cada uno pone su gente. Yo les pido que tengan cuidado, pero ellos dicen que son autónomos. Luis Roel me dice: ‘A estos no los puedo botar de ninguna manera, son de mi partido’. Ante ello, le pedí que firme un documento donde él se haga responsable. Él pide que se ponga a dos personas en la Oficina de Cooperación y ha puesto a dos personas de Acción Popular”.
Las cuotas partidarias
La vicepresidencias tienen una serie de dependencias adscritas, y estas se convierten en espacios ideales para diversificar la contratación de la cuota partidaria. El mayor ejemplo de esto es la situación de la primera vicepresidencia a cargo de Lady Camones de Alianza para el Progreso.
Entre la vicepresidencia, las dos áreas adscritas a la vicepresidencia, y su despacho parlamentarios, Lady Camones suma un total de 12 personas vinculadas a su partido como contratadas en planilla. Además, sus trabajadores partidarios están inscritos en las listas de precandidatos de APP para las elecciones internas que se realizarán el 15 de mayo, con miras a los comicios subnacionales de octubre.
En su despacho vicepresidencial trabaja César Vásquez, excongresista que fue investigado dentro del caso Los Temerarios del Crimen, quien ahora postula como gobernador de Cajamarca; así como Jessica Tumi, exfuncionaria del gobierno de Ollanta Humala que constituyó una ONG junto a otras personas vinculadas a Nadine Heredia. Mientras que en el despacho parlamentario, labora Christian Calderón, pareja se Tumi, quien postula como candidato a la Alcaldía Provincial del Santa, en Áncash, la región que representa Camones.
Consultada sobre las contrataciones, Camones se limitó a responder sobre las postulaciones de sus trabajadores. “Los trabajadores que postularán a las próximas elecciones municipales y regionales pedirán su licencia de acuerdo a ley. Es el derecho de cualquier ciudadano y no se les puede limitar”, justificó la primera vicepresidenta del Parlamento.
En total suman más de 100 trabajadores del Congreso que están inscritos como precandidatos para las elecciones 2022. La mayoría de ellos (28) postulan como regidores provinciales. También postulan como precandidatos a gobernadores (5), alcaldes provinciales (9) y alcaldes distritales (26).
César Combina, precandidato de Fuerza Popular para la alcaldía distrital de San Isidro (Lima), figura en la planilla de una comisión del bicentenario que es presidida por la bancada del partido naranja.
Igual sucede con Josué Gutiérrez, asesor de la bancada de Perú Libre, que postula a la Alcaldía Provincial de Ambo (Huánuco).
El regreso de los ex
Otros detalle que resalta en la planilla congresal es la contratación de exparlamentarios. Suman en total unos 36 exlegisladores ubicados en despachos, bancadas, comisiones, y otras dependencias.
Un 28% de los excongresistas contratados proviene del periodo extraordinario 2020-2021, y otro 31% proviene del periodo disuelto 2016-2019.
En las planillas de excongresistas contratados figuran nombres cuestionados como Heriberto Benítes, investigado por el caso ‘La Centralita’ en Áncash, o personajes polémicos como el de Humberto Morales o Tamar Arimborgo. Esta última ha sido contratada en el despacho de la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui.
Para el especialista en temas parlamentarios Martin Cabrera, el problema radica en la modalidad de contratación, donde la discrecionalidad para contratar cargos de confianza prevalece.
“Esto provoca que las unidades orgánicas no contraten a la gente que se debe”, dijo Cabrera.
El consultor del Grupo de Análisis Político 50+1 también explicó que estructuralmente existe el servicio parlamentario y la organización parlamentaria, y esta última es una suerte de régimen especial que hace posible que el congresista contrate priorizando la confianza antes que lo técnico.
[ACLARACIÓN: En la versión impresa de este informe se colocó que el excongresista fujimorista Juan Carlos del Aguila Cárdenas trabajaba en el despacho de la tercera vicepresidencia. Sin embargo, desde Avanza País nos explicaron que se trataría de un homónimo, puesto que se trata de un dirigente partidario que lleva el mismo nombre y apellidos que el excongresista].
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