Pedro Castillo: exfuncionarios de su gobierno se reciclan en el Congreso | INFORME

Es el caso, por ejemplo, de Franco Pomalaya Neyra, quien fungió de asistente de comunicaciones del Despacho Presidencial en la era de Castillo. La Contraloría halló irregularidades en su contratación en Palacio de Gobierno, recomendando incluso denunciar penalmente a los funcionarios involucrados que dieron el visto bueno para su incorporación.

Desde el Despacho Presidencial, se giraron dos órdenes de servicio a favor de Pomalaya bajo el concepto de asistencia para la redacción de contenidos en redes sociales y asistencia técnica en comunicaciones. La primera se realizó en agosto del 2021, a días de iniciarse el gobierno de Castillo, y la segunda en enero del 2022. Ambas suman un total de S/54.400.

Y es justamente durante el desempeño de esa función que, en febrero del año pasado, Pomalaya también fue incluido en la investigación que abrió la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, a raíz del caso conocido como ‘Gabinete en la Sombra’.

En las pesquisas fiscales por este caso también están inmersos Alejandro Sánchez Sánchez, prófugo amigo y financista de Castillo; el exsubsecretario general de Palacio, Beder Camacho; el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina; entre otros funcionarios de la anterior administración.

Fuentes de El Comercio confirmaron que Pomalaya sigue teniendo la condición de investigado. El Ministerio Público lo ubica, dentro de la estructura de la presunta organización criminal, como integrante, junto a una veintena de personas.

Según el registro de proveedores del Estado, luego de su paso por el Despacho Presidencial, Pomalaya fue contratado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), con órdenes de servicio giradas en setiembre y octubre del 2022, y una última en enero de este año. Las tres suman S/23.000.

Sin embargo, tras el cambio de gobierno, Pomalaya también dejó el Ejecutivo y pasó a laborar en el Congreso. Según registros del Parlamento obtenidos por este Diario, en febrero de este año ingresó como auxiliar de la bancada Perú Democrático y, desde abril, se desempeña como auxiliar en el despacho de la congresista Nieves Limachi (Cambio Democrático – Juntos por el Perú).

La legisladora dijo a El Comercio que Pomalaya “cumple con los requisitos necesarios” para el cargo y, sobre el caso por organización criminal, dijo que ello “está en investigación, lo que no altera su desempeño ni impedimento de ser contratado”.

“Soy muy respetuosa de los procesos legales, por lo que estimo seguirá su curso como se debe y ya se aclararán los hechos”, señaló.

Pomalaya fue acusado en setiembre del 2021 de agredir a una reportera cuando buscaba obtener declaraciones del entonces presidente Castillo, hecho por el que tuvo que salir a pedir disculpas públicas.

Otro funcionario de la era de Pedro Castillo que ahora labora en el Parlamento es Braulio Grajeda Bellido, quien fue designado en agosto del 2021 como viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, cargo que tuvo hasta octubre de aquel año.

Grajeda, excandidato al Congreso por Perú Libre, fue incluido en las pesquisas que sigue la Fiscalía de Lavado de Activos en torno al financiamiento de la campaña electoral que llevó a Castillo a la Presidencia, en las que también está comprendida la actual mandataria Dina Boluarte.

Ambos, tanto Boluarte como Grajeda, abrieron una cuenta mancomunada a la que habrían llegado los aportes ilícitos por parte de trabajadores del Gobierno Regional de Junín, a quienes se habrían cobrado ‘cupos’ para la renovación de sus contratos, así como del tráfico de brevetes en la Dirección Regional de Transportes, tal como lo reveló El Comercio. El dinero habría servido también para pagar la reparación civil del prófugo exgobernador Vladimir Cerrón.

“La orden es de la cúpula de Perú Libre a nivel nacional, liderada por Vladimir Cerrón Rojas, a través de los diferentes grupos de WhatsApp del partido (...) era difundir el número de cuenta a nombre de Dina Boluarte y Braulio Grajeda. (...) Los aportes voluntarios de los trabajadores CAS era la suma de S/100 para los trabajadores, y los funcionarios debían de dar un monto mucho mayor, aportes que en realidad eran obligatorios condicionados a la renovación de sus contratos”, señaló a la fiscalía el aspirante a colaborador eficaz 04-2021.

Tras dejar la PCM, Grajeda fue contratado en noviembre del 2021 en el despacho del congresista Abel Reyes Cam (Perú Libre), en donde funge como asesor principal hasta la fecha, según los registros del Congreso. Grajeda es militante de Perú Libre y hasta abril de este año, fue miembro de la secretaría de organización sur, según Infogob.

En diálogo con El Comercio, Grajeda indicó que antes de ser designado como viceministro ya había trabajado en el Congreso. Señaló que fue el congresista Abel Reyes el que lo invitó a formar parte de su equipo, y quien le manifestó que no había inconveniente con el caso que lo involucraba pues se encontraba en investigación.

Sobre la pesquisa fiscal, Grajeda afirmó que abrió una cuenta con la presidenta Boluarte “para recolectar voluntariamente para el pago de una reparación civil del doctor Vladimir Cerrón”. Señaló que esa cuenta duró apenas 21 días y que se recaudó aproximadamente S/15 mil.

Remarcó que desconocía los hechos irregulares que ahora investiga la fiscalía y tiene que tiene la esperanza de que el caso se archivará.

“Está en investigación ese tema y esperemos que se esclarezca. Yo he actuado de buena fe, nunca he alzado un solo centavo del erario nacional en mi gestión como viceministro de gobernanza. Ha sido impecable mi gestión y no he tenido nunca ninguna otra una denuncia o investigación. Soy una persona honorable, honrada, que vengo trabajando al servicio de mi país”, remarcó.

Este Diario intentó recoger comentarios de Pomalaya, pero al cierre de este informe no respondió.