Congreso: Fiscalización empieza con 9 indagaciones pendientes
Congreso: Fiscalización empieza con 9 indagaciones pendientes
Martín Hidalgo Bustamante

Jefe de la Unidad de Periodismo de Datos

martin.hidalgo@comercio.com.pe

La Comisión de Fiscalización del Congreso está próxima a abrir dos investigaciones: la del Caso Lava Jato y la de las agendas que se atribuyen a Nadine Heredia. Sin embargo, antes debe lidiar con la carga procesal de la anterior gestión que ha dejado nueve expedientes pendientes y otras mociones de indagación por revisar. 

La semana pasada, la comisión aprobó un informe preliminar que pide 90 días de ampliación al pleno del Congreso para seguir indagando sobre Manuel Burga, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Esto debido a que el grupo no pudo llegar a ningún tipo de conclusión después de nueve meses de investigación. 

Otro informe preliminar que requeriría mayor plazo es la investigación de las presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Loreto, aprobado en noviembre del 2014. A diferencia del caso de Burga, este ya fue aprobado en el pleno del Congreso, pero según indica el plan de trabajo de Gustavo Rondón (nuevo presidente de la comisión) “no se ha ejecutado el acuerdo por falta de quórum”. 

Existen otras investigaciones estancadas sobre gobiernos regionales. Destacan las pesquisas al Gobierno Regional del Cusco durante los períodos 2007-2010 y 2011-2014 y la indagación a la gestión de César Acuña en la Municipalidad de Trujillo. 

La carga procesal de Fiscalización del Congreso responde también a indagaciones repetidas, como el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Pese a que la Comisión de Inteligencia tiene un informe en mayoría y otro en minoría sobre los supuestos seguimientos a personalidades, la Comisión de Fiscalización aún no efectúa citaciones. Esto pese a que su indagación fue aprobada en enero, al mismo tiempo que Inteligencia acogió la denuncia. 

De otro lado, el anterior presidente, Enrique Wong, dejó en el tintero las investigaciones por las presuntas irregularidades en la adquisición y destino de 8’240.000 pañales por el Ministerio de la Mujer. Las indagaciones se iniciaron en marzo del 2015 y solo algunos involucrados han sido citados. Cabe recordar que el caso tuvo amplia cobertura periodística y enfrentó a las ex ministras Ana Jara y Carmen Omonte.

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