El 11 de marzo del 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaraba el coronavirus como pandemia. Cinco días después, el nuevo Congreso de la República se instalaba en una ceremonia presencial en la que los abrazos no fueron precisamente la excepción.
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Así, desde su primer día de funcionamiento, el nuevo Parlamento, surgido luego de la disolución del anterior, se convertiría en blanco de críticas. Las expectativas, vale decir, no eran bajas. Tras poco menos de medio año sin Legislativo, los peruanos veían en los nuevos padres de la patria una oportunidad de recambio frente a uno que no se había ido en los mejores términos: 85% de la población había respaldado el cierre del Congreso instalado en el 2016, que había llegado a su fin con un pálido 15% de aprobación y una desaprobación de 78%.
Si el remedio ante una relación altamente conflictiva entre el Congreso y el Ejecutivo había sido convocar a uno nuevo, nueve meses más tarde hay quienes se preguntan si fue, en efecto, mejor que la enfermedad. En un contexto de pandemia y con un proceso electoral a la vuelta de la esquina, al nuevo Parlamento se le ha señalado más de una vez el haber aprobado normas que, pese a ser populares, no han contado con el suficiente sustento técnico. Entre marzo y diciembre, tres leyes terminaron en el Tribunal Constitucional (TC), dos de las cuales, hasta el momento, han sido declaradas inconstitucionales.
Ocho meses luego de haberse instalado, el “Congreso de Vizcarra” –como lo llamaron algunos detractores de la disolución del 30 de setiembre– terminó por vacar al presidente que convocó a su elección. En su lugar, tomó las riendas del gobierno el entonces presidente del Parlamento, Manuel Merino, cuyo brevísimo régimen fue blanco de multitudinarias manifestaciones. Dos jóvenes, Inti Sotelo y Jack Pintado, murieron a manos de la Policía.
A pocos días de terminar el año, los voceros de siete bancadas del Congreso de la pandemia aceptaron conversar con El Comercio sobre aquello que pudo hacerse de manera distinta. “Una autocrítica navideña”, dijo alguno. Aquí sus reflexiones.
Ricardo Burga (Acción Popular)
Ricardo Burga Chuquipiondo no es portavoz de un grupo parlamentario cualquiera. Acción Popular, además de tener la primera minoría, es la bancada a la que pertenece de Manuel Merino de Lama, quien asumió, por solo días, la presidencia de la República tras la vacancia de Vizcarra.
Mirando hacia atrás, Burga cree que el Congreso falló en no ser lo suficientemente fiscalizador con el Ejecutivo. “El tema de la pandemia no permitió hacer una buena fiscalización. No nos ha dado tiempo de poder fiscalizar a gobiernos regionales y locales donde hay casos de corrupción”, dice.
Burga también cree que no se puso énfasis suficiente en la revisión de los decretos de urgencia que, durante el interregno, emitió el gobierno de Martín Vizcarra. Luego del 30 de setiembre del 2019 y hasta la instalación del nuevo Legislativo, el Ejecutivo emitió 68 de estas normas. Para Burga, haberlos revisado con cuidado habría evitado el paro agrario que acatan los trabajadores del sector en demanda de mejores condiciones laborales, pues uno de ellos, el 043-2019, extendió la vigencia de la Ley de Promoción Agraria hasta el 31 de diciembre del 2031.
“No le pusimos fuerza a revisar los decretos de urgencia del interregno. Se los entregamos a una subcomisión que presidía Gino Costa (Partido Morado) y no supimos presionar para que dictamine. Y es por eso que se produjo el paro agrario”, asegura.
Hay también, sin embargo, autocrítica en la labor legislativa propiamente dicha, aunque a título personal. Para Burga, la ley que permite la devolución de los aportes a la ONP –aprobada con votos de su bancada y actualmente sujeta a una demanda de inconstitucionalidad en el TC– “debió tener un mayor estudio”.
“Debió tener un estudio mucho más técnico, un poco más mesurado. Creo que se politizó mucho”, reflexiona.
“El enfrentamiento siempre ha nacido del Ejecutivo, nunca del Legislativo”
En lo que sí niega responsabilidad el vocero de la bancada de la lampa es en la turbada relación entre el gobierno de Vizcarra y el Congreso. Según Burga, el Parlamento intentó, varias veces y sin éxito, tender puentes con el Ejecutivo.
“Nosotros siempre tuvimos las ganas de colaborar con el gobierno de Vizcarra. Se lo ofrecimos no una vez, sino infinidad de veces”, señala. Como ejemplo, comenta cómo el Congreso le otorgó las facultades legislativas que pidió en marzo. También recuerda que, pese a que el plazo para que el Presidente del Consejo de Ministros se presente ante el pleno a pedir el voto de confianza era de 30 días, se le dieron 60 debido a la coyuntura de pandemia.
Hacia el final de nuestra conversación, Burga nos pidió consignar una reflexión que, pese a no ser autocrítica, considera imprescindible:
“Yo quiero felicitar a Manuel Merino por la muy buena muñeca que tuvo al manejar el Congreso, porque logró alcanzar consensos en el pleno. Se le extraña a Manuel Merino (en la presidencia del Parlamento, actualmente desempeñada por la frenteamplista Mirtha Vásquez)”.
César Combina (Alianza para el Progreso)
El 9 de noviembre, 20 de los 21 congresistas del partido de César Acuña presentes en la sesión votaron a favor de destituir a Martín Vizcarra Cornejo. Poco más de un mes después, César Combina Salvatierra –quien asumió la vocería en reemplazo de Fernando Meléndez, luego de que se difundieran fotos suyas en un matrimonio en plena pandemia– no se enorgullece de la decisión.
“Creo que (la vacancia) debió ser no solamente un proceso de mayor reflexión, sino de mayor análisis de los impactos. A estas alturas, nos queda claro que le señor Vizcarra sí tiene problemas, sí va a terminar dando la cara por los delitos que ha cometido. Sin embargo, no vimos la otra parte, que era la situación social, el impacto de la medida en la crisis sanitaria. Tuvimos que tener una reflexión mayor”, dice.
Otra autocrítica de Combina se refiere al desempeño de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
“Esta subcomisión tan importante no ha estado trabajando al ritmo que se necesitaba. Por otro lado, al ser un órgano adscrito a la Comisión Permanente, tampoco esta ha tenido la presencia y la actividad que ha tenido otros años. El trabajo de la Comisión Permanente y la subcomisión de Acusaciones Constitucionales hubiera traído más tranquilidad y respuestas en un año bastante agitado”, sostiene.
El congresista reconoce un tercer punto flaco del Legislativo en el 2020, que tiene que ver con la aprobación de normas.
“Tenemos que reconocer como Congreso que ha habido una equivocación en la priorización en la agenda de proyectos declarativos. Hemos tomado horas y horas de debate en proyectos que suenan muy importantes, pero que son proyectos de declaración. Esto genera una expectativa sobre un impacto directo, cuando son más bien una exhortación al Ejecutivo a tomar acción”, explica en referencia a aquellas leyes que declaran, por ejemplo, la creación de un distrito.
A esto suma la falta de análisis económico de las normas aprobadas, una de las principales críticas que ha recibido el Congreso 2020-2021.
“Definitivamente es una deuda que este Congreso no ha sabido resolver. Nosotros desde APP proponemos que exista un organismo parlamentario para el análisis costo beneficio de las normas. La falta de análisis económico, y también constitucional, nos ha traído algunas derrotas desde el inicio”, reconoce.
Según Combina, esta situación está intentando corregirse en el caso de la nueva Ley de Promoción Agraria, cuyo debate y aprobación se vería en el pleno este 26 de diciembre.
Diethell Columbus (Fuerza Popular)
Hace unas semanas, Diethell Columbus Murata pidió licencia de la vocería de la bancada naranja. En su lugar, asumió el encargo Gilmer Trujillo. Este, sin embargo, nos derivó de vuelta con Columbus, por considerar que la mayor cantidad de tiempo como portavoz aseguraría una mayor perspectiva.
“No es poca cosa que el TC haya declarado inconstitucional dos leyes, y seguiremos contando”
Para Columbus, el 2020 será recordado “como el año del azote de las dos pandemias: la del COVID-10 y la del populismo parlamentario”.
“Como parte de una institución también me toca cargar con sus pasivos, pese a que no he acompañado a la gran mayoría con mi voto en los temas constitucionalmente controvertidos. Quizá la principal autocrítica que debemos hacernos como institución es que las leyes aprobadas en su gran mayoría son el resultado de politiquería y populismo”, señala.
“Esto parece no importarles a mis colegas. Tan es así que se ha tenido la desfachatez de señalar que para que ya no declaren inconstitucionales las leyes que aprueban por mayoría, se necesita una nueva Constitución que sea cómplice en sus delirios populistas (…) Me apena que el 2020 sea recordado como el año del azote de las dos pandemias. La del COVID19 y la del populismo parlamentario”, agrega.
Por otro lado, Columbus insiste, como presidente de la Comisión de Ordenamiento Legislativo, que los proyectos que se han presentado desde ese grupo de trabajo “para mejorar la calidad de las leyes y ordenar el debate parlamentario” deben ser priorizados.
“Lamentablemente, estas propuestas ni siquiera son agendadas para su dictamen. Parece que no les interesa el tema o tal vez esperan que esté de lambiscón para que se dignen en hacer su trabajo”, dice.
Guillermo Aliaga (Somos Perú)
Guillermo Aliaga Pajares no solo es el portavoz de Somos Perú. El 16 de noviembre, luego de la renuncia de Manuel Merino a la presidencia de la República, fue elegido segundo vicepresidente del Congreso.
Para Aliaga, el Congreso debió haber hecho un mayor seguimiento al proceso de compra de las vacunas contra el coronavirus por parte del Gobierno.
“La comisión especializada pudo haber hecho mayor énfasis en ver dónde estaban las trabas”, sostiene.
Otra crítica –en la misma línea que Columbus y Combina– tiene que ver con la forma en la que se aprobaron leyes de alto impacto económico. Según el portavoz de la bancada del corazón, se debió involucrar “bastante más” la opinión de entidades especializadas en la formulación de las normas.
Mirando hacia atrás, Aliaga cree que debió haberse aprobado en la primera legislatura la eliminación de la inmunidad parlamentaria con la fórmula que fue adoptada el último 10 de diciembre. En julio, el pleno del Congreso había aprobado dicha reforma, pero retirando también también retirar el antejuicio para los ministros y la inmunidad de otros altos funcionarios.
“Si en la primera legislatura hubiésemos aprobado el texto que acabamos de aprobar, en esta legislatura hubiéramos podio tener ya la reforma constitucional”, señala.
A diferencia de la mayoría de los voceros, Aliaga sí encuentra motivos para reflexionar sobre la turbada relación entre el Parlamento y el Gobierno.
“Yo creo que todo siempre es mejorable. La relación Ejecutivo-Legislativo, si bien no tiene por qué ser lo más alegre, sí tiene que ser cordial y respetuosa, con miras al bienestar de la sociedad. En esa línea, sí creo que ha podido ser mucho más fluida. Esperemos que, con el actual Gobierno, del señor Sagasti, se pueda atenerse a eso, que es lo que demanda la población”, sostiene.
Daniel Olivares (Partido Morado)
Se dice que la confianza es el cimiento de toda relación. Y aquella entre los congresistas, piensa Olivares, no es la excepción.
Daniel Olivares Cortés asumió la vocería del Partido Morado en reemplazo de Francisco Sagasti, cuando este se convirtió en presidente del Perú. Para Olivares, el contexto de pandemia dificultó la creación de un elemento esencial para la labor parlamentaria: los lazos de confianza.
El congresista explica que la dinámica del Congreso depende mucho de las negociaciones, las cuales se logran, a su vez, a través del “contacto directo, las conversaciones en vivo, uno a uno”.
Con un Parlamento que trabaja de manera remota, dice Olivares, los congresistas fallaron en encontrar “dinámicas alternativas al contacto directo” para crear lazos de confianza y, por ende, consensos.
“Tal vez hubiéramos podido ser más creativos y encontrar maneras de conocernos más rápido, quizás con reuniones uno a uno, cosa que no hemos hecho. Ha habido mucha distancia entre los congresistas y nos ha costado mucho ponernos de acuerdo en muchas cosas”, asegura.
Gino Costa, vocero alterno del Partido Morado, agrega algunas medidas específicas que, en su opinión, debieron hacerse realidad en el Congreso de la pandemia: la aprobación del retorno a la bicameralidad y la elección de magistrados del TC.
“No nos ganamos el derecho a hacerlo”, concluye.
Lenin Checco (Frente Amplio)
Lenin Checco Chauca, vocero de la bancada de izquierda, termina el año lamentando no haber dedicado más tiempo a su propuesta bandera: el cambio del régimen económico de la Constitución. La pandemia y la lucha de egos, dice, los distrajo de las reformas de fondo.
“A todo el Congreso la pandemia nos agarró en una situación crítica. No tuvimos capacidad de reacción y el Legislativo no tenía un plan”.
Como ejemplo, Checco se refiere a medidas que, buscando atender una necesidad inmediata, han dejado de lado reformas integrales. Como ejemplo, recuerda la ley de ascensos automáticos en el personal de Salud, declarada inconstitucional por el TC el último 17 de diciembre.
“Se podría haber hecho un trabajo más coordinado para que las leyes sean consensuadas. Los egos, me incluyo, han podido más que la necesidad. Todos querían figurar como autores de las leyes y salvadores en los temas inmediatos. Esto ha significado que no hagamos algunas propuestas de fondo”, reflexiona.
Para Checco, el Legislativo falló en no haber aprobado la creación de un impuesto a las grandes fortunas.
En cuanto a la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo, el congresista se reafirma en que los errores vinieron, siempre, de parte del primero.
“De nuestra parte, nosotros hemos tenido la predisposición a ser una bancada de oposición constructiva. En la primera etapa hemos conversado con el señor Vizcarra, hemos presentado propuestas. En este momento estamos viendo que, de parte del señor Vizcarra no hubo capacidad de concertación”, asegura.
Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática)
En un país con un sistema partidario particularmente débil como el Perú, la ruptura de bancadas y creación de nuevas se ha convertido en una práctica común. Es el caso de Descentralización Democrática, un grupo parlamentario conformado por los cuatro congresistas que renunciaron a la bancada de Somos Perú, luego de la vacancia de Martín Vizcarra.
Mariano Yupanqui Miñano, portavoz alterno de esta nueva bancada, lamenta que el Congreso 2020-2021 no haya logrado presentar una mayor cantidad de propuestas multipartidarias.
“Creo que la coyuntura ha generado que no podamos tener estos consensos, y no hemos sido muy consecuentes en el tema de tener propuestas multipartidarias. Al inicio se planteó hacer una agenda de todos (los partidos en el Parlamento). Sin embargo, en el camino cada uno se fue desprendiendo por sus objetivos de campaña o personales. Se perdió esa buena práctica que se consideró al comienzo”, asegura.
Otra reflexión de Yupanqui tiene que ver con el trabajo de la comisión de Justicia. Cree que este grupo de trabajo debió tener mayor protagonismo respecto de propuestas de endurecimiento de las penas.
“No se ha dado oportunidad a una comisión que es trascendental para reducir los índices de delincuencia”, sostiene.
Al ser consultado por la tensa relación entre el Congreso y el Gobierno, Yupanqui coincide con la mayoría de sus colegas voceros: pese a los intentos del Legislativo por mantener una relación cordial, esta no fue posible.
“Nosotros, desde el principio, hemos tenido predisposición (para concertar). Le brindamos las facultades legislativas, por ejemplo. En el camino ha habido confrontaciones superables”, concluye.
Para este informe, el Comercio intentó repetidas veces comunicarse con los representantes de las bancadas del Frepap, Unión por el Perú, Podemos Perú y Nueva Constitución. Sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
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