Las propuestas que buscan evitar que congresistas de Lima cobren bono por instalación

En lo que va del actual periodo parlamentario 2020-2021, se han presentado hasta el momento tres iniciativas legislativas que proponen, aunque con algunos matices, modificar el Reglamento del Congreso para así establecer que los legisladores de Lima y Callao ya no cobren el bono por gastos de instalación equivalente a una remuneración mensual: S/15.600.

Esto debido a la polémica que se generó semanas atrás tras conocerse que 23 congresistas accedieron a este desembolso, a pesar de la cercanía de su residencia con el Palacio Legislativo y pese a que algunos de ellos, durante la campaña, dijeron que no lo harían.

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La Comisión de Ética Parlamentaria inició el pasado 9 de julio una indagación de oficio sobre el tema, a propuesta de su presidente, César Gonzales Tuanama (Somos Perú, Ucayali), aunque todo parece indicar que no se llegará a formalizar una investigación al considerarse que no habría infracción al Código de Ética Parlamentaria.

En el informe de calificación propuesto se remarca que el acuerdo de Mesa Directiva, en el que se autoriza dicho bono, “no distingue la circunscripción electoral de procedencia, por lo que tienen el mismo derecho a cobrar gastos de instalación los parlamentarios electos por Lima, la provincia constitucional del Callao o por cualquier otro departamento del Perú”.

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El acuerdo que autoriza dicho desembolso, a su vez, se sustenta en el artículo 22 del Reglamento del Congreso, que establece que los legisladores tienen derecho “a recibir las mismas facilidades materiales, económicas, de personal que requiera para el mejor desarrollo de sus funciones”.

Y, ciertamente, esta no es la primera vez que legisladores de Lima cobran este bono. Al inicio de los últimos periodos congresales siempre se ha generado esta discusión. La polémica, en todo caso, surge puesto que los legisladores electos por Lima, a comparación de los de provincia, no ocupan gastos para movilizarse o para instalarse en nueva vivienda en la capital, donde funciona el Congreso.

Propuestas

Acción Popular fue la primera bancada del actual periodo congresal que presentó un proyecto de resolución legislativa para abordar este tema. Lo hizo el 22 de junio del 2020, hace casi 40 días. En su exposición de motivos, se hace hincapié en que esta asignación económica se viene otorgando desde el periodo parlamentario 2001-2006.

“La asignación en mención se ha venido otorgando a través de acuerdos de mesa sistemáticamente en cada nuevo periodo parlamentario, haciéndose necesaria su regulación a través del Reglamento del Congreso. […] Asimismo, siendo esta institución la llamada a ser un ejemplo del buen uso de los presupuestos públicos y de buscar su optimización”, se sostiene.

El texto, de autoría del vocero de la agrupación, Otto Guibovich (Acción Popular, Áncash), y suscrito por otros seis congresistas, propone en consecuencia incorporar al artículo 22 del Reglamento lo siguiente:

“Los congresistas perciben una asignación por gastos de instalación equivalente a una remuneración mensual por única vez […] Están exceptuados de esta asignación los congresistas electos por los distritos electorales correspondientes a Lima Metropolitana y a la Provincia Constitucional del Callao”.

Asimismo, se deja abierta la puerta para que “voluntariamente” los congresistas del interior del país puedan renunciar al mismo, a través de una solicitud.

La fórmula de Podemos Perú

La segunda propuesta es de la agrupación que lidera Daniel Urresti (Podemos Perú, Lima). El texto, presentado el 24 de junio, es suscrito por otros cincos legisladores de la agrupación, entre ellos, María Gallardo (Lambayeque), Robinson Gupioc (Lima) y José Luna Morales (Lima).

Lo que Podemos Perú plantea es igualmente incluir en el artículo 22 del Reglamento del Congreso que, con excepción de los representantes de Lima y Callao, los congresistas tienen derecho a recibir por única vez el desembolso por gastos de instalación.

Sin embargo, también se remarca que los legisladores electos por el interior del país deberán “acreditar que no cuentan con bienes propios ni como sociedad conyugal en Lima o Callao”.

“Lamentablemente y de manera consecutiva, el Parlamento ha iniciado su periodo anunciando la renuncia del bono de instalación. Sin embargo, se ha demostrado que muchos legisladores han omitido ese compromiso generando la polémica del gasto que genera el Congreso únicamente por sueldos, bonos y otros beneficios”, se detalla.

La tercera iniciativa

Una fórmula similar se presentó un mes después, el 24 de julio pasado. El legislador Ricardo Burga (AP) es acompañado por otros cinco colegas de su agrupación.

En el texto se plantea excluir a los legisladores de Lima y Callao del cobro de este beneficio, así como a “los congresistas de provincias que tengan propiedades en los Registros Públicos de Lima”.

“Aquellos que hagan uso de esta asignación, tienen la obligación de rendir cuentas ante la Oficialía Mayor en un plazo de 30 días calendarios”, se agrega. Esta es la única propuesta que contempla esta figura.

¿Tienen posibilidad de salir adelante?

De acuerdo con el portal web del Congreso, tanto la primera propuesta de Acción Popular como la de Podemos Perú ya se encuentran en manos de la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Omar Chehade (Lima, Alianza para el Progreso), con el fin de que sean debatidas y se emita un dictamen. La fórmula del congresista Ricardo Burga, en tanto, todavía no ha sido derivada.

“Si hay un proyecto de ley, lo veremos”, dijo Chehade a El Comercio. Aunque aseguró no tener conocimiento de la llegada de estos y que tendría que preguntar a secretaría técnica.

Consultado por su opinión personal, el legislador de APP dijo que “la Constitución es bastante clara, los congresistas de la República no representan a sus regiones, representan al Perú”.

En ese orden de ideas, mencionó que “los acuerdos de Mesa Directiva no pueden hacer ninguna diferencia, en absoluto. Si se hiciera alguna diferencia más bien ahí sí contravendría la Constitución Política. Habría que hacer todo un cambio constitucional. Y la verdad que por ese tema desde mi punto de vista no valdría la pena […] Hay temas más importantes”.

Esto último en referencia a las reformas políticas que el grupo viene trabajando ahora de cara a las próximas elecciones 2021, por ejemplo.

“Pero si hay un proyecto de ley, como todos lo analizaremos”, puntualizó.

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