Comisión de Ética: informe recomienda declarar improcedente denuncia contra Merino de Lama

Un informe elaborado por la secretaría técnica de la Comisión de Ética recomienda declarar improcedente la denuncia contra el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), por los contratos firmados por sus familiares con el Estado, pese a que la ley lo prohíbe.

El documento, al que tuvo acceso El Comercio, indica que los hechos denunciados se encuentran relacionados a los supuestos contratos que habrían suscrito con el Estado la madre, hermana y hermano del congresista por los años 2011 al 2016, periodo en el cual era congresista.

Asimismo, se precisa que se trata de “hechos no realizados por el congresista denunciado, sino aparentemente por familiares”, por lo que la comisión “no tiene competencia para pronunciarse sobre los mismos”.

Recordó que una denuncia similar se presentó en el 2014 y fue investigada y archivada en esa ocasión, por lo que no se aplicaría el principio non bis in ídem, es decir, no se podrá interponer sucesiva o simultáneamente una sanción por el mismo hecho en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

“En consecuencia, de la evaluación de la denuncia periodística y los descargos presentados, se puede concluir que no se ha infringido ninguno de los principios éticos contenidos en el código y desarrollados en el reglamento, ni los deberes de conducta establecidos en el artículo 4 del código”, detalló.

Diversos contratos con el Estado

Como se recuerda, el pasado 1 de junio el programa “Punto Final” reveló que los hermanos y la madre del congresista contrataron por más de S/200 mil con el Estado peruano pese a estar impedidos de ello.

Según el reportaje, Marco Antonio Merino, Elba Merino, y su madre Elba de Lama, fueron contratistas entre el 2011 y el 2016, cuando el militante de Acción Popular era congresista de la República.

La hermana del legislador, Elba Merino de Lama, contrató por S/ 63.500 por sus servicios como arquitecta al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), así como por la revisión de estudios técnicos para el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el programa nacional de saneamiento rural y un contrato con la Municipalidad de Ramón Castilla. De esta forma, recibió el 2014 S/11.000; el 2015, S/ 31.000; y el 2016, S/ 21.500.

En tanto, la madre de Merino contrató por S/ 37.200 con el Estado por el alquiler de una oficina al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), de manera que el 2012, recibió S/ 12.000; el 2013, S/ 14.000; y el 2014, S/ 11.200.

Finalmente en el caso de su hermano, Marco Antonio Merino, el programa señaló que la empresa de la cual es gerente general, “San Joaquín Servicios Múltiples”, fue proveedora del Estado y recibió S/ 100.991 entre el 2011 y el 2016.

Adicionalmente, “Punto Final” reportó que en febrero del 2020, un mes antes de que Merino asuma nuevamente como congresista y presidente del Parlamento, la empresa en la que su hermano es gerente recibió S/ 27.140 por servicios en el rubro construcción en la Municipalidad de Tambo Grande.

Te puede interesar

• La ONP como origen de otra crisis: un Congreso sin frenos contra el Ejecutivo | Análisis
• Congreso: Comisión de Ética suspendió su sesión por tercera semana consecutiva
• Elecciones 2021: Los primeros amagos de campaña entre pintas, videos y búsqueda de alianzas
• Martín Vizcarra no responderá a comisión: los argumentos del Ejecutivo bajo la lupa
• Comisión de Ética: Informe rechaza investigar a dos congresistas denunciados por no respetar protocolos COVID-19
• Congresista Rosario Paredes culpa a su exconviviente de pedir depósito de dinero a extrabajadora
• Comisión de Ética se instaló sin tomar alguna decisión sobre denuncias públicas pendientes