Comisión de Ética: cinco congresistas intentaron blindar a Edgar Tello con votos en abstención

Con sus votos en abstención, cinco congresistas intentaron blindar al legislador Edgar Tello, del Bloque Magisterial, este lunes 4 para que la Comisión de Ética Parlamentaria no lo investigue por presunto recortes de sueldo y otros casos.

Se trata de los legisladores Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario), Héctor Valer (Somos Perú), Elías Varas (Perú Bicentenario), Cheryl Trigozo (Alianza para el Progreso) y Alex Paredes (Bloque Magisterial).

Paredes, quien es compañero de bancada de Tello, tomó la palabra durante la sesión de la Comisión de Ética para tratar de desacreditar el informe de calificación que recomendaba declarar procedente la denuncia.

El legislador se refirió a presuntas imprecisiones del documento y cuestionó que no se tomaran los descargos de Tello.

No obstante, el presidente de la comisión, el congresista Diego Bazán (Avanza País), precisó que Tello tendrá el derecho a defenderse durante el proceso de investigación.

El blindaje a Tello no prosperó porque hubo 10 votos a favor de la investigación. Estos fueron de Kira Alcarraz (Podemos Perú), Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso), David Jiménez, Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), Javier Padilla (Renovación Popular), Margot Palacios, María Taipe (Perú Libre) y Diego Bazán.

Con ello, la comisión respaldó el informe que recomendó declarar procedente la denuncia contra Tello por presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria y al Reglamento del Código de Ética.

ESTA ES LA CONCLUSIÓN DEL INFORME DE CALIFICACIÓN:

Tello no solo es acusado de recortar el sueldo de sus trabajadores, sino también de hostigar a una trabajadora gestante y pedir US$ 8 mil a la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en Perú para comprar utensilios para las ollas comunes.

El legislador también enfrenta una investigación en la fiscalía por presunto delito de concusión en agravio del Estado, por el caso de presunto recorte de sueldo.

En mayo pasado, la trabajadora parlamentaria Marie Silva denunció al congresista por pedirle que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió del Congreso, como reveló “Punto Final”.

Silva también lo acusó de hostigamiento laboral por negarse a aceptar que le recorten su sueldo, como detallamos en El Comercio recientemente.

Tras ser denunciado públicamente, Tello aseguró que se allana a las investigaciones. “He tenido 10 trabajadores y solo una persona me está sindicando. Las investigaciones determinarán. [...] Aquel que denuncia tiene que probar”, dijo en diálogo con RPP el mes pasado.

La máxima sanción que puede recomendar la Comisión de Ética al pleno del Congreso es la suspensión del congresista por 120 días. No obstante, la comisión ha blindado a otros legisladores que también fueron denunciados por recortar salarios.

Hasta el momento, al menos 11 trabajadores y extrabajadores parlamentarios han denunciado a ocho congresistas por recortes de sueldo: Magaly Ruiz, Rosío Torres, Heidy Juárez, María Cordero Jon Tay, Katy Ugarte, Edgar Tello, María Acuña y Jorge Luis Flores Ancachi.

Además, otro legislador, José Arriola (Acción Popular), contaba en su vivienda con declaraciones juradas con las que su personal se comprometía a realizar supuestos aportes voluntarios, como descubrió la fiscalía durante un allanamiento a su inmueble.

Por último, la Fiscalía de la Nación inició diligencias preliminares contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, por presunto recorte de sueldo, luego de que “Cuarto poder” revelara que sus trabajadores parlamentarios le financian la publicidad en redes sociales.

Recientemente, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó a 22 años de prisión al excongresista Michael Urtecho y a 28 años de cárcel a su esposa, Claudia González, por enriquecimiento ilícito y concusión, luego de 10 años de ser acusados por recortes de sueldo.

Urtecho y su esposa cumplirán prisión efectiva si la condena se confirma en segunda instancia.