Congreso se niega a entregar información pese a que es pública

El Congreso se blinda a sí mismo cuando de transparencia se trata. El Comercio realizó una serie de pedidos de acceso a información pública y estos han sido negados por la actual Mesa Directiva.

El primer pedido se hizo el 3 de setiembre pasado, cuando solicitamos “el listado de los descuentos realizados a los congresistas, entre agosto del 2011 hasta la fecha, por las inasistencias injustificadas a las sesiones del pleno del Congreso y demás órganos legislativos, estipulados en el artículo 23 del reglamento del Congreso”. 

La Dirección General de Administración se demoró 18 días –haciendo uso de los siete días de plazo y cinco de prórroga que estipula la ley– para darnos su negativa. Argumentó que “la solicitud de información no implica la obligación de las entidades de la administración pública de crear o producir información con la que no cuenta”. 

Remitimos este documento al Centro Liber, especialista en derecho al acceso a la información pública. Tras la revisión del caso, el abogado José Arrieta consideró que “no resulta aceptable” la argumentación del Congreso, pues si bien puede ser cierto que no tienen un listado detallado, deberían entregar oficios de todos los descuentos. 

“La ley tiene una redacción inapropiada en este punto. El Tribunal Constitucional ha interpretado esta norma en algunas ocasiones y ha establecido que cuando se trata de información que no tiene pero debería tener, la entidad pública debe entregarla”, acotó Arrieta.

Pero el Congreso utilizó el mismo argumento para negarnos otros tres pedidos: 
1. Los gastos realizados por cada uno de los 130 despachos parlamentarios y las tres vicepresidencias, mes a mes, desde agosto del 2011 hasta la fecha. 
2. Los gastos en telefonía de cada uno de los 130 despachos, desde agosto del 2011 hasta la fecha.
3. El listado del personal, actualizado a la fecha, perteneciente al Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria, destacado a despachos congresales, entre otros. 

Al igual que lo sucedido con la información sobre descuentos, Arrieta dijo que “en caso de que no tuvieran el nivel de detalle solicitado deberían entregar lo que tengan”. Sobre el punto número 3, el abogado calificó la negativa de entregar información como “arbitraria y contraria al artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública [...] El listado del personal perteneciente al módulo es un documento que necesariamente deben tener. Si no lo tuvieran, lo pueden confeccionar en el acto”, mencionó.

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