Congreso suspendió debate sobre medidas de variación de prisión preventiva para el deshacinamiento de penales

El pleno del nuevo Congreso no consiguió consenso para aprobar el texto sustitutorio que aprueba medidas excepcionales de cese de prisión preventiva para el deshacinamiento de penales. El texto aprobado, que recoge los proyectos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, pasó a un cuarto intermedio tras una serie de observaciones.

Por primera vez en sus casi dos meses de gestión el pleno debatió un dictamen de ley. Hasta la fecha, todas las normas vistas, a lo largo de cuatro sesiones plenarias, fueron exoneradas del trámite de comisión. Tras una serie se observaciones, el dictamen original se convirtió en un texto sustitutorio, pero este último no logró convencer a la mayoría.

Leslye Lazo (Acción Popular, Lima), presidenta de la Comisión de Justicia, sustentó el texto sustitutorio, pasada las 11:00 p.m., y explicó que se retiró un artículo referido al cese de la prisión preventiva por delitos graves. “Para que no se filtren los ‘hermanitos’, en el entendido que el Poder Judicial viene realizando medidas al respecto”, refirió.

El cese de la prisión preventiva procederá, según el texto presentado, cuando se trate de procesados que hayan cumplido la mitad del plazo y carezcan de antecedentes penales. Cuando se trate de presos preventivos que tengan antecedentes penales solo procederá la revisión si ha cumplido dos terceras partes del plazo.

En esa misma línea, estipulaba que el beneficio aplica para mujeres con prisión preventiva que sean gestantes o con hijos menores de tres años de edad, así como de adultos mayores de 65 años de edad, siempre que no se trate de delitos exceptuados.

La titular de la Comisión de Justicia recogió otra propuesta para que los internos, previamente, sean sometidos a pruebas de descarte de COVID-19, cuyo costo será asumido por el Ministerio de Salud, y sean aislados “en un centro idóneo”. Asimismo, el ministro de Salud, Víctor Zamora, debería presentarse en 60 días ante la Comisión de Justicia para brindar un informe sobre lo avanzado.

De otro lado, el texto sustitutorio contemplaba que, para la remisión condicional de la pena, el condenado deba haber cumplido como mínimo dos tercios de la pena, siempre que no se trate de los delitos excluidos. Además de acreditar otros supuestos como ser mayor de 65 años de edad y adolecer de enfermedades graves o crónicas calificadas como riesgosas frente al coronavirus; así como ser madre gestante o tener hijos menores de tres años de edad.

“Los jueces a cargo de las causas que están bajo su competencia dispondrán que los funcionarios o servidores designados presenten, dentro del plazo de dos (2) días útiles, un listado de los procesos a su cargo que cumplan lo dispuesto en el artículo 2. Igualmente, el Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio Público remitirán, en el plazo de dos (2) días útiles, las listas que deberán publicarse de aquellos presos preventivos que pueden encontrarse en los supuestos legalmente fijados de procedencia de esta medida”, señalaba el texto sustitutorio sobre el procedimiento para el listado de internos beneficiados.

Pese a las observaciones, varios congresistas continuaron mostrando su disconformidad. Martha Chávez (Fuerza Popular, Lima) dijo que tal como estaba el texto sustitutorio beneficiaría “solo a cinco personas”. Mientras que Hans Troyes (Acción Popular, Cajamarca) anunció que votaría en contra, pues hay otros “temas más relevantes” por debatir.

Dictamen original

El debate sobre los penales arrancó a las 12:41 p.m. En su primera intervención, la legisladora Lazo explicó que la mejor manera de evitar contagio es el distanciamiento social y el higiene, reglas que no se cumplen en los establecimientos penitenciarios por el hacinamiento registrado. “Eso los convierte en un foco de contagios”, refirió y descartó que la propuesta busque “sacar a delincuentes a la calle”.

“Tampoco podemos ser ingenuos. Para solucionar el deshacinamiento, se requiere justicia célere y de la construcción de más establecimientos penitenciarios. El gobierno ha tenido una reacción tardía ante una problemática que no es de hoy”, acusó la titular de la Comisión de Justicia.

A lo largo de todo su discurso, Lazo resaltó que los violadores y asesinos no saldrán de la cárcel, por lo que expuso todos los delitos exceptuados del alcance de la norma.

“Son 44.321 los internos que, desde el contenido de los cinco proyectos de ley analizados, no podrán ser beneficiados con lo establecido por esta ley. Entonces si retomamos la cifra de la población penitenciaria total, es decir, 97.111 personas privadas de libertad, solo restarían 52.790 internos que podrían beneficiarse de la ley”, explica el texto final de la Comisión de Justicia al que accedió este Diario.

A continuación, los delitos que no entraban dentro del alcance de la normativa planteada por la Comisión de Justicia.

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, reveló que hasta la fecha se han tomado 2.527 pruebas de COVID-19 a los internos, de las cuales hay 1.428 negativos y 1.099 positivos. De los positivos, hay 906 que están en las zonas de aislamiento de los penales, 90 en hospitales y 103 que han fallecido.

Mientras que el proyecto del Poder Judicial proponía que la vigencia de esta norma sea hasta nueve meses después de levantada emergencia sanitaria. Sin embargo, la Comisión de Justicia redujo el plazo a seis meses.

Dictamen en minoría

María Teresa Cabrera (Podemos Perú, Lima) se mostró en contra de lo aprobado por la Comisión de Justicia, grupo que integra. A raíz de ello, la tercera vicepresidenta presentó un dictamen en minoría. “No es lo mismo libertad de una persona con sentencia que la de una persona con proceso al que le asiste la presunción de inocencia”, sostuvo.

La exjueza se refirió que erróneamente se cree que, “por la ineficacia del Estado para crear mayores penales, estamos obligados a crear mecanismos para liberar a delincuentes”. En ese sentido, cuestionó la rigurosidad técnica del dictamen en mayoría. “Se está abriendo la puerta a los delincuentes. Constituye un sacrilegio jurídico, para que se aproveche cualquier delincuente”, afirmó.

El planteamiento de Podemos Perú establecía que los beneficios solo apliquen para los casos de prisión preventiva por delitos con penas de hasta seis años. En ese sentido, la variación sería por la de comparecencia con restricciones.

La sesión se suspendió tras la exposición de los dictámenes, a través de un cuarto intermedio.

Críticas al gobierno

Reanudado el debate, Omar Chehade (Alianza para el Progreso, Lima) tomó la palabra para acusar al Gobierno de no asumir su responsabilidad por tener “abandonados” a los establecimientos penitenciarios. “Una vez saltó la crisis, el ministro de Justicia le tiró la pluma al Congreso, como ya se hizo costumbre. Ponemos la voz de alerta para que mañana, se apruebe o no esta norma, se conozca la responsabilidad del Gobierno. La responsabilidad directa es del ministro Fernando Castañeda por torpe, incapaz”, cuestionó.

Chehade propuso que el gobierno realice pruebas de COVID-19 antes de liberar a presos, y que estos no vayan a sus respectivos hogares hasta conocer los resultados.

Conforme fue avanzando el debate, los congresistas de otras bancadas fueron inclinando su discurso a favor del dictamen en minoría de Podemos Perú. Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima), miembro de la Comisión de Justicia, solicitó su adhesión al dictamen de minoría elaborado por la legisladora Cabrera. En este punto del debate, el vocero de Somos Perú, Rennan Espinoza (Lima), adelantó que su bancada votaría contra el dictamen en mayoría presentado por la parlamentaria Lazo.

Por su parte, Acción Popular se mostró dividido. Rolando Campos (Acción Popular, Lambayeque) dijo que por un tema humanitario se podría apoyar el dictamen en minoría. “Mi posición es respaldar el dictamen de minoría, puesto que libera solo a los que tienen prisión preventiva y que están inmersos en graves delitos”, indicó. De esta manera, Campos se oponía al dictamen en mayoría elaborado por su colega de bancada Leslye Lazo.

El acciopopulista Jorge Vásquez (Cusco) adelantó que en su bancada sería un “voto de conciencia”. “Que no se apruebe ninguno de los dictámenes y que el gobierno asuma su responsabilidad”, dijo tras recordar que su grupo parlamentario solicitó la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Similar discurso tuvo su colega Jesús Arapa (Puno), quien calificó de histórica la votación sobre este tema.

Otro acciopopulista como Paul García (Callao) se pronunció en contra de los dos dictámenes y pidió el archivo de ambos. En esa línea, su colega Hans Troyes (Cajamarca) sostuvo, a través de su cuenta de Twitter: “Estoy en contra porque habiendo temas mas importantes que tratar en salud, educación, agricultura, se quiere sacar una ley a medida para sacar delincuentes y posiblemente para que se realicen los famosos negociados”.

Por su lado, la vocera alterna del Frepap, María Cristina Retamozo (Lima), aseguró que el dictamen en mayoría no cumple con identificar a los beneficiarios de las medidas planteadas ni contiene criterios claros para los delitos excluidos. “En el fondo es la apertura de cárceles porque no se tiene la capacidad operativa para tomar control de las mismas y organizarlas”, afirmó y anunció el respaldo de su bancada al dictamen en minoría.

Carolina Lizárraga (Partido Morado, Lima) acotó que el hacinamiento no es producto de la pandemia, sino de la indiferencia de los gobiernos de turno. Acusó responsabilidad en el gobierno de Martín Vizcarra por no impulsar una reforma penitenciaria, y también advirtió que estamos ante una norma de trámite “apresurado”. Pero el Partido Morado no apostó por el dictamen en minoría, sino que planteó mejoras al de la mayoría.

Similar postura fue la de Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio, Lima), quien criticó al Gobierno por no emitir ninguna norma de manera anticipada y esperar al último momento para enviar un proyecto al Congreso. Pese a ello, no mostró apoyo al dictamen en minoría pues, según alegó, el dar una norma solo para los que afrontan prisión preventiva no ayudará al deshacinamiento de las cárceles.

Posemoscrowte Chagua (Unión por el Perú, Huancavelica) anunció que su bancada respaldaría el dictamen en minoría, después de relatar lo “injusto” de la condena que le impusieron -junto a otros dos miembros de su bancada- por el caso del ‘andahuaylazo’.

La semana pasada, la Junta de Portavoces decidió que el proyecto del Poder Ejecutivo no fuera exonerado y se estudiara en la Comisión de Justicia. Algunos miembros del Partido Morado insistieron, en el pleno del 7 de mayo, que se exonere del trámite de comisión, pero esto no prosperó. Luego, el Poder Judicial añadió dos iniciativas en la misma línea de promover el deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios.

En las últimas tres semanas se registraron varios motines en los penales por parte de los reclusos quienes reclamaban mejor condiciones ante los contagios y muertes registradas por el contagio del coronavirus.

El martes 12, la Comisión de Justicia recibió al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, y al juez César San Martín, quienes expusieron los respectivos proyectos de sus instituciones. Al día siguiente, la Comisión de Justicia ya tenía un predictamen, el cual fue aprobado pasada la medianoche del miércoles 13. Así, el equipo técnico de la Comisión de Justicia trabajó toda la madrugada en ultimar los detalles del dictamen final para que los congresistas miembros puedan poner su firma final y el texto fuera ingresado al pleno.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo, a la fecha suman 60.669 los internos condenados, mientras que son 34.879 los reos en prisión preventiva.

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