Bancada de Acción Popular indicó que por temas de la pandemia no presentaron sus declaraciones juradas con anterioridad. (Foto: Congreso)
Bancada de Acción Popular indicó que por temas de la pandemia no presentaron sus declaraciones juradas con anterioridad. (Foto: Congreso)
Martin Hidalgo Bustamante
Martin Hidalgo Bustamante

El pleno del aprobó este jueves especificaciones a la norma que establece los criterios para la presentación de las declaraciones juradas de intereses (DJI), con lo que queda establecido la obligación de entregar dicha información ante la Contraloría General de la República y le brinda atribuciones para la fiscalización de las mismas.


Esto ocurre luego de que el contralor Nelson Shack enviara un oficio al titular del Parlamento, , donde indicaba que la redacción de la referida norma no era clara respecto a sus alcances.

El nuevo texto, basado en los proyectos de Podemos Perú, Frepap y Fuerza Popular, fue aprobado con 111 votos a favor y 15 en contra. Las únicas bancadas que se opusieron fueron el Partido Morado y el Frente Amplio. Lo aprobado fue exonerado de una segunda votación.

El portavoz explicó que su bancada votó en contra debido a que se oponían a que el Congreso se autoexcluyera de mecanismos de control. Mientras que la bancada izquierdista había presentado una iniciativa para derogar la resolución legislativa y que los congresistas continúen presentando sus declaraciones juradas amparados en el Decreto de Urgencia 020-2019 dictado por el Poder Ejecutivo.

Resolución Legislativa Nº 004-2020-2021-CR, aprobada en mayoModificaciones aprobadas en junio
Los congresistas tienen la obligación: De presentar declaración jurada de intereses, conforme a las disposiciones que para tal fin establece el Consejo Directivo.Los congresistas tienen la obligación: De presentar, ante la Contraloría General de la República, la Declaración Jurada para la Gestión de Conflicto de Intereses.
Disponer el cumplimiento de la presentación
de la declaración jurada de intereses de los congresistas de la República, establecer además la relación de funcionarios del servicio parlamentario y la organización parlamentaria que deben formular dicha declaración ante el sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflicto de intereses de la Contraloría General de la República, la cual se encargará de cautelarlas y publicarlas en su portal institucional de transparencia, en su calidad de organismo constitucionalmente autónomo de control.		Disponer el cumplimiento de la presentación
de la Declaración Jurada para la Gestión de Conflicto de Intereses de los congresistas de la República, así como de los funcionarios del servicio parlamentario y asesores de la organización parlamentaria que determine, ante el sistema de declaraciones juradas para la gestión de conflicto de intereses de la Contraloría General de la República, la que las cautela, fiscaliza y publica en su portal institucional, y actúa conforme a sus atribuciones, en su calidad de organismo constitucionalmente autónomo de control.

, presidente de la Comisión de Constitución, sustentó el proyecto, y aprovechó para criticar que la Junta de Portavoces haya exonerado este planteamiento de modificación del trámite regular de estudio en su grupo de trabajo. “Esto [la exoneración] lamentablemente se ha convertido en la regla. Solo por esta oportunidad apoyaré el debate, que no se piense que la Comisión de Constitución está pintada en la pared. Solo haremos la excepción porque es un cambio de forma”, expresó.

También sustentó la propuesta la legisladora , en su calidad de titular de la Comisión de Justicia. “Sobre la base de la autonomía del Congreso, este debe ser el que determine cómo y cuándo se presenten las declaraciones juradas de intereses y se ha determinado que sea a través del Consejo Directivo. La iniciativa presentada realiza cambios a la redacción de la norma, explicitando la obligatoriedad de presentación ante la Contraloría General de la República”, explicó.

El portavoz aseguró que no se trataba un cambio de forma, sino de fondo. Ante ello, recordó que el mismo contralor Nelson Shack remitió un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, solicitando la precisión de la norma.

“Lo primero que debe quedar claro es que la declaración jurada de intereses debe ser presentada ante el sistema de la contraloría y no conforme a lo que disponga el Consejo Directivo. Ese es el kit del asunto y por el que la contraloría no podía interpretar la norma. Lo segundo es precisar que estas declaraciones sean supervisadas y fiscalizadas. ¿Qué sentido tiene solo presentarlas y publicarlas?”, cuestionó Urresti.

“Se nos está dando la opción de enmendar, porque hay que reconocer que nos equivocamos. Se debe especificar la fiscalización, es algo importante que no contempla el decreto de urgencia del Poder Ejecutivo”, agregó el vocero Diethell Columbus (Fuerza Popular).

El pedido de Urresti y Columbus para que las declaraciones juradas de intereses sean fiscalizadas por la contraloría no fue incluido en el texto sustitutorio inicial presentado en conjunto por las comisiones de Fiscalización y Justicia. Tras un cuarto intermedio, ante la insistencia de Columbus y Urresti, se añadió en el texto la atribución a la contraloría para fiscalizar las declaraciones juradas de los intereses de los congresistas.

Por su parte, el congresista recordó que su bancada solicitó, en mayo pasado, que el tema sea estudiado en comisión, pero el pleno rechazó su cuestión previa y aprobó la norma sin mayor análisis. En ese sentido, De Belaunde sostuvo que, si la norma pasaba por comisión, se hubiera recibido la opinión de la contraloría antes y no después de aprobada la norma.

En esa línea, la bancada del Partido Morado presentó nuevamente una cuestión previa para que los proyectos sean regresados a la Comisión de Constitución para un estudio técnico que permita establecer un texto sustitutorio con una redacción clara y precisa. Sin embargo, esta cuestión previa también fue rechazada.

Rectificación y cumplimiento

La norma en cuestión fue aprobada en mayo, sin un estudio previo conforme dicta el reglamento del Congreso. En un trámite exprés de apenas un día, la propuesta del legislador fue exonerada del trámite regular en comisiones y aprobada en el pleno. Con esta norma, la representación nacional se autoexcluyó de los alcances del Decreto de Urgencia 020-2019, el cual establecía la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas de intereses ante una plataforma habilitada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Pese a las advertencias de la poca claridad en la redacción de la propuesta, el pleno aprobó la resolución legislativa donde se estipulaba que los congresistas presentaban, desde la fecha, sus declaraciones juradas de intereses ante el Consejo Directivo del Parlamento y esta instancia las remitía a la contraloría. En la redacción quedaba claro la obligatoriedad alcanzaba a los funcionarios del servicio parlamentario, pero no a los parlamentarios.

Un mes después, se aprobó un nuevo texto donde se estipula claramente que los legisladores deberán presentar su declaración jurada de intereses a través del sistema electrónico de la Contraloría General de la República.

En un mes de vigencia que tenía la resolución legislativa aprobada de mayo, solo 26 legisladores ( y la bancada de Acción Popular) habían cumplido con presentar su declaración jurada de intereses, aunque solo Aliaga transparentó la información de manera pública través de su portal web.

Antes de mayo, bajo el amparo del Decreto de Urgencia 020-2019, solo nueve de los 130 legisladores habían cumplido con presentar su declaración jurada de intereses ante el portal web habilitado por la PCM.

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