Cuestionan proyecto fujimorista sobre control de medios
Cuestionan proyecto fujimorista sobre control de medios
Martín Hidalgo Bustamante
Martín Hidalgo Bustamante

La Comisión de Constitución del Congreso ya tiene en trámite el proyecto de ley de las congresistas de Úrsula Letona y Alejandra Aramayo que tiene como supuesto objetivo “proteger las libertades y derechos informativos de la población”. Sin embargo, especialistas que revisaron la iniciativa coincidieron en que este representa un atentado contra la libertad de expresión.

El proyecto contempla dos temas: que los condenados e investigados por delitos de corrupción en agravio del Estado no puedan ser directores periodísticos, editores, productores, miembros del directorio, accionistas, gerentes generales o apoderados de un medio; así como la creación de una “veeduría ciudadana” regulada por el Ministerio de Transportes.

Para Claudio Paolillo, ex presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el proyecto representa un “ataque directo a la libertad de expresión” desde el artículo 1 referido al objeto de la ley.

“Las congresistas que redactan la ley hablan de que van a garantizar el derecho a la información objetiva, veraz y plural. Ese es un viejo cuento que los políticos en América Latina han aplicado para querer determinar ellos qué es objetivo y veraz”, afirma el periodista uruguayo.

Paolillo añade que el Perú sería una excepción a nivel global si impidiese que los condenados e investigados por delitos de corrupción contra el Estado no puedan ocupar altos cargos en los medios. “Las personas no son idiotas. Se darán cuenta de que un corrupto intenta usar el medio para beneficio personal y buscarán otros medios, o puede ocurrir que el corrupto busque reivindicarse y el Estado no puede suprimirle su derecho a la libertad de expresión”, dijo.

El director del semanario  uruguayo “Búsqueda” advirtió que, de aprobarse esta iniciativa, el Perú bajaría sus índices de libertad de expresión a nivel internacional.

—Alerta a la SIP—
Gonzalo Zegarra, ex presidente del Consejo de la Prensa Peruana (2012-2016), anunció que alertará a la Sociedad Interamericana de Prensa sobre este proyecto, en su calidad de titular del Comité de Asuntos Legales.

A título personal, Zegarra sostuvo que el proyecto de Fuerza Popular es una amenaza clara a la libertad de expresión. “Los argumentos de la exposición de motivos son los típicos argumentos fascistoides, ¿el Estado va a garantizar la objetividad? Y que lo presente la bancada fujimorista parece una broma de mal gusto”, aseveró el periodista peruano.

El director de “Semana Económica” explicó que si estuviéramos en los noventa, con un Poder Judicial controlado por el gobierno de turno, esta norma permitiría sacar a un alto cargo de un medio con una “simple denuncia digitada”. “Es la norma ideal que hubiera querido Vladimiro Montesinos, que controlaba el Poder Judicial, para neutralizar a los medios”, manifestó.

Zegarra también indicó que este proyecto está dirigido al Grupo El Comercio y a un sector de sus accionistas. “A mí no me interesa defender al señor [José] Graña Miró Quesada; si hubiera cometido algún delito, seré el primero en decir que debe ir preso. ‘Semana Económica’ ha reportado sobre el impacto del Caso Lava Jato en la empresa Graña y Montero. Así que no me pueden decir que defiendo a Graña, pero el Gobierno no tiene por qué interferir en la propiedad ni en la gestión de los medios”, afirmó.

Graña y Montero es investigada por adjudicarse obras en consorcio con Odebrecht. José Graña Miró Quesada, presidente del directorio de GyM hasta febrero pasado, es accionista en la Empresa Editora El Comercio.

—Postura fujimorista—
La congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona, una de las autoras del proyecto, aseguró que este pretende evitar que un persona condenada “incida en la línea editorial de un medio de comunicación, desviando la atención respecto de hechos de corrupción”.

Asimismo, Letona aseveró que la Ley de Telecomunicaciones establece que cuando una persona es inhabilitada para contratar con el Estado o comete delito doloso pierde el derecho de concesión. “Lo que estamos haciendo es cerrar el círculo y proteger el derecho a la información”, refirió a El Comercio.

Este Diario también intentó comunicarse con la otra autora del proyecto, Alejandra Aramayo, pero no contestó nuestras llamadas telefónicas.

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