Defensoría del Pueblo revela que testigo en el caso del congresista Freddy Díaz murió en un asalto en agosto pasado

Un efectivo de la Policía Nacional (PNP) que era testigo del caso del congresista Freddy Díaz (No Agrupados), denunciado por haber violado a una trabajadora de ese poder del Estado, murió en un asalto en agosto pasado, según reveló la defensora encargada del Pueblo, Eliana Revollar.

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En entrevista con Epicentro TV, la titular de dicha entidad señaló que se trata del suboficial PNP Percy Pineda Toscano, quien perdió la vida el 7 de agosto a la altura del kilómetro 88 de la Panamericana Norte.

“El señor (Percy) Pineda (Toscano) ha fallecido los primeros días de agosto y ha fallecido el día 16. Él es quien hacía la custodia en la puerta del local de Azángaro del Congreso. Tenemos un testigo menos y nos preocupa mucho”, detalló.

“Él estaba en un viaje, fue interceptado por tres personas para asaltarlo y haciendo uso de su armamento reglamentario repelió el ataque. Lamentablemente fue herido de muerte, su hijo de 3 años ha logrado sobrevivir, pero ya ese testigo para efectos de este caso no está”, agregó.

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Revollar también reveló que según los primeros exámenes practicados por el laboratorio de criminalística, la víctima del legislador no presentaría rastro de alguna sustancia alcohólica ni tóxica en su organismo.

“Del laboratorio de criminalística ha salido información de que la señorita no tendría rastros de ninguna sustancia alcohólica ni tóxica. El testimonio del propio congresista en medios de comunicación ha sido de que han bebido en el lugar”, acotó.

Cabe indicar que el pasado 7 de setiembre, tras debatir el caso en sesión secreta, el pleno del Congreso aprobó, ya de manera pública, suspender por 120 días sin goce de haber al parlamentario Freddy Díaz, acusado de violación sexual.

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El informe de la Comisión de Ética fue aprobado por 99 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones: Alfredo Pariona y Janet Rivas (de Perú Libre), Jorge Luis Flores (Acción Popular) y Jorge Coayla (Perú Bicentenario).

Desde el 3 de agosto se encuentra pendiente de análisis la denuncia constitucional presentada contra el ahora suspendido congresista que busca su desafuero e inhabilitación de cualquier cargo público por diez años. La acusación es impulsada por Patricia Chirinos (Avanza País).