La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres (Alianza para el Progreso), negó que el Congreso actúe con arbitrariedad en el proceso contra la vicepresidenta Dina Boluarte, por presuntas infracciones constitucionales y diversos delitos.
A través de un oficio enviado a la titular del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), la legisladora enfatizó que ese poder del Estado actúa en el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales y eso tampoco debe entenderse como un golpe de Estado parlamentario.
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“Como se observa, el Congreso actúa en el ejercicio de sus prerrogativas consagradas en la Constitución, el ejercicio de estas no puede ser entendido como una arbitrariedad ni menos como un golpe de Estado parlamentario”, subrayó.
También detalla que la vicepresidenta de la República habría cometido infracción al artículo 126 de la Constitución, referido a la imposibilidad de los ministros de intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.
El documento se envió en respuesta al pedido de información del procurador de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional de la Procuraduría General del Estado, respecto a las denuncias constitucionales acumuladas 268, 269 y 270 contra Boluarte Zegarra.
Como se recuerda, Dina Boluarte denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la afectación de los derechos a la defensa, debido proceso y de legalidad.
Asimismo, la defensa de la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social alega falta de razonabilidad y proporcionalidad son evidentes además de uso desmedido de denuncia constitucional en curso.
Subcomisión verá el caso este viernes 8
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionará este viernes 8 de julio y en la agenda está el informe del procurador público del Congreso de su respuesta al procurador público especializado supranacional de la Procuraduría General del Estado, respecto a la solicitud información sobre el estado de las denuncias contra Boluarte Zegarra.
Cabe indicar que el pasado 1 de julio la Comisión Permanente del Congreso acordó por mayoría dar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se presente el informe final de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte.
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