Se trata de las denuncias que fueron presentadas por los congresistas Javier Padilla, Norma Yarrow, Diana Gonzales Delgado, Adriana Tudela y Patricia Chirinos. (Foto: MIDIS)
Se trata de las denuncias que fueron presentadas por los congresistas Javier Padilla, Norma Yarrow, Diana Gonzales Delgado, Adriana Tudela y Patricia Chirinos. (Foto: MIDIS)
Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del seguirá analizando las denuncias acumuladas 268 y 269 presentadas contra la vicepresidenta de la República, , en su sesión de este viernes 4 de noviembre, desde las 11:00 horas.

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La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social fue denunciada por presunta infracción a los artículos 2, numeral 2, 38 y 126 de la Constitución y por los delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible.

Se trata de las denuncias que fueron presentadas por los congresistas Javier Padilla (Renovación Popular), Norma Yarrow, Diana Gonzales Delgado, Adriana Tudela y Patricia Chirinos (todas ellas de Avanza País).

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Padilla señaló que su denuncia se basa en un informe de fiscalización de la Subgerencia de Fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las declaraciones juradas presentadas por Dina Boluarte.

Indicó que, según ese documento, la vicepresidenta del país habría efectuado actos de gestión como presidenta del consejo directivo del Club Departamental Apurímac al haber suscrito diversos documentos de carácter público, por lo que habría vulnerado el artículo 126 de la Constitución.

En tanto, la congresista Norma Yarrow indicó que Boluarte Zegarra habría realizado un trámite en abril de 2022 ante la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

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Señaló que dicho trámite habría tenido por objeto obtener la licencia de funcionamiento del club departamental Apurímac, que tres años atrás había sido revocada por la autoridad edil por quejas del vecindario.

La subcomisión también verá diversos pedidos de congresistas para priorizar las denuncias contra el presidente Pedro Castillo; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el exministro de Transportes Geiner Alvarado; y el contralor general de la República, Nelson Shack.