Dina Boluarte y Pedro Castillo: ¿En qué situación se encuentran las denuncias constitucionales en el Congreso?

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aborda este lunes 1 de agosto las denuncias constitucionales contra el presidente Pedro Castillo (por presunta traición a la patria) y la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte (por infracción constitucional).

En el caso de Boluarte, se evaluará el pedido de reconsideración presentado por la legisladora Norma Yarrow contra la designación de Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) como delegado del caso, que implica elaborar el informe final que puede recomendar archivar la denuncia o seguir adelante con el proceso.

En diálogo con El Comercio, Reymundo dijo que “no aspira a ser el delegado” de este caso y que considera que las denuncias constitucionales contra Castillo y Boluarte responden a “ciertas estrategias políticas”.

LEE TAMBIÉN | Congresista Katy Ugarte: denuncian por violación sexual a asesor de parlamentaria

Sobre los procesos contra Castillo y Boluarte, en manos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Reymundo consideró que “la situación es bastante compleja” y que “existen muchas pasiones en este tema”.

“Existen muchos encuentros y desencuentros, y estrategias planteadas a cómo van a adecuarse. Un congresista, no voy a decir nombres, señala que primero hay que buscar cómo inhabilitar a la vicepresidenta y seguir luego con el presidente. Eso responde a ciertas estrategias políticas”, aseveró también el parlamentario de Cambio Democrático.

Plazos que no se cumplen

El 1 de julio, la Comisión Permanente otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se presente el informe de final de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por haber realizado gestiones para un club privado cuando ya desempeñaba un cargo público.

El 1 de agosto verán recién el pedido de reconsideración sobre el nombramiento de Edgar Reymundo como delegado del caso.

Edgar Reymundo integra la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, aliado del Gobierno. El presidente de dicho partido y congresista es el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

El legislador dijo que si no procede la reconsideración y continúa como delegado del caso de Boluarte, será “objetivo”.

“El hecho de que yo tenga una posición de izquierda no hace que yo pierda objetividad. Yo también tengo posiciones críticas contra el Gobierno. Nadie puede cerrar los ojos frente a una realidad que tiene el país”, aseguró.

Reymundo añadió que no es el congresista delegado quien toma las decisiones sobre las denuncias constitucionales, sino que son los integrantes de la subcomisión.

“¿Aquí cuál es el procedimiento, en el hipotético caso (de que continúe siendo delegado)? Se hará una determinación de los hechos relacionada a los fundamentos de la denuncia y los descargos, esa es una apreciación objetiva, es decir, la determinación y conclusión de los hechos”, indicó.

“Después de eso, viene la audiencia, intervienen todos los congresistas, y luego viene el informe final. El delegado lleva las apreciaciones que tiene y conclusiones respecto a lo que considera pertinente, de carácter objetivo, y listo, discusión y al voto. El congresista delegado no es el que determina, son los integrantes de la subcomisión (con sus votos)”, expresó también.

El congresista de Cambio Democrático dijo que si “se analizan las votaciones”, podrá verse que siempre “se han inclinado para el otro lado (la oposición)”.

“No entiendo por qué tanto brinco si el suelo está parejo”, expresó.

LEE TAMBIÉN | Jorge Montoya pide que subcomisión se declare en sesión permanente para acelerar denuncia contra Dina Boluarte

En tanto, el parlamentario Alejandro Muñante aseguró a este Diario que votará a favor de la reconsideración del delegado, debido a que la designación de Reymundo “representa un conflicto de interés porque el presidente de su partido (Roberto Sánchez) es parte del Gabinete Ministerial, donde está Boluarte”.

Dato

El proceso contra Boluarte en la subcomisión se inició luego de que un informe de Contraloría diera cuenta de que firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra de Estado y ocupaba la Vicepresidencia, pese a que la Constitución prohíbe este tipo de actividades. La vicepresidenta de la República habría cometido infracción a los artículos 38 y 126 de la Carta Magna.

El pasado 1 de julio, la Comisión Permanente otorgó 15 días a la subcomisión para presentar el informe final de la denuncia contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, tras los cuestionamientos contra congresista delegado, no hay mayores avances sobre el tema en dicho subgrupo.

LEE TAMBIÉN | Congreso: en el hemiciclo hubo tensión y rechazo a Pedro Castillo

Según la agenda de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que lidera la congresista Rosío Torres, este lunes se recibirán los testimonios de Fernán Altuve, Francisco Tudela, Hugo Guerra Arteaga, Lourdes Flores Nano, Ángel Delgado Silva y César Alfredo Vignolo.

Se trata de los responsables de la acusación contra el jefe de Estado por traición a la patria e infracciones a la Carta Magna. Como se recuerda, los legisladores Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) hicieron suya la denuncia con la finalidad de evitar que la denuncia no sea rechazada en la subcomisión.

El congresista delegado de esta denuncia, Wilson Soto, dijo a El Comercio que luego de escuchar a los ciudadanos, quedaría pendiente tomar el testimonio del periodista Fernando del Rincón, con quien hubo problemas respecto a su ubicación.

“Terminadas las audiencias, tengo entendido que a los cinco días debo presentar el informe final. Las audiencias con los testigos serán determinantes”, expresó Soto.

A la consulta sobre los plazos, Soto respondió: “Yo no manejo la agenda de la subcomisión, lo hace la presidenta (Rosío Torres)”.

Dato

La denuncia constitucional contra Castillo se sustenta en la entrevista que Castillo dio a CNN, en la que se mostró a favor de la salida al mar para Bolivia. 

El presidente recurrió al Tribunal Constitucional (TC) a fin de anular esta denuncia. A través de una resolución a la que accedió El Comercio, la Primera Sala Constitucional de Lima del Poder Judicial concedió el recurso de agravio constitucional interpuesto por la defensa del mandatario a fin de que el expediente sea enviado al TC.

Eduardo Pachas, abogado de Castillo, denunció, vía un hábeas corpus, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por un supuesto atentado “contra a libertad individual en conexión al debido proceso y la tutela procesal efectiva”.