A menos de un año de haber iniciado su gestión, la crisis política se ha traducido en cifras alarmantes para sus protagonistas: un 72% rechaza al presidente Pedro Castillo y 82% desaprueba al Congreso de la República, según la última encuesta de Ipsos Perú. Como consecuencia del creciente desprestigio, la propuesta de un adelanto de elecciones generales ha ido colocándose en agenda.
El pasado 3 de mayo, la congresista no agrupada Susel Paredes presentó el proyecto de ley 1918/2021-CR, que plantea recortar los mandatos presidencial y congresal hasta julio del 2023. De ser aprobada la iniciativa, las elecciones generales se darían tres años antes de lo previsto.
“Las públicas evidencias de una mala gestión de gobierno y las insuficientes respuestas de sus principales voceros ante las acumulativas y sostenidas críticas y denuncias sobre presuntos actos de corrupción han terminado por generar un clima de desconfianza general, tanto en el mismo gobierno, como en el Congreso de la República”, señala la propuesta en el apartado de exposición de motivos.
El documento, además, explica que la iniciativa replica la fórmula legal que se utilizó en el año 2000, cuando se adelantaron las elecciones generales durante el tercer mandato de Alberto Fujimori.
“La reforma constitucional propuesta no adolece de vicios de inconstitucionalidad y resulta incuestionable en sus términos, al replicar la fórmula legal que permitió superar, en su momento, la crisis de gobernabilidad generada por los escándalos de corrupción revelados a fines del año 2000 y la intempestiva renuncia al cargo presentada por el entonces presidente Alberto Fujimori desde el Japón”, señala el texto.
Esta, sin embargo, no es la primera propuesta al respecto que se presenta en el actual Congreso. El abril, el parlamentario de Perú Libre, Pasión Dávila, presentó un proyecto de ley que planteaba recortar los mandatos presidencial y congresal hasta julio del 2023. La iniciativa, sin embargo, quedó sin efecto luego de que cuatro de sus colegas de bancada retiraran sus firmas de la propuesta.
“Siendo que la desaprobación tanto del Presidente de la República como del propio Congreso es alta y se encuentra en constante crecimiento, una salida moderada a esta crisis institucional y crisis política, es que las propias encuestadoras muestran en los diversos sondeos realizados, la solución sería la realización de nuevas elecciones generales”, se lee en la exposición de motivos del documento.
Por su parte, la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, presentó una propuesta similar. Al igual que los otros proyectos, la iniciativa plantea que los mandatos presidencial y congresal se recorten hasta julio del 2023.
De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto de ley 1897/2021-CR, el adelanto de elecciones es una necesidad que responde a “la existencia de la crisis política sostenida que la población siente desde hace ocho meses”, así como a “la incompetencia del gobierno” y “una agenda congresal que no prioriza al ciudadano”. Estos hechos -señala el documento- generaron “episodios de ingobernabilidad”.
Según la propuesta, el presidente Castillo tendría que convocar elecciones generales 48 horas después de aprobada la iniciativa. Los comicios, por su parte, se celebrarían el último domingo de marzo del año 2023.
Pocas posibilidades
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio realizó un sondeo con la finalidad de conocer las posturas de los 130 parlamentarios sobre un posible adelanto de elecciones generales en el contexto actual. De estos, 81 congresistas respondieron o dieron a conocer sus opiniones a través de otros medios de comunicación y/o redes sociales.
En total, 44 legisladores se han mostrado en contra de la propuesta y 28 a favor. Otros no precisaron su postura.
Dado que la iniciativa de adelanto de elecciones implica una reforma constitucional, esta debe obtener 87 votos a favor en dos legislaturas ordinarias. Si se toman en cuenta las cifras recogidas por El Comercio, puede observarse que difícilmente se alcanzarían los votos necesarios para la aprobación de la propuesta en el pleno del Congreso. Ello debido a que, en caso 44 parlamentarios votasen en contra del proyecto -tal como indica el sondeo-, restarían únicamente 86 votos, uno menos que los necesarios para que prospere la propuesta.
El sondeo, además, revela que, del total de entrevistados, la mayoría de votos en contra del adelanto de elecciones provienen tanto del partido oficialista Perú Libre como de Fuerza Popular y Acción Popular.
“En caso sea la única opción para sacar a Pedro Castillo, sí (estoy a favor de un adelanto de elecciones)”, aseguró la parlamentaria de Avanza País, Adriana Tudela.
Otros legisladores, por su parte, indicaron que únicamente apoyarían la propuesta en caso se dé, previamente, una reforma política y electoral. Jorge Morante (Fuerza Popular) indicó que “si este adelanto de elecciones va acompañado de una serie de reformas, como la bicameralidad y el cambio de autoridades en los organismos electorales, sí podría apoyar una propuesta que cumpla con esos requisitos”.
En la misma línea, Ruth Luque, de Cambio Democrático (ex Juntos por el Perú), señaló que estaría de acuerdo con la propuesta únicamente “si es que hay reformas políticas claras, sino es más de lo mismo”.
Eduardo Salhuana (Alianza para el progreso) tuvo una postura similar. Aseguró que apoyaría una reforma de adelanto de elecciones solamente en caso haya una “reforma previa del régimen político”.
Por otro lado, Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) se mostró en contra de las iniciativas presentadas por sus colegas, pues consideró que “hay que seguir el cauce constitucional”. Según el parlamentario, el adelanto de elecciones debe suceder únicamente en caso Pedro Castillo sea vacado o renuncie y, luego, ocurra lo mismo con la vicepresidenta, Dina Boluarte.
Kira Alcaraz (Somos Perú) consideró que un adelanto de elecciones “podría ser peor que la enfermedad”.
“Jamás me he aferrado a la idea de ser congresista, pues yo soy una pobladora y dirigente social ante todo. Sin embargo, adelantar las elecciones en las actuales circunstancias y bajo las mismas reglas de juego, podría terminar por poner a un presidente peor del que tenemos”, afirmó.
Desde Perú Libre, el parlamentario Alex Flores dijo no oponerse a un adelanto de elecciones generales, “siempre que este tenga una motivación legítima, que hasta ahora no se ha fundamentado”.
“Sentencia de muerte”
Para el politólogo Omar Awapara, el motivo principal del rechazo que tiene la propuesta de adelanto de elecciones es la negativa de los congresistas de asumir responsabilidad en la actual crisis política.
“Hemos visto que este Congreso tiene cierta ceguera frente a lo que la opinión pública expresa en las encuestas de aprobación. No aceptan que el desprestigio ante la opinión pública es compartido (entre el Congreso y el gobierno)”, sostiene.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2019, cuando Martín Vizcarra hizo de su propuesta de adelanto de elecciones una bandera de su gobierno, la actual propuesta “no está teniendo la exposición que podría tener”, por lo cual difícilmente su archivo generaría una respuesta en la población.
Para el analista, la propuesta difícilmente será aprobada, si quiera a nivel de comisión.
“Quizá si la iniciativa se hubiera presentado a los dos o tres años de gobierno hubiera tenido más acogida. Pero en el primer año veo muy improbable que la salida a la crisis política implique la salida voluntaria de los actores políticos que la protagonizan. Es difícil que una propuesta sea aprobada por las mismas personas que van a perder el poder. Sería como firmar su sentencia de muerte”, señala.
La otra reforma: la asamblea constituyente y una nueva Constitución
El pasado 6 de mayo, la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso archivó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que planteaba reformar la Constitución para permitir que se someta a referéndum la convocatoria de una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna.
Al igual que en el caso de la propuesta de adelanto de elecciones, para ser aprobada esta iniciativa hubiera requerido alcanzar 87 votos favorables en el pleno del Congreso. EC Data consultó a los congresistas de la República su postura sobre la materia y encontró que 66 se mostraron en contra. Por lo tanto, en caso todos los legisladores restantes (64) se hubiesen mostrado a favor de la reforma, no se habrían reunido los votos necesarios para su aprobación.
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