Alarcón Tejada presentó un oficio solicitando el cambio de fecha por “asuntos personales, laborables, de salud y relacionados directamente” con su defensa legal. (Foto: El Comercio)
Alarcón Tejada presentó un oficio solicitando el cambio de fecha por “asuntos personales, laborables, de salud y relacionados directamente” con su defensa legal. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

El reprogramó el debate y votación de la denuncia constitucional presentada contra el excontralor y exparlamentario para el próximo miércoles 25 de mayo a las 4:00 p.m.

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La medida se adoptó luego que Alarcón Tejada presentara un oficio solicitando el cambio de fecha argumentando “asuntos personales, laborables, de salud y relacionados directamente” con su defensa legal.

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Al respecto, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), informó que en caso de que el excontralor o su abogado no acudan al hemiciclo, se continuará con el procedimiento respectivo.

Como se recuerda, Edgar Alarcón fue denunciado por la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por el presunto delito de peculado doloso por apropiación agravada.

Los cargos que se le imputan a Alarcón derivan de un informe del órgano de control institucional de la Contraloría General, en el que se indica que cuando desempeñó diversos cargos en dicha entidad, autorizó pagos por servicios que no fueron prestados.

De acuerdo a la Fiscalía, el perjuicio que habría ocasionado al Estado ascendería a S/ 490.877, repartidos en S/ 32.417 soles en pagos con recursos de caja chica, y S/458.460, con la emisión de comprobantes de pago.

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En enero de este año, Alarcón interpuso un escrito ante la subcomisión parlamentaria, requiriendo que el caso sea archivado al considerar que los hechos que son materia de la denuncia no constituyen un delito que pueda atribuírsele.

El entonces parlamentario argumentó que el recurso interpuesto en su contra por la fiscal de la Nación, “carece de objetividad y vulnera el principio de imputación necesaria”.

Como se recuerda, Edgar Alarcón fue suspendido en el cargo hasta que se resuelva la acusación constitucional en su contra aprobada por el Congreso, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado.

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