Edgar Alarcón, el futuro del congresista con dos denuncias constitucionales

Hasta el viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el congresista Luis Roel (Acción Popular), aún no había recibido los cargos de estos dos expedientes. Dicho grupo será el encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias contra Alarcón, realizar la investigación del proceso y emitir el informe del mismo. El futuro del congresista dependerá, en gran medida, del curso y tiempos de las indagaciones.

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El congresista Alarcón iba a presidir el viernes, desde las 9 de la mañana, la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización en la que se citó al cuñado del presidente de la República. Sin embargo, esta fue cancelada.

La acusación constitucional: los tiempos e instancias competentes

Una acusación constitucional puede tomar varios meses en ser resuelta, indicaron los abogados Rafael Chanjan, investigador del IDEHPUCP, y Beatriz Ramírez. El ritmo dependerá de la celeridad y prioridad con que el Congreso trate el tema, coincidieron.

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“Los procesos toman meses, el tiempo ha variado, a veces son tres meses o más. Diría que el proceso es de meses, no debe tomar un año, hay que tener en cuenta la legislatura que queda. Se tiene que llevar a cabo [el proceso de las denuncias constitucionales] antes de que cierre”, explicó Chanjan.

Por ejemplo, al Congreso disuelto le tomó cerca de tres meses admitir la denuncias constitucionales contra el excongresista Héctor Becerril por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el 2017. Las denuncias fueron presentadas entre el 17 y 18 de julio del 2018, admitidas días después en la Subcomisión, pero archivadas por mayoría en octubre del 2018.

El artículo 16 del Reglamento del Congreso establece una serie de plazos para el proceso de denuncias constitucionales, que empieza por su admisibilidad o no en un plazo máximo 10 días hábiles cumpliendo algunos requisitos como: que sean hechos que constituyan infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal, o que el delito denuncias no haya prescrito.

El congresista Roel respondió a El Comercio que hasta el cierre de esta nota solo han recibido por parte de la fiscal de la Nación la denuncia constitucional contra el fiscal supremo Tomás Gálvez y otros miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, aún no han sido notificados de las denuncias contra Edgar Alarcón.

“Aún se encuentran en mesa de partes del Congreso. Primero, tendríamos que recibirlas, analizarlas, redactar los informes de calificación y recién en ese momento se podrían agendar en una sesión de la subcomisión. Esperamos que esto último sea lo más pronto posible, pero no podría afirmar que será en la próxima sesión [del viernes 17 de julio], dado que existen denuncias constitucionales presentadas con anticipación por la misma fiscal de la Nación y estas también deben ser tramitadas con prioridad”, dijo Roel a este Diario.

Como lo establece el reglamento, son tres las instancias del Congreso competentes en este proceso: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y el pleno.

Si las denuncias contra Alarcón son declaradas admisibles, la Subcomisión presenta un informe de calificación a la Comisión Permanente para que establezca el plazo de investigación (no más de 15 días hábiles, prorrogables).

Luego, la Subcomisión delega en uno de sus integrantes la evaluación del caso, en plazo no mayor de 5 días hábiles. Una vez hecho esto, el delegado entregará sus conclusiones para convocar a una audiencia.

El delegado elabora un informe para que lo presente, a más tardar, dentro de 5 días hábiles posteriores a la audiencia. Este documento final puede concluir con la acusación de Alarcón o el archivamiento de la denuncia, y debe ser enviado a la Comisión Permanente.

Cuando llega el informe a la Comisión Permanente, es distribuido entre sus miembros y convoca a una sesión de comisión. Si las conclusiones proponen la acusación del congresista ante el pleno, se debate y se vota.

El camino es no acaba. Si procede, la Comisión Permanente determina una subcomisión para que sustente el informe y formule la acusación ante el pleno. Si es aprobado, el Consejo Directivo recién decide el día del debate de la acusación constitucional.

Una vez en sesión plenaria, se vota si procede o no. En el primer caso, el pleno debe debatir y votar en la misma sesión si se suspende o no al congresista. Luego de eso, el expediente con la acusación constitucional es enviado a la fiscal de la Nación.

“La fiscalía solo puede actuar en el marco que el Congreso la habilita”

La abogada constitucionalista Beatriz Ramírez hizo hincapié en la importancia de los términos bajo los que el Congreso envíe a la fiscalía la acusación. “La fiscalía solo puede actuar en el marco que el Congreso la habilita. Por ejemplo, en el caso César Hinostroza no se aprobó la acusación por organización criminal. Es importante no solo el tiempo, sino los términos”, comentó.

Asimismo, Ramírez y Chanjan advirtieron la importancia de que este proceso concluya en este periodo congresal. De lo contrario, se acumularía para el Congreso que asuma funciones en julio del 2021.

“Lo que habría que hacer es vigilar que eso no pase porque estamos heredando procesos que vienen de la legislatura anterior porque era un mismo Congreso. Hay que cerrar todo lo que esté en trámite hasta junio del 2021″, dijo Ramírez.

“En ese caso, lo que puede pasar es que si no se llega a pronunciar el pleno, queda ahí, en stand by. Si se tiene un informe, queda un informe con cargo a que el siguiente Congreso programe nuevamente la vista de esta denuncia constitucional”, añadió Chanjan.

Finalmente, Chanjan explicó que Alarcón mantiene por el momento dos prerrogativas: la inmunidad parlamentaria, que se extenderá hasta un mes después de ser congresista, y el antejuicio político por haber sido contralor general.

“Las denuncias apelan a un hecho cometido en el ejercicio de su función como contralor. El antejuicio se extiende por cinco años después de haber dejado el cargo. Aún cuando no es contralor, puede someterse al antejuicio. Lo que van a tramitar es el antejuicio, que lo ve la Subcomisión. La inmunidad solo se aplica para delitos comunes. Va a seguir la vía del antejuicio actualmente, no inmunidad porque los delitos imputados son delitos de función como contralor, no delitos comunes que es para lo aplica la inmunidad”, dijo Chanjan.

Luis Roel: “La presidencia del Alarcón de esa comisión [de Fiscalización] no lo blinda ni le da un escudo”

El congresista Roel incidió en que el hecho de que el congresista Alarcón sea presidente de la Comisión de Fiscalización “no lo blinda ni le da un escudo, todo lo contrario, se priorizarán las denuncias acorde a los criterios de priorización del plan de trabajo”.

Además, señaló a El Comercio que esperan agendar este caso luego de las denuncias presentadas con antelación por la fiscal de la Nación.

“Con respecto a la posibilidad de solicitar la suspensión del referido congresista, por el conocimiento que hemos tenido de dichas denuncias, ambas son por antejuicio político, por lo cual, eventualmente, no podríamos proponer alguna sanción de suspensión. Este tipo de sanción [la suspensión], puede ser impuesta luego de un juicio político y con la aprobación del pleno al final del procedimiento parlamentario”, añadió.

“Esa medida escapa de nuestras competencias, otros órganos del Congreso podrían evaluar ese tipo de medidas, pero como miembros de la Subcomisión no considero correcto que nosotros lo impulsemos, dado que ello generaría una imagen de parcialización y ello viciaría todo el procedimiento parlamentario de acusación constitucional”, reiteró Roel.

La evaluación de su bancada, UPP

Por parte de UPP, el vocero de esta bancada, José Vega, dijo que evaluarán con todo el grupo el caso de Alarcón. “Las personas tienen derecho a un debido proceso, no podemos de antemano...en el Parlamento no somos fiscales ni jueces para ajusticiar a nadie”, comentó.

“Obviamente, esta es la respuesta de más de dos años de investigación de esos procesos y hoy hacen esta denuncia constitucional. Me parece mucha casualidad”, exclamó.

Agregó que antes de una decisión respecto a su permanencia o no como presidente de la Comisión de Fiscalización “valorarán las denuncias”. “Tengo que hablar con las demás para ver su opinión y hablar con él para sus descargos. En el transcurso de mediodía tendrán la reunión”, remarcó.

El congresista Roberto Ramos, uno de los parlamentarios que respaldó el “Frente Patriótico Etnocacerista” junto a Alarcón, adujo que la acusación es “una respuesta al trabajo que está haciendo. Es un ping pong entre el Ejecutivo y Legislativo. Ya sale el informe de Richard Cisneros, ahora inicia lo del cuñado del presidente”.

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