El ministro Eduardo Vega señaló que están esperando la autógrafa aprobada por el Congreso para revisar su texto. (Foto: Nancy Chappell)
El ministro Eduardo Vega señaló que están esperando la autógrafa aprobada por el Congreso para revisar su texto. (Foto: Nancy Chappell)
Jonathan Castro

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La primera reacción del titular de Justicia ante la norma aprobada por el Congreso fue calificarla de un “duro golpe a la lucha contra la corrupción”, en su cuenta de Twitter. Esperarán el texto que envié el Legislativo para estudiarlo, aunque deja claro que la posición del Ministerio de Justicia será observar esta norma.

—En el dictamen de la Comisión de Justicia, se señala que el Minjus envió un oficio en el que indicaba que no había incidencias negativas en la mayoría de modificaciones que se hicieron. ¿Eso fue así?

Es una media verdad. Nuestra opinión tiene una parte en la que reconoce que hay aspectos viables, pero también, y con clara posición, que hay aspectos que debilitarían esta figura de la colaboración eficaz.

—Empecemos por los viables. ¿Cuáles les parecían positivos?

Hay algunos aspectos de debido proceso que pueden mejorarse, como dotar de abogado [al colaborador], de cuidar la reserva de identidad de la persona; de brindarle garantías a quien decida postular a acogerse a la colaboración eficaz.

—¿Y cuál era el lado negativo?

Básicamente tres [puntos]. Primero, se debilitaría la actuación del Ministerio Público en la utilización de la colaboración eficaz. El derecho penal ha investigado un asesinato, un robo. Pero con el aumento de la criminalidad ha tenido que investigar el narcotráfico, lavado de activos, la corrupción, criminalidad organizada. Las herramientas comunes de prueba han quedado limitadas. Y se ha recurrido a nuevas formas de prueba, una es la colaboración eficaz. Si a mí me detienen por lavado de activos, yo voluntariamente puedo tomar la decisión de acogerme a la colaboración eficaz: colaborar con la justicia brindando información importante que permita esclarecer los hechos por los que se me acusa y de otras personas. Frente a esta información, el fiscal tiene una labor central que se está limitando: la de corroboración.

—¿Cómo se está debilitando esa capacidad del fiscal?

El fiscal no podría continuar con sus investigaciones hasta que no tenga la aprobación judicial [según la propuesta que nos hicieron llegar]. En el actual proceso, el fiscal continúa avanzando, porque va viendo que la información que se le va brindando es correcta. [Luego] salta el tercer elemento: ponerle un corsé de plazos. En nuestra observación hemos sido un poco laxos con los plazos, pero hoy te puedo decir que [al] ponerle cuatro meses a un proceso de colaboración, desde la solicitud hasta el acuerdo de beneficios, los casos como Odebrecht o Cuellos Blancos se caerían. No podrían cumplir esos plazos. No digo que haya un plazo ilimitado, pero ahí nuestra jurisprudencia ha rescatado el término de plazo razonable, de acuerdo a la complejidad de un caso.

[Nota de redacción: Luego de la entrevista y tras el cierre de la edición impresa, el ministro Vega precisó que la propuesta aprobada no contempla que un juez apruebe los testimonios antes de usarlo. Por ello, hizo hincapié en que esperarán que les envíen el texto final para evaluar las medidas que tomarán].

—Este plazo de 4 meses desde el inicio hasta la homologación va a hacer que todos los casos se caigan.

Que se caigan, que los colaboradores se desalienten, porque dirán que dieron información y se cae el caso. Desincentivan a quien quiere colaborar con la justicia, que es un delincuente, que ha cometido un delito. Lo que tienes que hacer es incentivar para avanzar en una cadena de mando en delitos de fraude, corrupción, narcotráfico. Si como colaborador sé que no se me va a proteger, que el fiscal tiene poco tiempo, lo pensaré dos veces.

—En la modificación se incorpora que no solo el abogado esté presente, sino también el fiscal coordinador. Eso va a generar burocracia.

Me parece un exceso. Se le ha intentando dar toques de control y de debido proceso; pero en la colaboración eficaz el fiscal que lleva adelante el caso tiene una responsabilidad, y esa es la corroboración. El fiscal tiene que saber que lo que va a afirmar porque se lo ha dicho un colaborador tiene que estar sustentado. Ponerle un abogado y un fiscal de control lo que hace es ahuyentar este tipo de herramientas. La herramienta pierde utilidad. Si no logras darle al modelo de colaboración eficaz que tanto el aspirante a colaborador como el fiscal puedan decir que esa herramienta le es útil, mejor no me meto. Como colaborador, si no lo corroboran, de repente me asesinan porque he señalado a gente, y quizás toman represalias. Lo que estamos haciendo es muy grave. Estamos debilitando una herramienta que hasta el momento está ayudando a desarticular una parte importante de los casos de corrupción.

—Uno de los elementos que incorporan es que se va a incorporar un medio audiovisual. ¿Eso es un riesgo para la identidad?

Es un riesgo. Yo te decía que uno de los aspectos positivos es la reserva de la identidad; pero ese video no resiste ni cinco minutos. Una vez grabado, al día siguiente ya está circulando. No quiero tocar a la prensa, pero la prensa tiene sus propios mecanismos para acceder a información. Si quieren poner en duda al colaborador, y [decir que] el colaborador es parte interesada en desviar la información, señalar solo una parte, eso es correcto; hay que decirlo también. Pero aquí el rol importante lo tiene el fiscal, y el fiscal debe saber cuándo le están mintiendo, cuándo no puede corroborar determinada información, cuándo el postulante no tiene información relevante. Si empezamos a dudar del fiscal, entramos a un problema y debilitamos los avances en la lucha contra la criminalidad organizada.

—Los abogados especialistas me han señalado que si esto se lleva a promulgar, no aplicaría la no retroactividad. Entonces, cualquier proceso en curso tendría que seguir estos nuevos lineamientos.

Es lo que se llama la regla general de la aplicación inmediata. Si hoy cambio la ley, a partir de ahí se aplica para los casos en el estado en el que estén. Teóricamente hay el riesgo de que muchos casos se puedan ver perjudicados por esta nueva legislación.

—¿Como Ejecutivo han tomado una posición sobre si observarán esta modificación?

El Ministerio de Justicia estuvo y está en contra de estas modificaciones. Vamos a esperar que lleguen [los cambios a la norma]. Los plazos que se tienen son muy cortos, pero sin duda este es un tema que da para una observación. Por lo tanto, se devuelve al Congreso para que evalúen las observaciones que plantearemos, y el problema son los tiempos. Espero que no se publique esto en el corto tiempo que queda antes del 28 de julio.

—Pero dependerá del presidente.

Sí, y del acuerdo del Consejo de Ministros. Pero la posición que lleva el Ministerio de Justicia es la de observar esta norma.

—¿Esta es una norma que favorece a los investigados? No solo de los casos emblemáticos, sino de todos los investigados por narcotráfico, terrorismo, lavado de activos.

En mis tuits, yo digo que esto debilita la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, debilita la colaboración eficaz como una herramienta fundamental.

—Me llama la atención la decisión de los cambios, porque en las fuerzas políticas que votaron por estos cambios hay investigados por estos temas.

Es impresionante. Yo tendría que haberme inhibido de ver este tipo de temas, porque sino pueden pensar mal.