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En los siete períodos parlamentarios más recientes, incluyendo el extraordinario del 2020-2021, los sucesivos parlamentos agruparon en sus dos primeros años de gestión hasta 371 denuncias contra sus miembros ante la Comisión de Ética. No obstante, ECData halló que solo 63 de ellas [el 17%] terminaron en sanción.
El último congresista en ser procesado por Ética fue Freddy Díaz, quien –señalado por violación sexual– resultó suspendido por 120 días por recomendación de ese grupo de trabajo. Posteriormente, el pleno –tras una reconsideración de votos– lo inhabilitó de la función pública por diez años y desaforó del hemiciclo a pedido de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así, Díaz Monago se convirtió también en el onceavo parlamentario removido de su fuero en los últimos 17 años.
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Dinámica de dilación
Cabe recordar que a Díaz la medida de inhabilitación se le impuso recién 170 días después de reportado el presunto abuso sexual hacia su extrabajadora de despacho. Además, una votación anterior, sobrela que el pleno dio marcha atrás, lo había librado del castigo en un inicio. En lo que va del actual Parlamento, se han formulado 99 expedientes contra congresistas. Solo 10 se admitieron; entre ellos, el de Díaz.
El caso contrasta con uno del 2004, que corresponde al del excongresista Leoncio Torres Ccalla, denunciado el 22 de noviembre de ese año por intento de violación a una menor de edad. Torres, elegido originalmente con el partido Perú Posible, fue suspendido por 120 días el 7 de diciembre y desaforado sin debate previo [por entonces, vía levantamiento de su inmunidad tras un pedido de la Corte Suprema] el 18 de enero del 2005. Es decir, su situación fue resuelta de manera más célere, en 57 días en total.
Para el politólogo y director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, Omar Awapara, la tendencia de protección mutua entre legisladores podría deberse a dos razones: la fragilidad ética general dentro del Parlamento y la necesidad de resguardar votos de coalición para eventuales proyectos.
“La famosa frase ‘otorongo no come otorongo’ se traduce en una especie de espíritu colegiado que hace que las denuncias a nivel individual se tomen con extremo cuidado, con mucha dilación y hasta se excusen. Es una dinámica interna propia del Parlamento, que pasa en todo el mundo, y que también tiene que ver con el poder numérico de los votos que representan esas personas cuestionadas”, dice.
La politóloga e investigadora de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Almendra Rodríguez, explicó que, pese a la eliminación de la inmunidad parlamentaria –que establecía trámite y votación para permitir el procesamiento o arresto de legisladores– en el Congreso aún se manifiestan posturas de apañamiento ante casos graves.
“El caso de Freddy Díaz refleja cómo actúa el Congreso ante hechos que deberían ser investigados y sancionados con celeridad. Aunque ya no aplica la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria para el proceso o arresto de los parlamentarios, sí persiste una cultura de impunidad para que hechos como estos no sean sancionados de manera inmediata”, señaló.
Escenario complejo
Para el director de Proética, Samuel Rotta, la Comisión de Ética requiere un rediseño, pues “se ha vuelto una herramienta de control político, que castiga o blinda según la persona sujeta a control esté o no alineada con la correlación de las fuerzas de turno”.
Según sostiene el especialista, hacia un eventual adelanto de elecciones generales como el que se prevé para el 2024, se deben no solo mejorar los filtros de selección para candidaturas idóneas, sino también afinar el modelo de control ético en el Legislativo.
“Un reto sobre el que se venía discutiendo en relación con la crisis política es cómo asegurar la idoneidad de los representantes. Las medidas que se vienen barajando están enfocadas en endurecer los impedimentos para que personas con antecedentes cuestionables postulen a cargos de elección, se incorporen a la función pública o, incluso, como propone la Coalición Ciudadana [de la que Proética hace parte] que participen activamente de la vida política, fundando, liderando o financiando organizaciones políticas. Es lógico esforzarse por mejorar estas barreras. Sin embargo, hay un reto complementario que debiera ser abordado en un nuevo congreso: ¿cómo controlar de manera efectiva que la conducta de los parlamentarios se ajuste a estándares éticos?”, indicó.
Para Rotta, la Comisión de Ética no debe mantenerse como una instancia de autocontrol parlamentario, sino pasar a un modelo de control externo, conformado por personas ajenas al Congreso o por una mesa híbrida, con algunos legisladores.
Sobre el eventual adelanto de elecciones generales para el 2024, la politóloga Almendra Rodríguez estima que las reformas políticas y electorales pendientes, como la realización de elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), mejorarían el filtro de candidaturas al Parlamento y generarían cambios progresivos en la conducta congresal.
A fines del 2021, este Diario reveló que 60 actuales congresistas acumulaban 173 investigaciones en el Ministerio Público. Entre los presuntos ilícitos sobre los que se basan dichas carpetas fiscales, están delitos relacionados con corrupción, además de organización criminal y lavado de activos.
“Abrir el espacio a reformas políticas como la implementación de las PASO, la incorporación de la renovación por mitades o por tercios en el Congreso y la reelección parlamentaria, permitirían que sea la ciudadanía quien juzgue el rol de sus representantes electos. Como consecuencia, la desconexión actual de la ciudadanía y los parlamentarios se acortaría en tanto se estreche un vínculo más cercano para premiar o castigar a los parlamentarios”, expresó.
En diciembre último, los resultados de la encuesta de Ipsos Perú advirtieron que la desaprobación ciudadana hacia el Congreso alcanza el 82%. El nuevo pico de impopularidad contrasta con el de agosto del 2021, que fue de 44%. El politólogo Omar Awapara sostiene que las faltas éticas y el blindaje público ante hechos presuntamente delictivos entre congresistas contribuyen en gran parte con esta desafección.
“Mientras la mayoría [de legisladores] considere poca cosa actos delictivos o antiéticos, nada será sancionable. Pero eso a su vez tiene una repercusión bastante negativa sobre la representación, porque lo que transmite es que estos señores y señoras congresistas pueden incurrir en faltas impunemente. Eso debilita la imagen de la institución y se condice con el hecho de que tengamos un Congreso tan altamente desaprobado y deslegitimado”, comentó.
