Andrés Hurtado empezó a hablar: nuevos involucrados y la posibilidad de ser colaborador eficaz
Se pretende extirpar de la Constitución a los movimientos regionales. Los partidos con bancada ajustan cuentas con su competencia.
1. Denuncio pero no acuso
La demanda competencial no se veía venir pero la primera denuncia constitucional hecha por el fiscal de la nación (FN), Juan Carlos Villena, contra la presidenta por el caso de los relojes, sí. El lunes pasado conocimos la denuncia por cohecho pasivo impropio. El principal testimonio incriminador es el de la propia Dina que admitió haber recibido el pequeño tesoro de Oscorima en calidad de préstamo (el FN lo llama ‘donación’).
Entre los indicios para sustentar la hipótesis de que Dina buscó beneficiar a su ‘wayki’, está la renuncia forzada de la ex directora de presupuesto del MEF, Jéssica Camacho, que se habría opuesto a dirigir gastos hacia Ayacucho. Por no excederse del plazo de 60 días de investigación ni pretender ampliarlo, la denuncia denota cierto apuro y simplificación. Por otro lado, la presidenta, como había prometido su nuevo abogado Juan Carlos Portugal (nítida mejora en vocería legal y manejo político que su antecesor Mateo Castañeda), no guardó silencio en su primera citación para responder por la imputación de obstrucción de la justicia que se desprendió de la desarticulación del equipo policial especial que apoyaba al Eficcop.
2. ¿Retaliaciones?
El ciudadano Jhon López Goicochea, ex funcionario de Migraciones durante el gobierno de Castiillo, ha presentado ante la SAC (Subcomisión de Acusaciones Constitucionales) una denuncia constitucional contra el fiscal Villena por, presuntamente, infringir el art. 117 de la Constitución que impide acusar al presidente (pero no investigarlo ni denunciarlo, como se ha interpretado, con aval de un fallo de la Corte Suprema, desde que se actuó contra Pedro Castillo). No conocemos las motivaciones de este ciudadano.
"Es poco probable que el TC responda favorablemente al gobierno, de modo que la demanda, además de reafirmar a los ministros como voceros, podría estar al servicio de una narrativa que acuse a fiscales y jueces de ‘caviares’ que no quieren dejar gobernar a la presidenta”.
La principal respuesta política de Dina a las investigaciones ha sido que, de alguna manera, el gabinete haya hecho suya su defensa a través de la demanda competencial. Pero el fondo de esa demanda es probable que tarde meses en dilucidarse. Una medida cautelar podría parar una investigación rápidamente.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, me dijo, cuando lo entrevisté en RPP que él recomendaría pedir una cautelar al TC, pero la decisión corresponde al procurador de la PCM a quien se ha encargado el caso. Hay un antecedente que podría despertar un anhelo en Palacio: cuando la ahora destituida ex FN, Patricia Benavides planteó una demanda competencial para rechazar las intromisiones investigativas de la JNJ en su gestión, a la par pidió al Poder Judicial una medida cautelar para frenar la investigación. La primera se perdió mucho tiempo después, cuando Benavides ya estaba suspendida. La cautelar fue rápida y detuvo las pesquisas. Boluarte podría aspirar a lo mismo, pero tendría que ser ante el propio TC. Cualquier juez o sala constitucional del PJ tendría que respetar la decisión de la Corte Suprema del 2022 que sentó jurisprudencia señalando que a Pedro Castillo sí se le podía investigar preliminarmente.
La mayoría de constitucionalistas coinciden en que es poco probable que el TC responda favorablemente al gobierno, de modo que la demanda, además de reafirmar a los ministros como voceros, podría estar al servicio de una narrativa –el ministro de Justicia, Eduardo Arana, es su punta de lanza- que acuse a fiscales y jueces de ‘caviares’ que no quieren dejar gobernar a la presidenta de 62 años que cumplió ayer viernes.
2. La 5% y el 6%
La última encuesta del IEP, publicada el domingo pasado, arrojó un 5% de aprobación para Boluarte y un 6% para el Congreso. Con su punto adicional, la mayoría congresal es la principal aliada del gobierno. Su aporte a la gobernabilidad no es el problema, claro que no; sino que las concesiones entre ambos poderes están rodeadas de sospecha y desconfianza que minan seriamente su legitimidad. Más grave es el hecho de que el Congreso no tenga contrapeso para observar y demandar la inconstitucionalidad de algunas leyes contra reformistas que atacan políticas de estado. Ha sucedido con el desarme progresivo de Sunedu, prórrogas a la formalización minera, amenazas a Servir, sumado a las concesiones a intereses mercantilistas o informales que han penetrado sus bancadas.
Además de atender a esa gran diversidad de intereses sectoriales, las bancadas atienden a su futuro partidario. El miércoles se aprobó, en primera votación, una reforma constitucional que permite la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores por un periodo, lo que es coherente con la reelección parlamentaria y con la mayoría de expertos que recomiendan promover la carrera política congresal o municipal. Además, la tasa de reelección fue baja cuando se permitía el pasado. En ella no radicaban los principales problemas de representación. La sorpresa del miércoles es que se pretende extirpar de la Constitución a los movimientos regionales. Los partidos con bancada ajustan cuentas con su competencia. La condena, en primera instancia, al candidato Donald Trump en EE.UU., nos confirma que llevamos la delantera en judicializar la política.
