El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, lleva dos días conversando con distintas bancadas en busca de un acuerdo para adelantar las elecciones. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, lleva dos días conversando con distintas bancadas en busca de un acuerdo para adelantar las elecciones. (Foto: Anthony Niño de Guzmán)
Martín Calderón

Mientras continúan las contra el Gobierno de y el , este último postergó nuevamente el debate sobre el adelanto de elecciones generales para este miércoles 1 de febrero.

El debate planeaba realizarse este martes desde las 4 pm, pero se suspendió porque los congresistas siguen sin ponerse de acuerdo sobre algunas propuestas relacionadas con el adelanto de los comicios. Ello a pesar de que el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, lleva dos días dialogando con diversas bancadas parlamentarias en busca de consenso.

El objetivo de la Comisión de Constitución es presentar ante el pleno del Congreso una propuesta de adelanto de elecciones que reciba el respaldo de al menos 87 legisladores. Con esa cantidad, el tema podrá ser aprobado en una segunda legislatura sin necesidad de convocar a consulta ciudadana mediante referéndum.

No obstante, el legislador y ex primer ministro , de la bancada Perú Bicentenario, señaló que su grupo no cederá en su propuesta de acompañar el adelanto de elecciones con un referéndum para consultarle a la población si está de acuerdo con cambiar la Constitución.

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“Los congresistas nos hemos reunido y hemos analizado la situación. Creemos importante que se pueda escuchar nuestra propuesta, que no es necesariamente la [instalación de una] asamblea constituyente, sino un referéndum de consulta popular para que la gente diga si está de acuerdo o no con una nueva Constitución Política. Que se haga el referéndum conjuntamente con las elecciones, en un solo proceso”, señaló.

Bellido remarcó que “el punto de consenso serán esos dos temas [adelanto y referéndum]”.

Mientras tanto, en insisten en la necesidad de realizar reformas políticas y electorales que estén vigentes cuando se realice el adelanto de elecciones.

La legisladora Roselli Amuruz, de esa bancada, explicó a El Comercio: “Nosotros apelamos a que el pleno del Congreso reflexione y considere que necesitamos un plazo prudente, al 2024, para realizar reformas políticas, constitucionales y electorales”.

Para Amuruz, “fue una muy mala estrategia” de Guerra García solicitar la reconsideración del voto del adelanto de elecciones, que se había aprobado para el 2024.

“Con ese retroceso, solo logró que el Congreso regrese a foja cero. Ahora siguen conversando entre las distintas fuerzas políticas, pero es muy complicado llegar a 87 votos. Era evidente que no sería nada fácil llegar a un consenso”, dijo.

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Además, a las discrepancias entre bancadas se suman también las que existen entre congresistas de una misma agrupación.

El lunes pasado, el legislador José Arriola, de , dijo que su grupo propone elecciones generales complementarias para este 2023. Es decir, que el próximo presidente y el nuevo Congreso culminen sus mandatos en julio del 2026.

Sin embargo, la legisladora Karol Paredes, también de Acción Popular, señaló a El Comercio este martes que, en su opinión, los comicios deben realizarse en el 2024, cuando se hayan aprobado reformas políticas.

“Espero que se tomen las mejores decisiones y no ir por una salida rápida. [...] Personalmente creo que debemos ir al 2024 con reformas para no tener candidatos con antecedentes o sentenciadas por narcotráfico,ver el retorno a la bicameralidad, el tema de la reelección [parlamentaria] y el voto de confianza”, señaló.

En tanto, el congresista Carlos Anderson, no agrupado, señaló que “hay tiempo suficiente para realizar aunque sea un par de reformas fundamentales” si la primera vuelta de las elecciones se realizan en diciembre de este año.

Para Anderson, el Congreso debe eliminar, en simultáneo, el voto de confianza cuando se instala un Gabinete y la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Además, debe incorporar causales específicas para destituir al jefe del Estado.

Pero el legislador añadió que en estos momentos “el principal punto de entrampamiento es si debe consultar [a la ciudadanía] por una asamblea constituyente”, como piden los bloques de izquierda en el Parlamento.