Congreso: Las seis decisiones más polémicas en solo dos meses de función

La mayoría de las normas se emitieron en torno a la emergencia por el coronavirus (COVID-19). Además, fueron exoneradas del análisis en comisiones parlamentarias y de la segunda votación en el pleno.

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A continuación, un repaso por dichas normas provenientes de un nuevo Parlamento que, según han señalado anteriormente analistas, peca de populista, falto de experiencia y pragmático.

1.-El deshacinamiento de penales al archivo

Esta fue una iniciativa del Poder Ejecutivo a fin de que el Poder Judicial cese las prisiones preventivas que recaen sobre personas procesadas por delitos no tan graves y que cumplan determinados requisitos, a cambio de otorgarles la medida de comparecencia con restricciones. Asimismo, se planteó que las penas de cárcel efectiva menores a 8 años se conviertan a trabajo comunitario a iniciar tras el levantamiento del Estado de Emergencia. También incluyó medidas excepcionales para adolescentes privados de su libertad. Todo ello con el fin de deshacinar los centros penitenciarios como medida preventiva ante el coronavirus.

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A dicha propuesta del Gobierno se sumaron otras dos de congresistas de Unión por el Perú (UPP) y Podemos Perú, referidas, respectivamente, a la ejecución humanitaria de la pena y la variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones para imputados con penas menores de seis años. El Poder Judicial también presentó dos proyectos: uno en torno a la remisión condicional de la pena y otro sobre la revisión excepcional de la prisión preventiva.

Es más, el pleno debatió virtualmente el último viernes y sábado por primera vez un dictamen de una comisión, en este caso la de Justicia y Derechos Humanos. Sin embargo, la propuesta en mayoría sustentada por la presidenta del grupo Leslye Lazo (Acción Popular) y la iniciativa en minoría presentada por María Teresa Cabrera (Podemos Perú) fueron finalmente archivadas al obtener votaciones en contra.

Hace casi dos semanas, cuando el Ejecutivo presentó su proyecto, El Comercio recogió las posturas de representantes de distintas bancadas, quienes sostuvieron que el Gobierno tenía “miedo” de legislar al respecto y que quería “lavarse las manos”, “soplar la pluma” o “tirar la pelota” del problema de los penales hacia el Legislativo. Durante el debate de último fin de semana se ratificaron tales posiciones y se insistió en que la gestión gubernamental debería de resolver el asunto desde sus fueros.

En tanto, el domingo, el Ministerio de Justicia lamentó la decisión del Congreso, rechazó que se haya pretendido trasladar la problemática al Legislativo y exhortó al Poder Judicial a continuar con evaluaciones de oficio para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país. Asimismo, el primer ministro Vicente Zeballos declaró a la prensa: “Hacemos, respetuosos, una invocación al Parlamento para que temas tan críticos sean de su prioridad en cuanto a su tratamiento legislativo”.

2.-Reforma del sistema de pensiones en manos del Congreso

El pasado 28 de abril, el Ejecutivo presentó un proyecto de “Ley para la reforma integral de los sistemas de pensiones”. Sin embargo, el documento solo contempló la creación de una comisión mixta encargada de plantear, en un plazo de 180 días, una propuesta de reforma del sistema de pensiones público y privado. La iniciativa sugería que el grupo sea integrado por 8 miembros provenientes del Congreso, el Ejecutivo, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros.

Sin embargo, la Comisión de Economía, que preside Anthony Novoa (Acción Popular), decidió el 13 de mayo archivar el proyecto del Gobierno. Durante el debate, los integrantes del grupo señalaron que la propuesta lesionaba la majestad del Parlamento, pues este debería ser el que se aboque al asunto, e instaron al Gobierno a presentar una iniciativa directa de reforma.

Concluyeron, además, proponer al pleno la creación de una comisión especial desde la que provengan los lineamientos de la reforma del sistema de pensiones. Para entonces, ya existían otras siete propuestas del Congreso, entre mociones y proyectos de ley, para tal fin.

Ese mismo día, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, lamentó la decisión de la comisión. El primer ministro Vicente Zeballos la secundó y cuestionó que se haya archivado el proyecto “sin ninguna profundización de los contenidos y alcances en los cuales se sostenía”.

Finalmente, el pleno del Legislativo acogió cinco mociones en un texto integrado y, el último sábado 16, acordó la conformación de una comisión especial encargada de la reforma del sistema de pensiones. La diferencia con la propuesta del Ejecutivo es que dicho grupo estará conformado solo por legisladores, un representante de cada una de las nueve bancadas. El plazo para la tarea es de 150 días.

3.-La formalización del taxi colectivo

El taxi colectivo es un servicio informal, pero muy utilizado en Lima, Callao y otras ciudades del país, y que implica que los vehículos tengan paraderos no legales desde donde parten a la espera de ‘llenar’ la unidad o que recojan a pasajeros en cualquier parte de su recorrido. Para especialistas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dicha modalidad de transporte interdistrital e interprovincial satura las vías, incrementa los accidentes de tránsito, genera comercio ambulatorio y delincuencia, significa una competencia desleal contra compañías formales y ahora podría convertirse en foco de contagio del coronavirus.

Pese a todas esas implicancias, el pleno del Congreso aprobó el último 14 de mayo formalizar el servicio de transporte terrestre en taxi colectivo, a excepción de Lima y Callao, donde se ha emprendido una reforma.

La norma proviene de proyectos de ley presentados durante la gestión del Congreso disuelto, entre el 2016 y 2017. En este último año, se aprobó un dictamen de la Comisión de Transportes en primera votación y había quedado pendiente la segunda, que fue la que se abordó en la reciente sesión del pleno.

Sin embargo, ante modificaciones y la presentación de un texto sustitutorio, el pleno realizó una nueva primera votación y exoneró de la segunda. “El servicio de automóviles colectivos es una realidad en el país. pero no se ha invertido en infraestructura de pistas y carreteras. Hay lugares en el ámbito rural del país donde este servicio es necesario e indispensable”, arguyó Carlos Simeón (Acción Popular), presidente de la actual Comisión de Transportes.

La medida generó cuestionamientos incluso del propio presidente Martín Vizcarra, cuyo Gobierno planteará observaciones a la norma. “Esta y otras medidas creemos que no solo son innecesarias sino inoportunas en una emergencia como la que estamos viviendo. Hay que ser conscientes de ellos. No podemos sacar normas como si no estuviera pasando nada en el mundo. Hay una nueva normalidad, una nueva convivencia, seamos conscientes de ello, por favor, y seamos responsables todos”, exhortó. Por su parte, el MTC consideró que se ha dado un retroceso.

Mientras tanto, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), presidente del Congreso, justificó la ley y sostuvo que busca atender a las zonas donde no hay otra forma de transportarse. “Si llevamos este tema a Pichanaqui, donde no hay otro modo de transporte, o si vamos a Tambo Grande donde no vemos otros modo que el taxi colectivo, ese es el contexto en el que nos encontramos”, insistió en RPP el último viernes.

4.-Suspensión del cobro de peajes

El pasado jueves 7, el pleno del Congreso aprobó por insistencia la autógrafa de ley que ordena la suspensión –con carácter excepcional y provisional– del cobro de peaje en toda la Red Vial Nacional, Departamental y Local; es decir en vías concesionadas a privados.

El objetivo, de acuerdo al texto aprobado, es “evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo ante los riesgos de propagación del COVID-19”. Se aclara además que la suspensión establecida “no causará ni generará derecho compensatorio”.

Previamente, el Parlamento ya había aprobado la iniciativa el 3 de abril, pero el Ejecutivo la observó. Es por ello que, finalmente, se desestimaron los cuestionamientos y se fue por la insistencia. La ley fue publicada el 9 de mayo.

Un día antes de la decisión del pleno, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, argumentó ante la Junta de Portavoces que la norma generará un perjuicio al Estado por los arbitrajes que podrían interponer los concesionarios privados. “El concesionario podría dejar de cumplir con sus obligaciones de inversión lo que traería pérdidas sociales, en por ejemplo, tiempos de viajes y seguridad social”, dijo por su parte el titular de Transportes, Carlos Lozada.

5.-Difusa obligatoriedad de declaración jurada de intereses

En diciembre de año pasado, el Gobierno emitió un decreto de urgencia que establece que los funcionarios del sector público están obligados a presentar su declaración jurada de intereses como requisito necesario para el ejercicio del cargo o función, y dentro de los quince días de haber sido nombrados, designados, elegidos o contratados. El documento se presenta de forma virtual ante una plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pero el pleno del Congreso de la República decidió el jueves 7 de mayo autoexcluirse de los alcances de dicha disposición del Ejecutivo amparado en su autonomía y la separación de poderes. Para ello, aprobó una modificación en su reglamento interno tras la sustentación realizada por el titular de la Comisión de Fiscalización, el excontralor Edgar Alarcón. “Las normativas permiten que el Congreso se autoregule”, dijo entonces.

La norma aprobada señala que la declaración jurada de intereses quedará bajo control del Consejo Directivo, que tendría que definir los parámetros de la información a consignar, y establece que los documentos serán presentados ante la Contraloría General de la República.

Hace unos días, desde la propia contraloría, que ha defendido la autonomía del Parlamento, se ha señalado que la norma no es clara. “Tal y como se ha redactado, podría ser interpretado que solo los trabajadores de la administración, las comisiones y los despachos parlamentarios serían los obligados a presentarla ante la contraloría, porque expresamente así lo señala la resolución legislativa. No siendo ese el caso de los señores parlamentarios, quienes deberán hacerlo de acuerdo a lo que apruebe el Consejo Directivo”, explicó Martín Cabrera, gerente de Relaciones Interinstitucionales de la entidad.

El presidente Martín Vizcarra ha cuestionado la norma y dejó entrever que va en contra de la transparencia. Recalcó que lo que “más daño le hace a un correcto desempeño es la falta de transparencia” y que eso implica que las decisiones de los funcionarios públicos deben ser “auditadas por el pueblo”. La Defensoría del Pueblo sostuvo que se trata de “una medida que se aparta de los estándares internacionales recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”.

6.-El retiro parcial de los fondos de las AFP

A fines de marzo e inicios de abril, distintos parlamentarios presentaron proyectos de ley en torno al retiro de los aportes al sistema privado de pensiones. Finalmente, el 3 de abril, el pleno aprobó el retiro del 25% de los fondos de las AFP, con un tope de S/12.900. Las solicitudes para acceder a dicho beneficio se realizan desde este lunes, de acuerdo al procedimiento establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

El Gobierno tuvo hasta el 29 de abril para observar o promulgar la norma, pero no realizó ninguna acción y aquella fue promulgada por el propio Congreso, y publicada el 1 de mayo.

Previamente, Vizcarra cuestionó la medida y señaló que iba a generar distorsiones en el sistema financiero que no se pueden permitir en una época de crisis. Como respuesta, presentó un proyecto de ley para que se cree una comisión mixta que, en un plazo de 6 meses, remita un anteproyecto de ley para la reforma del sistema de pensiones.

Como ya se ha señalado líneas arriba, la Comisión de Economía archivó la propuesta del Ejecutivo y el pleno aprobó la creación de un grupo conformado solo por parlamentarios.

“¿Qué está pasando en el Congreso? En estos momentos nuestro foco de atención es cómo atendemos y contenemos el virus [...] Sin embargo, en nuestros vecinos hay una agenda diferente y, ¿qué tipo de agenda?”, se preguntó el último fin de semana el primer ministro Vicente Zeballos, en diálogo con la Red de Comunicación Regional. Desde el Parlamento, en más de una ocasión, su presidente Manuel Merino ha defendido la actuación legislativa, fiscalizadora y representativa.

Queda poco más de un año de gestión tanto para el Ejecutivo, como para el Congreso. Tiempo en el que se verá qué otras medidas se adoptan y si estas se enmarcan, como han señalado analistas, en el populismo. Todo ello camino a las elecciones generales del 2021.