El Congreso en etapa final de preselección de candidatos al TC: ¿Ya se puede hablar de favoritos?

La Comisión Especial del Congreso encargada de seleccionar a candidatos para el Tribunal Constitucional está a pocas etapas de culminar su propósito y elevar un informe para la eventual programación de un pleno que elija a seis nuevos magistrados. Hasta el momento, son 17 los postulantes que se disputan las plazas. Y, según pudo conocer El Comercio, al menos un par de ellos tendrían respaldo importante en la eventual votación.

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De acuerdo con el cronograma, el 24 de junio vencerá el plazo de entrevistas personales. Los resultados de estas, añadiendo los de pruebas anteriores, serán publicados el 26. Para el 30, la presidencia del Congreso ya tendría en sus manos el documento en el que el grupo de trabajo explique los motivos de cada puntaje. Entre los abogados que postulan, están Fernando Calle Hayen, exmagistrado del TC en el periodo 2007-2014, y Carlos Hakansson, constitucionalista de amplia trayectoria académica.

Fuentes consultadas por este Diario afirmaron que sobre Calle y Hakansson ya existen preferencias entre ciertas agrupaciones parlamentarias. Del lado de Calle, estaría la bancada de Acción Popular, mientras que Hakansson sería apoyado por Alianza para el Progreso y Fuerza Popular.

“Parece que se busca lograr consenso en torno a dos candidatos: Hakansson y Calle. No creo que, al día de hoy, tengan los votos asegurados, pero algunas bancadas intentarán lograrlo para alguno o ambos de estos postulantes”, indicó una de las fuentes.

Congresistas de las bancadas aludidas niegan alguna inclinación y sostienen que apoyarán “a los mejores perfiles”. El vocero de Acción Popular, Franco Salinas, remarcó que Acción Popular no tiene una postura tomada.

“Si la postulación del Dr. Calle está en curso es porque él se ha inscrito. La convocatoria ha sido abierta. Como abogado, lo conozco del mundo jurídico. Si ellos [los candidatos] llegan a la lista final, se deberá a algún mérito profesional o académico que puedan tener. Obviamente, lo que se necesita es tener a magistrados con el mejor perfil, pero en la bancada no hemos conversado sobre alguna posición”, expresó Salinas.

De otro lado, César Combina, de Alianza para el Progreso, indicó: “en el Congreso tenemos gran cantidad de bancadas, y apoyaremos a los candidatos que puedan generar consenso en base a su experiencia académica y ética comprobada”.

Carlos Mesía, parlamentario de Fuerza Popular y exmagistrado del TC, fue incluso duro sobre la candidatura de Calle: “La bancada no ha tomado una posición, pero personalmente mi respaldo no tiene. No lo considero. En los casos difíciles [en el TC] pedía licencia. Un juez debe asumir la responsabilidad; no correrla”. Sobre Hakansson, dijo “Es un excelente profesional. El problema será en el Pleno, si es que habrá los votos”.

No se cubrirían las seis plazas

Como se recuerda, desde junio del 2019 el Tribunal Constitucional tiene a seis jueces con mandato vencido. Estos son Marianella Ledesma, actual presidenta, Ernesto Blume, Manuel Mirada, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y José Luis Sardón. Ellos fueron elegidos por el Congreso para el periodo 2014-2019.

Por indecisión política, aún no han sido reemplazados. El único magistrado con periodo vigente es Augusto Ferrero Costa, elegido en agosto del 2017 para suceder a Óscar Urviola, cuyo mandato ya había expirado dos años antes.

En diálogo con El Comercio, el congresista Jorge Pérez Flores, miembro titular de la Comisión Especial, reconoció como muy probable que, llegada la fecha de la votación, a inicios de julio, el Parlamento no logre llenar las seis plazas de magistrados. Este Diario ya había advertido en diciembre del 2020 sobre este escenario.

“No es seguro si es que al final se van a poder elegir seis [en el Pleno]. Pueden ser cuatro o tres y no necesariamente todos los requeridos porque ya depende de consenso político. Ese es el último punto en el que ya nosotros [como Comisión] no tenemos injerencia. Ahora, si usted me pregunta por mi posición personal o nuestra posición como bancada [Somos Perú], es que se respete la meritocracia y elijamos a los que mejor puntuación tuvieron”, declaró Pérez.

De elegirse a menos de seis reemplazos, los actuales magistrados serían sucedidos, de acuerdo con la Ley N° 31031, por la antigüedad de su colegiatura. El artículo 10 de esta norma publicada en julio del 2020 precisa que: “en caso de que el mandato de varios magistrados concluya simultáneamente, la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional se realizará mediante el reemplazo del magistrado con la mayor antigüedad en su designación o, en su defecto, del magistrado que tenga mayor antigüedad de la colegiatura”.

Es decir, al cubrirse solo tres plazas, correspondería la salida de Miranda, Blume y Ramos, que —por colegiatura— son los más antiguos.

Calidad cuestionada

En lo que va de las sesiones de entrevistas personales, la Comisión Especial ha buscado la opinión de los postulantes con respecto al divorcio, al aborto, al concepto de incapacidad moral permanente, a la inmunidad parlamentaria, entre otros. El martes, la candidata Jobita Silva respondió sobre el feminicidio que “una vez le dijeron” que “era una forma de discriminación al hombre porque también hay hombres maltratados”.

Para la constitucionalista Úrsula Indacochea, “las preguntas sobre posturas ideológicas no deberían tener cabida”. Indica que lo idóneo es encontrar compromiso con las normas y las libertades fundamentales. “Improvisar vulnera no solo el principio del mérito, sino también la igualdad entre candidatos. No debería importar qué opina el candidato sobre el aborto o la pena de muerte, sino si el candidato podría resolver sobre esos temas dejando de lado sus preferencias ideológicas y sujetándose a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos”.

Indacochea señala que, en torno al proceso de selección de magistrados, pese a ser nuevo, subyacen algunos problemas. “Menciono algunos: el Congreso no ha logrado desarrollar criterios y mecanismos objetivos para identificar mérito; la participación ciudadana es solo ilusoria; las entrevistas no están siendo altamente discrecionales; y no se garantiza la paridad de género. Estamos muy lejos en comparación a países vecinos, como Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia”, indicó.

La también constitucionalista Ana Neyra estima que la impresión dejada en el proceso es negativa porque se evidenciarían “consignas partidarias o de interés diferentes al interés público”. “El procedimiento de selección de magistrados debe cumplir con permitir que ingresen los mejores. El problema con este procedimiento es que comenzó mal al eliminar a personas que cumplieron los requisitos y, luego, apresurando las etapas. El peligro es elegir a quienes no estén enfocados en defender la Constitución y los derechos”, sostuvo la exministra de Justicia.

El abogado constitucionalista Rafael Sánchez refirió que “lamentablemente, nada impide que el Congreso pueda elegir a magistrados que tengan cierta orientación política o doctrinaria” y que “lo incorrecto o más cuestionable sería que se elija a ciertas personas, sabiendo de antemano cuál es su posición respecto de un caso particular que puede ser votado en el Colegiado”.

En conversación con este Diario, el congresista del Partido Morado, Gino Costa, cuestionó la idoneidad y la calidad del proceso ya encaminado.

“Para la bancada morada, el proceso no da garantías de imparcialidad. Las preguntas, en muchos casos, han estado orientadas a temas que, muy posiblemente, resolverá en breve el TC; como si el sentido de lo que respondan los aspirantes al TC predetermine el respaldo de algunas bancadas. Se pierde de vista que los futuros jueces constitucionales no deben ni pueden adelantar opinión. El criterio para elegirlos debe ser el meritocrático; no el de adhesión política o ideológica. Creemos que este Congreso no garantiza un proceso de selección idóneo y que la responsabilidad debe recaer en el próximo Congreso”, señaló el legislador.

Cabe recordar que Costa se retiró como miembro de la Comisión Especial para noviembre del 2020, a consecuencia de la crisis política de entonces. Otras bancadas que retiraron a sus representantes en ese momento fueron APP, Frente Amplio y Somos Perú. Tanto el Partido Morado como Frente Amplio no volverían a la Comisión luego de que el Congreso la reactivara el 20 de abril.

Consultado sobre la calidad de las preguntas, el congresista Jorge Pérez Flores indicó: “De repente, las evaluaciones de entrevista tienen mucha subjetividad. Entiendo que hay gente que puede decir que estamos haciendo preguntas que no tienen mucha incumbencia. Sí, es muy subjetivo, pero es por eso que tiene poco valor esta etapa”, refirió.

Etapas concluidas

Dentro del procedimiento, existen dos evaluaciones marcadas. La curricular culminó el 14 de mayo, sobre una calificación base de 75 puntos y una mínima aprobatoria de 50. La actual etapa de entrevistas tiene un puntaje máximo de 25, aunque puede aprobarse con un mínimo de 15 puntos.

En octubre del 2020, se habían inscrito 65 postulantes; sin embargo, la lista se redujo a 30 por filtro de requisitos formales. Luego, quedaron 27 por retiros voluntarios o tachas. Tras las evaluaciones curriculares, la relación quedó en 19. No obstante, dos quedaron excluidos por omisión en declaración jurada y por observación de Contraloría.

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