¿El Congreso está dispuesto a retroceder sobre norma que limita colaboración eficaz?

La ley fue aprobada el 22 de junio, al filo de la medianoche y al cierre de la legislatura. De los 83 congresistas que la respaldaron, 33 arrastran investigaciones fiscales. La autógrafa ya está en manos del Gobierno, que tiene hasta el 24 de julio para observarla o promulgarla.

La propuesta- promovida desde la Comisión de Justicia por Gladys Echaíz (Renovación Popular) y Américo Gonza (Perú Libre)- es cuestionada por establecer un plazo de ocho meses para cerrar el proceso de colaboración eficaz y llegar a un acuerdo. También porque establece la obligación de que las declaraciones sean grabadas en audio y video.

Y, además, porque fija la firma de un acuerdo preliminar al inicio de la colaboración donde se deje establecido de antemano qué beneficios recibirá el delator.

En su misiva, los ex abogados del Estado le advierten a la jefa de Estado que si la referida norma es promulgada generará “impunidad frente al crimen organizado en el Perú”.

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Azabache, Ugaz y Vargas Valdivia recordaron que antes de la promulgación de la Ley N°27378 (Ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad”), el 20 de diciembre de 2000, la lucha contra la criminalidad organizada, sobre todo en el ámbito de la gran corrupción, “resultaba frecuentemente infructuosa”.

“[Esto] debido a la dificultad para obtener información interna de las organizaciones criminales respecto a sus estructuras, jerarquías y reparto de funciones, metodologías, membresía, actividad desplegada, destino de los fondos y reparto del botín, entre otros elementos clave para su desmantelamiento y sanción”, remarcaron.

Los ex procuradores destacaron que a lo largo de los últimos 23 años la Ley N°27378 y sus modificaciones “han demostrado ser una herramienta eficaz” y romper con “décadas de impunidad” en el país. Pusieron como ejemplo los procesos contra el expresidente Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos.

También subrayaron que en los últimos años se revelaron, gracias a las delaciones de colaboradores eficaces, la corrupción del club de la construcción, los sobornos de Lava Jato y el intercambio de favores en “Los Cuellos Blancos del Puerto”, así como los presuntos actos ilegales en la administración de Pedro Castillo.

“Resulta inaceptable que desde un Congreso de la República con 9 % de aceptación y enfrascado en un desmontaje institucional del país, se pretenda ahora neutralizar la Ley de Colaboración Eficaz con el fin de convertirla en un instrumento simbólico que nos retrotraerá a épocas de gran impunidad”, sostuvieron.

Los también abogados penalistas alertaron que reducir los plazos de la colaboración eficaz a 12 y 16 meses para casos ordinarios y de gran complejidad, respectivamente, es “una intención de convertir este valioso mecanismo en inoperante”.

“Es evidente que esta modificación busca entorpecer la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada, y beneficiar así a los integrantes de organizaciones criminales, quienes podrán alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de peruanos”, acotaron.

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Desde el Congreso, al menos representantes de tres bancadas se han expresado a favor de realizar cambios a la ley que limita la colaboración eficaz. Por ejemplo, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, dijo que se debe escuchar “las opiniones críticas” a la norma “para ver qué cosa debemos corregir”.

En comunicación con la agencia Andina, el congresista Jaime Quito (Perú Libre) refirió que “todo es modificable, nada puede ser pétreo”. “Se puede hacer ajustes. En eso sí estoy de acuerdo”, manifestó.

El vocero alterno de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, consideró que el Parlamento tiene que saber escuchar los cuestionamientos.

“Si el Ejecutivo observa la norma, esta vendrá con fundamentos. Hay que revisar los plazos que pueden ser muy perentorios, lo que queremos es que no sea abierto [el plazo], eso no es correcto […] Hay desidia en algunos sectores del Ministerio Público, estamos seis años de procesos [en Lava Jato] y no hay sentencias”, añadió.

Salhuana, en comunicación con El Comercio, refirió que “nadie es dueño de la verdad”, por lo que, complementó, APP está abierta a revisar nuevamente la referida ley.

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La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) dijo que la norma “no busca obstaculizar ninguna investigación, sino todo lo contrario, hacer que la ley se cumpla”. “Todos hemos visto muchos casos en los que el Ministerio Público se toma años investigando y al final nunca acusa”, expresó a este Diario.

Chirinos sostuvo que si la norma llega a ser observada por el Ejecutivo, la Comisión de Justicia “deberá evaluar y discutir” los cuestionamientos hechos. “A partir de ello, se tomará alguna decisión al respecto”, acotó.

Por su parte, la portavoz alterna de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Ruth Luque, quien desde el inicio se pronunció en contra de la ley, remarcó que esta propuesta abre una ventana para la “impunidad” en investigaciones complejas. Criticó que el Ministerio Público, hasta el momento, no haya sido enfático en defender su fuero.

“No he escuchado ningún pronunciamiento del Ministerio Público. ¿Quién usa la figura de la colaboración eficaz? El fiscal, acá se está debilitando su trabajo, sobre todo en pesquisas por corrupción y organización criminal. Es el Ministerio Público el que debe plantear una fórmula, una iniciativa legislativa”, expresó a El Comercio.

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A su turno, el parlamentario Guido Bellido (Perú Bicentenario) se pronunció en contra de que el Congreso cambie la ley que limita la colaboración eficaz.

“Si una persona quiere ser un colaborador eficaz no lo puede ser solo con sus propias palabras, se convierte en colaborador cuando entrega todos los elementos que dispone a la mano, si no hay eso, no hay forma”, dijo.

En diálogo con El Comercio, el ex primer ministro refirió que ocho meses es un plazo suficiente para que un postulante a colaborador pueda entregar pruebas y cerrar su acuerdo.

“La mayoría comienza como un aspirante a colaborador eficaz y al final no lo llegan a ser, hacen perder recursos al Ministerio Público. Se requería poner plazos”, concluyó.

Este Diario intentó comunicarse con los portavoces de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Somos Perú y Podemos Perú. No obstante, no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

Fuentes cercanas a la Mesa Directiva indicaron a El Comercio que este martes enviarían la autógrafa de la norma que limita la colaboración y otras siete leyes al Ejecutivo.

Al menos 200 procesos de colaboración eficaz actualmente en marcha en casos de corrupción y crimen organizado corren riesgo de caerse con una ley aprobada por el Congreso, la cual modifica esta herramienta. De acuerdo con fuentes de El Comercio, entre estos están las colaboraciones en los casos ligados al expresidente Pedro Castillo que investigan el equipo especial contra la corrupción en el poder y la Fiscalía de la Nación.