El Congreso rechazó y archivó hasta 77 proyectos en materia electoral y de partidos en los últimos seis años

Del total de iniciativas acumuladas desde el 2016, 77 fueron rechazadas o archivadas. Entre ellas, reformas como la que propone el regreso a la bicameralidad o la creación de un distrito electoral de representación para pueblos indígenas.

La más reciente en no lograr los votos necesarios es la del adelanto de comicios generales al 2023 y el recorte del mandato presidencial y congresal al 2024. La reforma, que requería de 66 a 87 votos para viabilizarse, solo acumuló 49 respaldos en primera votación. Esto, en medio de las protestas ciudadanas que exigen nuevas elecciones y que ya dejaron un saldo superior a los 20 fallecidos tras enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Sin condiciones

En diálogo con El Comercio, el especialista en derecho electoral Jorge Jáuregui estimó que el adelanto de elecciones generales resulta urgente frente al escalamiento de la crisis política y de gobernabilidad. Adicionalmente, advirtió que no existen las condiciones para que el actual Legislativo produzca reformas ideales y que, en ese sentido, estas modificaciones tendrán que posponerse.

“Las reformas políticas [a los sistemas de gobierno, de partidos y de elecciones] requieren condiciones democráticas básicas y un debate amplio y público. Yo estoy más que de acuerdo en que necesitamos reformas, que se tiene que fortalecer el régimen presidencialista o aumentar el tamaño de representación en el Parlamento, por ejemplo, pero discusiones como esas requieren tiempo. Creo, además, que el Congreso que tenemos carece de legitimidad para esa tarea. Recordemos que es un Congreso que, por sectores, cuestionó a los organismos electorales, estableció una comisión investigadora por un supuesto fraude que no existió, y quiso alterar el cronograma electoral de los comicios regionales recientes”, comentó.

En una sesión que inició el jueves último, el pleno del Congreso había debatido los proyectos de ley Nº 1897 y Nº 1918. Bajo un texto sustitutorio, ambos buscan que un nuevo proceso electoral general se lleve a cabo en diciembre del 2023 y que el mandato de la actual mandataria Dina Boluarte culmine el 30 de abril del 2024.

El primer proyecto había sido presentado en abril por la congresista Digna Calle (Podemos Perú), y el segundo, tramitado en mayo por la legisladora Susel Paredes (Integridad y Desarrollo). Sin embargo, y pese a la coyuntura, las iniciativas no generaron consenso en el hemiciclo: solo 49 parlamentarios marcaron en verde, mientras que 33 rechazaron el dictamen y 25 votaron en abstención. El congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) presentó un pedido de reconsideración sobre lo decidido, pero este aún no se evalúa.

“Lo que queda es que el Parlamento priorice y apresure esa discusión. Ya se tienen el dictamen favorable de la Comisión de Constitución, que está cerrado. Y ahí, sobre esa base, pueden hacer algunos ajustes. Lo que hay que hacer es habilitar que en el registro de organizaciones políticas se pueda continuar inscribiendo candidaturas, por lo menos hasta las elecciones primarias y respetar el cronograma electoral. De lo contrario, lo que vamos a estar observando son actos de provocación al descontento ciudadano con este Parlamento”, sostuvo Jáuregui con respecto al accidentado escenario.

Cambios a medias

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, activa entre el 2018 y el 2019, había propuesto en su tiempo un paquete de 12 proyectos de ley que impactaba sobre el sistema electoral, el de poderes y el de representación en el Estado. Sin embargo, la mayoría de ellos se estancó en los sucesivos congresos. Entre las pocas propuestas aprobadas estuvieron los cambios de reglas sobre democracia interna, inscripción y cancelación de partidos y movimientos, el control del financimiento de las organizaciones políticas y los impedimentos para ser candidato.

Sin embargo, en el 2020 y el 2021, bajo el contexto de la pandemia del COVID-19, el Congreso aprobó hasta 21 modificaciones transitorias en temas electorales y del sistema de partidos. Entre ellas estuvo la inaplicación de las elecciones primarias para el proceso general del 2021. También se omitió eliminar el voto preferencial y se mantuvo este como opcional.

Para la politóloga e investigadora de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), Almendra Rodríguez, de darse el ambiente para reactivar la agenda de reformas, se debería priorizar la eliminación definitiva del voto preferencial en las listas al Congreso y la implementación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO; en las que participa la ciudadanía).

“Nuestras crisis están en la desinstitucionalización de la política, la baja legitimidad de la democracia y la falta de renovación entre el orden legal y las formas de hacer política. Quedan en agenda varias reformas, como la eliminación del voto preferencial y la implementación de las PASO, y otras para mejorar el nivel de representación y el trabajo parlamentario, como la del retorno a la bicameralidad y a la reelección inmediata. Pero las reformas no pueden ser parciales ni desnaturalizarse”, dijo.

Para Rodríguez, si bien el adelanto de elecciones se hace cada vez más imperativo, asegurar la calidad de representación que resulte del proceso. De otro lado, explica que la renovación general del sistema político peruano, como producto de reformas estructurales y de fondo, tomará tiempo en percibirse.

“Una reforma debería apuntar a que los partidos políticos y movimientos regionales cuenten con los mecanismos democráticos obligatorios de selección de candidaturas, que permitan la representatividad de la ciudadanía. Para ello, al interior de los partidos se requiere un trabajo de formación y capacitación constante, que brinde opciones de renovación y que mejore así la calidad de las ofertas electorales. Sería uno de los caminos para acortar la brecha asociada a la crisis de representación política en el país”, refirió.

OPINIÓN: “El día siguiente”, por Milagros Campos*

“La democracia peruana tiene deudas pendientes para lograr que sea considerada como el mejor sistema de gobierno y defendida por todos. Construir un país más equitativo con tolerancia y paz social, con liderazgos e instituciones democráticas sólidas no depende de reformas constitucionales o legales, pero algunas reformas pueden contribuir. Estas deben ser producto de un consenso y debate público, en la medida que existan condiciones para ello.

¿Qué agenda posible podría desarrollarse? Frente a la ausencia de carreras políticas que incentiva el aventurerismo, políticos con una mirada cortoplacista y con poca experiencia, sería importante restablecer la reelección parlamentaria inmediata, al menos por tres periodos. Los electores podrían decidir si premian o no la gestión de su representante. La tradición constitucional ha sido la reelección, sin embargo, la tasa en promedio desde 2001 fue 20%.

Otro objetivo debería ser combatir la corrupción en la política. Es necesario establecer con claridad que al Presidente se le puede acusar durante su mandato por graves delitos vinculados con actos de corrupción, violación de derechos humanos, narcotráfico, graves delitos comunes o graves infracciones de la Constitución (Eguiguren, 2007). Asimismo, es necesario buscar mecanismos que garanticen la idoneidad de los candidatos.

El retorno a la bicameralidad ha sido un esfuerzo recurrente en los congresos desde el 2001. El objetivo es mejorar la representación política, la deliberación y el control político. El Senado se elegiría con criterios diferenciados respecto de los que regulen la elección de diputados, compartiría funciones legislativas y de control político, pero se encargaría de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República entre otros altos funcionarios.

¿Como lograr mayor estabilidad democrática? Los mecanismos de control entre ejecutivo y legislativo deben contribuir a un adecuado balance entre el control político y la colaboración entre poderes del Estado, que contribuya a la gobernabilidad democrática. Los gobiernos inestables no pueden construir políticas públicas eficaces. La relación entre estos dos poderes en el futuro no puede estar de ordinario dirigidas a eliminarse utilizando armas nucleares Dargent y Rosseau (2021), como son la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y disolución del Congreso. Deben ponerse los candados que tuvieron en el pasado y eliminar la cuestión de confianza obligatoria, la que presentan los gabinetes dentro de los 30 días de asumir funciones”.

*Milagros Campos Ramos es politóloga y fue integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (2018-2019).