El Gobierno sigue enfrentando limitaciones en el terreno legislativo | Análisis

El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso 2016-2019, el pasado 30 de setiembre, acusándolo de obstruccionista. Casi ocho meses después, el Poder Ejecutivo no ha logrado tender puentes para ingresar a la dinámica parlamentaria de la nueva representación. Conforme pasan los días, los actuales congresistas van endureciendo su discurso y, a dos meses de su instalación, ya piden la renuncia de varios ministros en medio de la crisis producida por el COVID-19.

La relación entre el Poder Ejecutivo y el actual Congreso empezó de manera protocolar. A inicios de febrero, cuando los parlamentarios aún no recibían sus credenciales del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente Martín Vizcarra inició una ronda de diálogo con casi todas las fuerzas políticas que lograron representación parlamentaria. El único partido que rechazó la invitación fue el Frepap, que decidió concretar la reunión después de que sus miembros recibieran sus documentos oficiales.

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De ahí en adelante, el único puente que el mandatario Vizcarra tendió fue con el presidente del Congreso, Manuel Merino (Acción Popular, Tumbes). Ambas autoridades se reunieron el 18 de marzo -dos días después de la instalación del Congreso- y el 10 de abril viajaron juntos a Tumbes, la región que representa Merino. A esto se puede sumar las dos reuniones del Consejo de Estado, aunque a la última no asistió Merino.

Este puente directo le ha generado resistencia al interior del Congreso. Varios voceros han criticado que Merino haya permitido que varios ministros participen en la Junta de Portavoces y no directamente en el pleno, como dicta la práctica parlamentaria. En la Comisión de Constitución también se ha cuestionado que coordinara la fecha de presentación del primer ministro Vicente Zeballos ante el pleno, sin antes haber conversado con las bancadas.

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Fuera de este puente directo entre titulares, la relación Ejecutivo-Parlamento ha ido cuesta abajo. Cuando se presentó el pedido de facultades legislativas, el Ejecutivo no envió a ningún representante a sustentar la iniciativa. A la Junta de Portavoces asistieron el viceministro de Economía, Mario Arróspide, y el jefe del Gabinete de Asesores de la PCM, Eduardo González. La ausencia del jefe del gabinete Vicente Zeballos y de alguno de los ministros de su gabinete podía ser entendible por la coyuntura de crisis del COVID-19 que enfrenta el Ejecutivo, pero en el Congreso esto fue tomada de mala manera.

En el pleno, el proyecto del gobierno tuvo que ser sustentado por el segundo vicepresidente Guillermo Aliaga (Somos Perú, Lima).

Tal como se observa en el cuadro, el Ejecutivo logró aprobar sus dos primeros proyectos de ley, pero ha comenzado a obtener resistencia en los otros tres. La Junta de Portavoces rechazó, pese a ser proyectos de relevancia, que dos de ellos sean exonerados del trámite de comisión y pasen directo al debate en el pleno virtual que se realizó el pasado 7 de mayo.

A esto se suma la insistencia de la ley que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarias, pese a la observación formal del presidente Martín Vizcarra y a la presentación de los ministros María Antonieta Alva (Economía) y Carlos Lozada (Transportes) explicando el impacto negativo para el Estado.

Así como la promulgación de la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pese a que el gobierno ya había dictado medidas sobre el retiro de fondos.

Pero se podría decir que, apenas arrancó el trabajo de las comisiones, se mostró con claridad el cambio de actitud del Congreso frente al Ejecutivo. Hasta la fecha, ningún grupo de trabajo ha presentado un dictamen de ley, debido a que todos han dedicado sus sesiones a citar a ministros o funcionarios del gobierno. Esto ha venido acompañado de pedidos de renuncias: Acción Popular ha pedido la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Castañeda, y Alianza para el Progreso, la salida del ministro de Salud, Víctor Zamora y de la jefa de Essalud, Fiorella Molinelli.

En la última sesión virtual del pleno, algunos congresistas deslizaron la posibilidad de comenzar a interpelar ministros.

Sin bancada, ni interlocutores

El gobierno enfrenta dos problemas que dificultan su presencia activa en la dinámica parlamentaria. El primero, que no tiene una bancada oficialista; y el segundo, que no cuenta con interlocutores con llegada a los parlamentarios o siquiera a las principales bancadas.

“El gabinete ministerial tiene perfil bajo y pocos interlocutores, y para la dinámica parlamentaria eso les dificulta la interacción. Hacer política entre poderes es sentarse dialogar, y requiere de representantes empoderados y legitimados. En el Ejecutivo hay pocos con ese perfil”, explicó Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú.

Para el especialista en comunicación política, existe una gran brecha entre el presidente Martín Vizcarra y el resto de ministros, incluso con el propio primer ministro Vicente Zeballos, a quien le correspondería encabezar las negociaciones con el Poder Legislativo.

En el arranque de funciones del Congreso, Vicente Zeballos sostuvo reuniones con la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces, por el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la figura del control concurrente para la Contraloría en el marco de la pandemia. Luego, su llegada al Parlamento ha sido casi nula.-

“Quien tiene cierto empoderamiento, también por la naturaleza de su sector, es la ministra de Economía. Lo que requeriría el Ejecutivo es empedrar otras figuras. Si no empodera interlocutores, y teniendo en cuenta que no tiene partido ni bancada, es complicado llegar al Legislativo”, enfatizó Radzinsky.

En ese contexto, el director del Grupo Fides Perú indicó que el Ejecutivo requiere tender puentes no solo con congresistas sino con autoridades políticas e identificar agendas en común para impulsarlas en el debate público.

Cálculos fallidos

El presidente Martín Vizcarra, quien no se encuentra afiliado a ningún partido, decidió no presentar lista ni endosar votos en las pasadas elecciones parlamentarias del 26 de enero.

“Si uno miraba la elección a finales del año pasado, tras la disolución, no pensaba que Daniel Urresti iba a ser elegido. El Ejecutivo pensó que este nuevo Congreso sería manejable y los cálculos le fallaron”, advirtió el analista político José Carlos Requena.

La propia dinámica de este nuevo periodo congresal, con nueve bancadas con agendas particulares, vuelve difícil la tarea de dialogo con el gobierno. “La Mesa Directiva hizo un acuerdo de gobernabilidad, eso no ha madurado y tiene que ver con el tono estridente que ha impuesto Daniel Urresti. Ha sido clave en dañar cualquier posibilidad de diálogo”, añadió el socio de la consultora política 50+1.

Para Radzinsky, la confrontación va a ser más manifiesta en los siguientes meses. La evolución de esta disputa, según explicó, dependerá del respaldo que tenga cada uno. “Hoy todavía la aprobación del presidente Martín Vizcarra es alta, pero va a bajar y no sabemos cuánto. De cara a la ciudadanía, esa aprobación lo pone en mejor postura frente a una confrontación con el Congreso. La cuestión es que, si bien hay una brecha, esta se está moviendo y se ha acortado”, refirió.

Esta semana, según anunció el presidente del Congreso Manuel Merino, se realizará la presentación del primer ministro Vicente Zeballos ante el pleno para el voto de investidura.

Dicha votación, adelantó Requena, permitirá determinar si el Ejecutivo y el Congreso se sentarán a dialogar o mantendrán una relación tirante.

Otro factor clave para analizar la relación Ejecutivo-Congreso será el segundo pedido de facultades legislativas anunciado por el presidente Vizcarra. Aunque este aún no ha sido presentado oficialmente.

Para Requena, tras los cálculos fallidos sobre esta nueva representación, el Ejecutivo no parece estar interesado en tender puentes y, mientras esa actitud se mantenga, el Parlamento seguirá siendo el frente más complicado para el gobierno, después de la pandemia.

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