El otro contrapeso: ¿Cómo le fue al gobierno de Martín Vizcarra cuando enfrentó al Congreso en el TC?

Una acción de inconstitucional es el último recurso del gobierno ante la insistencia de una ley del Congreso. La Constitución le otorga al presidente de la República la facultad de observar una autógrafa y devolverla al Parlamento, pero también brinda al Legislativo la potestad de rechazar esa posición y promulgar una norma por la vía de insistencia, para lo cual solo se requiere 66 votos.

MIRA: Legislación fast track: Congreso aprobó, hasta al fecha, todas sus normas sin estudio técnico previo y sin pase a comisiones

Cuando sucede esto último, es que el Poder Ejecutivo recurre a la vía constitucional para objetar lo aprobado por el Congreso. En lo que va de su gobierno, el presidente Martín Vizcarra ha recurrido cuatro veces al Tribunal Constitucional. La primera de sus demandas fue contra la ley que prohibía la publicidad estatal en los medios de comunicación privados.

El TC la declaró inconstitucional dicha norma “por vulneración del derecho a la libertad de información, a la legalidad penal, a la liberad de contratar con fines lícitos, y por vulnerar la regulación constitucional de los decretos de urgencia”.

MIRA: Las ideas y vueltas del gobierno de Martín Vizcarra bajo análisis

El abogado constitucionalista Javier de Belaunde recordó que dicha norma fue aprobada pese a que diversos órganos especializados, tanto nacionales como internacionales, advirtieron que atentaba contra la libertad de expresión. “Lejos de oír estas opiniones, el Congreso hizo primar esta idea de que son el primer poder del Estado, cuando en verdad no lo son”, exclamó.

Otras dos demandas de este gobierno están aún en trámite en el máximo órgano constitucional, mientras que el proceso contra la norma que suspende el cobro de peajes aún no ha sido iniciado aún.

Las cuatro leyes objetadas constitucionalmente por el gobierno fueron aprobadas por insistencia: tres durante el periodo disuelto 2016-2019 y una en el actual periodo 2020-2021.

Respecto a la norma de los peajes, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Óscar Urviola refirió que el Congreso se ha apresurado en aprobar esta ley que en principio tiene un “viso bastante populista” y es inconstitucional.

“Afecta la garantía contractual amparada en la Constitución, y el derecho de propiedad. Cuando se establece un contrato, se generan deberes y existe un derecho de propiedad sobre esas concesiones, otro aspecto considerado en la Constitución”, dijo a El Comercio.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) solo impulsó una acción de inconstitucionalidad contra el Parlamento, por la Ley 30683, referida a las pensiones para militares y policiales. La demanda fue presentada el 31 de enero del 2018, pero el TC aún no ha emitido sentencia respecto a este caso.

Autodemandas

Ahora bien, el Congreso no solo ha perdido demandas de inconstitucionalidad contra el gobierno. También registra fallos en contra por procesos iniciados por los propios parlamentarios.

En el caso del segundo fallo sobre la normativa referida al transfuguismo, el TC declaró infundada la demanda, siempre que se interprete que no está prohibida la renuncia de los congresistas de las agrupaciones políticas en caso de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas.

En ese sentido, el máximo órgano constitucional determinó que los parlamentarios renunciantes a sus agrupaciones políticas por diferencias de conciencia debidamente fundamentadas, podrán conformar nuevas bancadas, pasar a otros grupos parlamentarios, o formar la bancada mixta. Es decir, declaraba infundada la demanda pero habilitaba la en la práctica la creación de nuevas bancadas, que era el punto de discusión de fondo.

Contrapeso clave

Òscar Urviola recordó que el TC es un organismo autónomo que tiene que ver pesos y contrapesos. “Las circunstancias en las que este nuevo Congreso se ha instalado no le han permitido realizar su trabajo en condiciones normales por la situación de emergencia. Pero eso tampoco es impedimento para que pueda actuar con criterio, teniendo en cuenta el respeto al orden constitucional”, aseveró el extitular del máximo órgano constitucional.

El abogado constitucionalista Javier de Belaunde indicó que parte de la función clave del TC, y su razón de existencia, es controlar las extralimitaciones del poder.

“En el Congreso sigue teniendo peso una idea antigua de que una cosa es la política y otra el derecho. Ellos sienten que en su foro político pueden regular cualquier tema y de cualquier forma. La idea moderna de Constitución es que es una norma con efectos jurídicos, la norma suprema”, afirmó.

En esa línea, De Belaunde sostuvo que el TC es un contrapeso clave para el país en la defensa de la Constitución. “Deberíamos aspirar a que no sean tan burdos los casos, que el Congreso pueda alinear su accionar a un enfoque constitucional”, acotó el abogado.

En los últimos cuatro años, el Congreso ha recibido un total de 27 demandas de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas en el pleno, incluyendo la anunciada por la actual ministra de Economía, María Antonieta Alva, contra la norma que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarios privados.