La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya cuenta con los descargos por escrito de la excanciller Elizabeth Astete, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y el expresidente Martín Vizcarra en torno al caso ‘Vacunagate’. Como se recuerda, los tres exfuncionarios afrontan procedimientos de denuncias constitucionales por haberse vacunado de manera irregular con las dosis extra de Sinopharm.
El grupo de trabajo, presidido por el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), había designado a inicios de mes al legislador Jim Ali Mamani (Nueva Constitución) como delegado de las denuncias por infracción constitucional. Es por ello que Mamani tiene a su cargo la elaboración de un informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas a partir de lo declarado por los denunciados.
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En diálogo con El Comercio, Mamani se refirió al descargo de la excanciller Astete, cuyo contenido fue filtrado por un canal de televisión la noche del jueves. En el documento de Astete, se alude a que el presidente Francisco Sagasti le autorizó la inoculación secreta. El despacho de Presidencia ha rechazado aquella aseveración en un comunicado.
“Nosotros todavía estamos evaluando la noticia de ayer que ha salido y que ha filtrado los descargos, supuestamente de la excanciller. En este momento, no puedo confirmar si es o no, pero ya se adelantó el Ejecutivo a sacar un pronunciamiento para, prácticamente, desmentir a la exministra. Vamos a tener que corroborar. De todas maneras, es gravísimo”, expresó el congresista.
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De acuerdo con Mamani, es posible que el lunes tenga listo el informe de pertinencia de pruebas. Este deberá presentarse ante la Subcomisión para que, con base en las conclusiones, se cite a cada denunciado, además de testigos. Los procesados afrontan una posible inhabilitación para laborar en la Administración Pública por hasta diez años. Esto, por presunto aprovechamiento de sus cargos.
Consultado sobre si podría sugerirse la convocatoria al presidente Francisco Sagasti, Mamani respondió: “En el informe, vamos a determinar los hechos que configuran la infracción constitucional y la pertinencia de la prueba. Ahí es precisamente donde vamos a evaluar si el presidente Sagasti va a ser citado como testigo o si vamos a pedir su declaración con relación a los descargos de la señora Astete”.
Del informe a la audiencia
En comunicación con este Diario, Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión, confirmó que, entre el lunes o el martes de la próxima semana, el grupo deberá contar con el documento del legislador Mamani, a fin de programar una audiencia para los implicados en el ‘Vacunagate’.
“Apenas nosotros tengamos el informe de pertinencia de pruebas y determinación de hechos, en función a la agenda de la Subcomisión, programamos la audiencia. Posteriormente a la audiencia, habrá cinco días útiles para que el congresista delegado procese la información y elabore un informe final. Ese deberá ser sustentado y lo debatiremos en la Subcomisión. De aprobarlo, pasará a la Comisión Permanente del Congreso”, declaró Pérez.
Según explicó el legislador, en caso el informe final sea aprobado por la Comisión Permanente, el último paso es el pleno del Congreso, donde se deberá votar por cada denuncia en el marco de un juicio político.
La noche del jueves, el canal Willax difundió parte de la declaración escrita que Astete había remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ella, señala que el presidente Francisco Sagasti conocía y autorizó su vacunación irregular. Dicha comunicación, según dijo, se produjo el 21 de enero, luego de una sesión de Consejo de Ministros y con presencia de la también exministra Mazzetti.
Como lo señalamos anteriormente, la Presidencia ha rechazado la alusión que Astete hizo con respecto al mandatario. En el mismo sentido, el Gabinete de Ministros, que preside Violeta Bermúdez, circuló un pronunciamiento en el que califica de “falsas” las aseveraciones de la excanciller. “No hubo sesión, ordinaria ni extraordinaria, del Consejo de Ministros”, se recalcó sobre la fecha señalada.
Por su parte, el actual canciller Allan Wagner cuestionó la nueva declaración de Astete, al considerar que en su carta de renuncia nunca dio señales de un permiso o conocimiento del presidente. “A mí me llama la atención que en la carta de renuncia que ella presenta señala que cometió un grave error y ahora dice que lo hizo autorizada por el presidente y ahí encuentro una contradicción”, aseveró en Latina.
En paralelo a las denuncias constitucionales, sobre Astete también corre una investigación preliminar de la fiscal de la Nación por los presuntos delitos de concusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. De determinarse su responsabilidad penal, podría imponérsele hasta ocho años de pena privativa de la libertad. Las indagaciones también incluyen a Martín Vizcarra y Pilar Mazzetti.
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