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El Congreso dio el primer paso para inhabilitar por diez años para ejercer un cargo público al suspendido legislador Freddy Díaz Monago, quien fue denunciado por violación a una trabajadora de su despacho, a fines de julio pasado. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó esta mañana el informe final con esa recomendación.
El acuerdo debe ser ratificado por la Comisión Permanente y luego por el pleno del Congreso. Además, se deberá nombrar a los delegados que sustenten la acusación.
Freddy Díaz -quien tras conocerse la denuncia fue expulsado de Alianza para el Progreso y además investigado por la fiscalía- sería acusado por la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución.
Suspendido por 120 días
El 9 de setiembre, el Congreso de la República publicó la resolución de suspensión por 120 días a Freddy Díaz.
La sanción, aprobada por la Comisión de Ética, incluía además el descuento de sus haberes por ese mismo periodo.
Las denuncias constitucionales fueron presentadas por los congresistas Patricia Chirinos y Adriana Tudela, de Avanza País; Edward Málaga (No Agrupado), así como Flor Pablo, Kira Alcarraz y Susel Paredes, de Integridad y Democracia, y Ruth Luque Ibarra (Cambio Democrático).
El encargado de elaborar el informe final fue el congresista Luis Aragón Carreño (Acción Popular), delegado de las denuncias.
El 3 de diciembre, los abogados Katty Cachay Carmelo, Llissett Garrido Ortiz y Christian Rubina Arenas renunciaron a la defensa de Freddy Díaz ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento y la Fiscalía Suprema.
